CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los Estados Unidos contra la empresa Petróleos de Venezuela por delitos de corrupción y lavado de dinero provenientes de la industria criminal.
Por Maibort Petit/Venezuela al Día
La demanda civil interpuesta en una corte federal de Miami por un fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, creado por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP en Nueva York (dos de sus abogados en la gráfica), y que busca encausar a más de 40 personas naturales y jurídicas por presuntos delitos de corrupción en la estatal petrolera, ha generado preocupación entre la comunidad venezolana residenciada en el Sur de la Florida. Esta acción legal fue dada a conocer el 5 de marzo de 2018. Se supo a través de una decisión de un juez, que el documento original de esta causa -que permanecía sellado- fue enmendado por el demandante y que “la nueva versión de la querella tiene una gran probabilidad de éxito contra los acusados”.
La demanda busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal durante la conspiración que alcanza 14 años.
De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.
Dudas de algunos venezolanos
“Una de las preguntas que surgieron en relación a este litigio fue la naturaleza del fondo de fideicomiso y el beneficiario del mismo, ya que hasta ahora no se han dado a conocer las pruebas que confirmen que la acción legal fue emprendida por PDVSA. De hecho, una lectura del documento deja dudas sobre quién es el querellante”, asegura el economista y empresario, Federico Alves, quien además señala que “existe ambigüedad en el recurso cuyo fondo tiene previsto investigar a través de los órganos competentes para tal fin. Mi posición es que en el documento no dice que PDVSA es parte querellante, por ello debe haber una acción por parte de la comunidad venezolana exiliada para formar parte de la demanda y de los posibles beneficios”, acotó.
Alves aseguró que no podría aceptarse un escenario en el cual los abogados de la firma Boies puedan obtener como lucro sumas millonarias en dólares de unos recursos robados al erario público de Venezuela y que pertenece a los venezolanos. “Esto luce como otra estafa más y por ello hay que investigar al fondo el fideicomiso recién creado para este proceso en particular”.
Alves señaló que emprenderá acciones y solicitará a la corte -este lunes 12 de marzo de 2018- un Amicus curiae, que es un recurso utilizado por terceros -ajenos a un litigio- que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
La información proporcionada en un Amicus curiae puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.
Alves quiere que se determine con certeza quiénes son los que están detrás de la querella que podría recuperar billones de dólares. “La idea es que esos recursos puedan ser usados para atender las enormes necesidades de las víctimas del régimen de Maduro”, dijo el empresario quien trabaja voluntariamente en beneficio de los exiliados venezolanos en el exterior.
Por su parte, el abogado criminalista, Carlos Pérez dijo que de no existir una relación real entre PDVSA y el fideicomiso debe actuarse rápidamente, porque “se podría estar frente a una usurpación de identidad, lo cual sin duda constituye un delito federal”. No obstante, admitió que en la evidencias que soportan la querella debe estar el documento del constitución del fondo y el mandato de PDVSA.
Boies aclara
Las dudas sobre este aspecto fueron disipadas en una entrevista hecha por el periodista Steve Bodzin al jefe de la firma de abogados que lleva a la demanda, Davis Boies, publicada en REDD LATAM. En las declaraciones, el jurista aseguró que PDVSA US Litigation Trust tiene “vida propia” y que dicho mandato fue constituido por PDVSA. En la misma declaración, Boies dijo que “el fideicomiso está -en efecto- presentando el caso en nombre de PDVSA”.
Boies dijo a Bodzin que “los actuales gerentes de PDVSA no podrán parar el proceso iniciado por el fideicomiso porque solamente el fideicomiso como tal puede terminar o llegar a un arreglo en esta acción legal”. El abogado aseguró que buscan una compensación por “10 billones de dólares más el pago triple por daños sobre algunos de los reclamos, incluyendo aquellos que alegan conducta de crimen organizado de los acusados”. Asimismo, afirmó que “el beneficiario de este caso -si hay alguna ganancia- será PDVSA Casa Matriz en Caracas y que el fideicomiso recogerá el dinero y lo mantendrá en custodia para ser entregado a PDVSA”.
Un dato interesante que suministró Boies a Bodzin es que ninguno de los acreedores de PDVSA puede intentar cobrar sus deudas a través del fideicomiso porque “es una entidad legal que tiene la capacidad de mantener los fondos en su custodia”. Esto indica que el fondo se creo en función de proteger los dineros recaudados en la querella de las múltiples acciones legales que existen contra PDVSA en los Estados Unidos por deudas y pagos caídos, incluyendo a los tenedores de bonos soberanos y de PDVSA.
