CCD Los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y el expresidente de la patronal peruana Ricardo Briceño no podrán salir de Perú en seis meses mientras los investigan por supuestamente recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencia de Keiko Fujimori.
El juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aprobó en la madrugada de hoy la prohibición de salida del país solicitado por el fiscal José Domingo Pérez, en una audiencia que se prolongó durante alrededor de seis horas.
Los dos exministros y el empresario están imputados dentro del presunto delito de lavado de activos por el que investigan al partido fujimorista Fuerza Popular, al supuestamente recibir 1,2 millones de dólares para