Ante la posibilidad que haya un ganador en el litigio, el beneficiario éste tendrá que esperar que las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra el régimen de Venezuela sean derogadas para apoderarse de los fondos, lo cual se produciría solamente cuando haya un cambio político en el país, según lo advirtió la administración Trump en recientes declaraciones.
Rumores de venganza
Una vez se conoció la existencia de la demanda, varias fuentes señalaron que la acción respondía a una vieja venganza por asuntos no zanjados entre el empresario Wilmer Ruperti y uno de los principales demandados Francisco Morillo, quienes se conocen desde hace más de dos décadas, y entre quienes hubo una estrecha relación que condujo que Morillo ocupara posiciones privilegiadas en Trafigure de Venezuela, (una de las casas comerciales y de logística independientes más importantes del mundo que en 2017 logró ganancias por más de 136.4 billones de dólares), de la cual Ruperti era representante en la época.
Según la fuente, Francisco Morillo -quien posee nacionalidad venezolana y francesa- tenía 26 años cuando empezó a trabajar con Ruperti. Para ese entonces, Morillo lograba una cantidad de negocios importantes en el área petrolera y de energía para Trafigura que lo retribuía con un porcentaje de los montos ganados en la negociación, pero no lo suficientemente altos para mantener al operador satisfecho. Las diferencias entre Ruperti y Morillo por los porcentajes que aspiraba ganar el hoy demandado fue la aparente razón por la cual se produjo la ruptura de la relación comercial y de amistad y que conllevó una dura pelea que se mantiene hasta el presente.
Tras romper con Ruperti, Morillo empezó su propio negocio. Según la demanda civil, Morillo creo un supuesto esquema de corrupción en el que logró incorporar a varias trasnacionales de energía y a través del cual los participantes consiguieron presuntamente ganar enormes dividendos a a costa de las pérdidas de la petrolera venezolana.
Los analistas que sostienen que Wilmer Ruperti estaría detrás de esta acción civil del fideicomiso de PDVSA contra más de 40 demandados se basan en cuatro aspectos: 1) La vieja y dura pelea entre Ruperti y Morillo; 2) La relación de la esposa de Morillo, Vanessa Acosta Friedman con Ruperti -tras haber formado parte del entorno del empresario chavista por algunos años; 3) la relación de Ruperti con el escritorio jurídico Boies Schiller Flexner LLP y 4) la estrecha relación que existe entre Ruperti y la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro.
Esta tesis no se ha logrado confirmar.
La testigo estrella
En el recurso enmendado se lee que la esposa de Morillo, Vanessa Acosta Friedman jugó un papel importante para que se conociera la trama. Acosta Friedman documentó los negocios ilegales de su exmarido con pruebas fehacientes obtenidas de la computadora de Morillo, cuyo disco duro -al parecer- fue copiado por la mujer.
Acosta Friedman estuvo casada con Morillo desde 2005 hasta el 2012, cuando se concluyó legalmente la unión matrimonial. En la prensa local se informaba que había grandes diferencias políticas entre la pareja. Morillo era un hombre cercano al gobierno de Hugo Chávez y Maduro, mientras que Acosta Friedman era opositora. El 30 de Julio de 2012 la pareja se divorció formalmente. Entre los alegatos presentados, Acosta Friedman acusó a Morillo de ser un hombre violento, a tales extremos que en 2010, la mujer interpuso una acción legal contra Morillo por los delitos de violencia física y violencia psicológica, según consta en el caso Nro. CA-877-10 VCM del tribunal de la causa en Caracas.
En reciente entrevista al diario El Nuevo Herald, Acosta Friedman fue más allá en sus acusaciones y aseguró que Morillo además de violento, estaría vinculado presuntamente a delitos de narcotráfico.
Una fuente vinculada al caso y que declaró en condición de anonimato aseguró que la ex-esposa de Morillo -quien tiene la ciudadanía estadounidense- se presentó en Miami con las evidencias que probaban la participación de su ex-conjugue en un presunto esquema de corrupción que implicaba a varios funcionarios de PDVSA y a una serie de empresas transnacionales, algunas de las cuales tienen sede en los Estados Unidos de América. Acosta Friedman ofreció en venta el paquete de información privilegiada a varias personas, incluyendo a Wilmer Ruperti y hasta intermediarios del gobierno norteamericano.
El valor probatorio de las evidencias extraídas del computador de Morillo sirvieron para que la investigación de realizará y se concretara una acción legal que podría arrojar ganancias multimillonarias. Ahora, Acosta Friedman será testigo “estrella” en el juicio que se realizará si no se llega a un acuerdo satisfactorio entre las partes.
El vicepresidente
El la demanda civil contra los dos ex-contratistas de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero y otros acusados de haber participado en el presunto esquema de corrupción, aparece mencionado como recibidor de coimas el actual vicepresidente ejecutivo de Comercialización de PDVSA, Ysmel Serrano, quien es uno de los hombres más cercanos del actual vicepresidente de la república, Tareck El Aissami.
Vale la pena aclarar que Serrano no forma parte de los individuos acusados en la demanda sino que es únicamente mencionado entre el grupo de empleados que supuestamente fueron sobornados por los acusados. Hasta el cierre de esta nota Serrano ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de comercialización de Pdvsa.
Entre los aspectos que llaman la atención sobre este funcionario está el hecho que el mismo fue designado -brevemente- presidente de PDVSA por el vicepresidente El Aissami a mediados del mes de febrero. Dicha decisión fue revocada por el presidente Nicolás Maduro casi de inmediato con una orden de ratificación en el cargo del general Manuel Quevedo.
Fuentes asegura que existe una pelea por el poder entre El Aissami y el general Quevedo, la cual se agudizó en la tercera semana de febrero cuando agentes del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (SEBIN) arrestaron a otros hombres cercanos al actual vicepresidente de la república, entre ellos, Raúl Antonio Ojeda Rondón quien se desempeñaba como presidente de la CVP.
Tras la pelea y los arresto de los aliados de El Aissami, Ysmel Serrano estuvo ausente de su despacho por una semana y se reincorporó a sus actividades como vicepresidente de Comercialización el mismo día que se dio a conocer la demanda civil de PDVSA US Litigation Trust en Miami. Fuentes informaron que desde el jueves 8 de marzo la comunicación entre Serrano y Quevedo está limitada a los asuntos relacionados con el trabajo.
Cortina de humo o mera coincidencia
Resulta interesante que esta querella fuera dada a conocer en la misma semana que fuentes confidenciales habían anunciado que estallaría un enorme caso criminal que involucra a varios funcionarios y operadores financieros ligados al gobierno de Venezuela y que es el resultado de una larga investigación federal sobre corrupción masiva y lavado de dinero que -por los montos- superaría con creces el caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato en Brasil.
Algunas fuentes se extrañaron que la acción civil objeto de esta nota periodística y que como dijimos fue interpuesta por el fondo de fideicomiso de PDVSA, se filtrara a la prensa un día antes de estallar el escándalo de corrupción y blanqueo masivo de capitales que incluye a varios operadores financieros y funcionarios chavistas y que hasta ahora tiene a un muy importante testigo estrella.
En el ambiente judicial las especulaciones sobre este asunto están en su nivel más alto.
El caso
En la presentación de la querella se lee que los acusados supuestamente usaron mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr ocultar el esquema de corrupción por más de 14 años. Sin embargo, como resultado de una investigación intensiva por parte de abogados e investigadores en los Estados Unidos, Venezuela y Europa se logró descubrir la naturaleza criminal de los acusados. Igual se señala que PDVSA US Litigation Trust se formó el 27 de julio de 2017 con el objetivo específico, entre otras cosas, de la recuperación de los activos que se recobren de la acción judicial.
El litigio dice que uno de los investigadores que participó en la averiguación de la conspiración fue John Brennan, jefe ejecutivo de Brennan Group LLC con sede en New Scotland Yard.
El juez federal del estado de la Florida, Darrin P. Gayles levantó el sello que mantenía oculta esta demanda civil contra más de 40 acusados. La querella enmendada sostiene que los demandados pusieron en marcha un plan desde el año 2004, que les permitió ganar billones de dólares que significaron pérdidas enormes para Petróleos de Venezuela.
Según los documentos legales, los acusados constituyeron un esquema para fijar precios, licitar ofertas y eliminar la competencia, así como también para robar información clasificada de la petrolera mediante la clonación de los servidores de la compañía. Los principales acusados son dos ex contratistas de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero quienes habrían unido esfuerzo con empresas e individuos para desfalcar a la empresa petrolera a través de prácticas corruptas. En la querella aparecen 19 cargos contra los demandados que son los siguientes:
Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G, Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy(Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC, Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, María Fernanda Rodríguez,Helsinge Holding LLC, Helsinge INC, Helsinge LTD, Saint-Helier, Waltrop Consultant C.A, Godelheim INC¿ Hornberg INC, Societe Doberam N, S.A, Scorte Hedisson S.A, Scorte Hellin S.A, Glencore de Venezuela C.A, Jehu Holding INC, Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca, Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega, Antonio Maarraoui, Campo Elias Páez, Paul Rosado, BAC Florida Bank (propiedad del empresario nicaragüense Carlos Pellas Chamorro), EFG International A.G y Blue International Bank (Propiedad del banquero venezolano Nelson Mezerhane).
La conspiración
En mayo de 2001, los acusados Morillo y Baquero crearon una compañía en Venezuela denominada Waltrop Consultant con el objetivo de prestar servicio de inteligencia al mercado de energía, pero especialmente, a PDVSA.
Según la querella, en el año 2004, Morillo y Baquero establecieron en Panamá la empresa consultora, Helsinge Inc., que poseía sucursales en Miami, Ginebra y la isla británica de Jersey. Los abogados señalan en la demanda que dicha firma fue el vehículo por el cual algunos de los principales clientes y proveedores de PDVSA lograron conocer en primera línea información privilegiada sobre las licitaciones de PDVSA para la venta de sus exportaciones de petróleo, al igual que la compra productos para refinar hidrocarburos con el que Venezuela refina su crudo pesado.
En más de 60 páginas, la parte acusadora relata que Morillo y Baquero contrataron a un experto IT de Pdvsa, Luis Liendo (alias el Nerd) quien fue trasladado a Miami para realizar la clonación del servidor de PDVSA en unas computadoras pertenecientes a los acusados. Con ese procedimiento se le daría acceso en tiempo real a los contratistas y sus clientes, que conocerían antes que otros competidores, la información de las licitaciones.
Las empresas de energía a las que le entregaron el acceso a la data clasificada de PDVSA y que participaron en el esquema de corrupción pagando una cuota mensual y sobornos incluyen:
(1)Lukoil Pan Americas LLC;
(2)Lukoil Petroleum Ltd.;
(3)Colonial Oi1 lndustries,Inc.;
(4)Colonial Group,lnc.,
(5)Glencore Ltd.’
(6)Glencore Intemational, A.G.;(
7) Glencore Energy U.K Ltd
(8 ) Masefield A .G.;
9 ) Trafigura A .G.;
(10 ) Trafigura Trading LLC
(11)Trafigura Beheer B.V.;
(12)Vitol Energy (Bermudas) Ltd.;
(13)Vitol S.A.
(14)Vitol, lnc.
Trafigura Trading LLC tenía como ejecutivos senior a Maximiliano Poveda, José Larocca y Andrew Summers.
Glencore tenía como ejecutivos a Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón y Sergio de La Vega.
Vitol (Latinoamérica y el Caribe), Antonio Maarraoui
Colonial Group, Paul Rosado
Helsinge y las compañías que pagaban sobornos usaron los siguientes bancos:
BAC Florida Bank, Blue Bank International N.V (Curazao), EFG International A.G (Florida), Credit Suisse(Suiza).
Los funcionarios de PDVSA que recibieron sobornos según la demanda son: Rene Hecker, Gerente de Negocios del Departamento de Comercialización en 2013, Marco Malavé, jefe del Departamento de Comercialización (2012-2017), Edgar García un gerente comercial en PDVSA, carga y transporte en 2008 e Ysmel Serrano, vice presidente de Comercialización de PDVSA.
La mencionada firma no estaba autorizada para contratar directamente con la petrolera venezolana, por lo que trabajaba con terceros para lograr su cometido. Dice la demanda que los acusados cobraban mensualmente a las empresas que participaron en la conspiración entre 15 mil y 150 mil dólares, aunado a un porcentaje por barril de petróleo o del producto que iban por el orden de $0.22.
Decide el juez
Tras el levantamiento del sello, el tribunal acordó en una audiencia celebrada el 5 de marzo de 2018, la primera decisión sobre el caso que solicitaba una Orden de Restricción Temporal y la Orden Preliminar Judicial y de Servicio Retrasado.
Un documento señala que la corte “revisó la Moción y escuchó los argumentos de las partes y acordó aprobar una parte y negar algunos aspectos de la solicitud”.
La corte explica que para obtener una orden de restricción temporal, un solicitante debe demostrar: “(1) una probabilidad sustancial de éxito en cuanto al fondo; (2) que se sufrirá un daño irreparable si no se concede la reparación; (3) que la lesión amenazada es mayor que el daño que el alivio infligiría al no movante; y (4) que la entrada del alivio serviría al interés público.
Según la moción “existe un alto riesgo que los demandados destruirán o transferirán registros electrónicos y segregarán activos, lo que frustrará la capacidad del Demandante de obtener el máximo alivio que busca”.
El demandante pide lo siguiente:
(1) la confiscación de todos los dispositivos electrónicos y registros de seis ubicaciones en Miami, con la ayuda de la policía;
(2) una congelación de activos; y
(3) una orden de preservar documentos.
El Tribunal determinó que PDVSA US Litigation Trust no cumplió con su obligación de demostrar que la incautación o congelación de activos está garantizada.
El documento explica que la parte demandante busca una orden del tribunal “que permita la incautación inmediata de copia, imágenes, descarga y / o clonación de los registros electrónicos y en papel de los Demandados que contengan información robada de PDVSA y que evidencia la [presunta] conspiración criminal.
El demandante solicitó al tribunal que emita una orden de embargo que cubra todas las computadoras, servidores, discos duros, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, registros, datos, información y medios electrónicos de toda clase de los demandados de seis ubicaciones diferentes en Miami.
En relación a la petición de congelar los bienes de los demandados, incluyendo una orden que impida que los acusados y los bancos a través de los cuales canalizaron los fondos, transferir o disipar cualquier activo bajo su control en los EE. UU. y en el extranjero, el juez advirtió que dicha solicitud es “demasiado amplia y el Tribunal no está dispuesto a autorizarla y a obligar a las fuerzas del orden público a ayudar en la tarea”.
La moción alega que los activos en cuestión son pagos realizados por terceros a los demandados del Grupo Morillo en cumplimiento de un plan para estafar al demandante. En ese sentido, el juez aseguró que una congelación de activos éstas circunstancias no están justificadas.
El demandante también pidió la conservación de la prueba, por ello buscaron una orden judicial “que impida a los acusados destruyan registros relacionados con sus negocios o con PDVSA”. Esta parte de la moción fue aprobada por el juez debido a que consideró “verdaderos los hechos alegados en la Demanda Modificada y que el Demandante tiene una gran probabilidad de éxito contra estos acusados”.
El juez ordenó a los demandados: Francisco Morillo; Leonardo Baquero; Daniel Lutz; Luis Liendo; John Ryan; Helsinge Holdings, LLC;
Helsinge, Inc .; Helsinge Ltd. Saint-Hélier; Waltrop Consultants, C.A .; Godelheim, Inc .; Hornberg, Inc .; Societe Doberan, S.A .; Société Hedisson, S.A .; Societe Hellin, S.A .; Glencore de Venezuela, C.A. y Jehu Holding, Inc. (en adelante, “Demandados del Grupo Morillo”), a sus funcionarios, agentes, empleados y cualquier persona en concierto activo o participación con ellos quedan temporalmente restringidos y se les ordena que no pueden eliminen, alienen, destruyan, alterando, ocultando, mutilando, borrando, ocultando, transfiriendo o de lo contrario eliminando cualquiera de sus registros, documentos, comunicaciones o notas, ya sea en forma electrónica o impresa, en relación con a. Petróleos de Venezuela S.A. (“PDSVA”).
El juez ordenó además que deben mantenerse intactos los activos o las finanzas de los demandados del Grupo Morillo; cualquier negocio operado por los acusados o cualquier negocio operado por cualquier otra persona relacionado con la compra, venta, transferencia, transporte o adquisición de cualquier producto o subproducto de petróleo, aditivos o productos o materiales relacionados con la producción de productos derivados del petróleo, pendiente de la entrada de una orden en la moción del Demandante para una orden judicial preliminar en este documento.
El magistrado ordenó a la parte acusadora depositar una fianza o un cheque certificado o de caja por la cantidad de $ 10,000.00, dentro de los cinco (5) días siguientes a la Orden, como garantía del pago de daños y perjuicios a los que puedan tener derecho los Demandados del Grupo Morillo por mandato injusto o restricción.
El demandante deberá entregar esta Orden y los documentos en los que se concede a todos los Demandados dentro de los siete (7) días posteriores a la presentación de esta Orden.
Los Demandados tendrán hasta el 16 de marzo de 2018 para presentar y entregar los documentos que respondan a la moción del Demandante.
Gayles dijo que se celebrará una audiencia sobre la petición del Demandante para un Interdicto Preliminar el 19 de marzo de 2018 a las 9:30 a.m.
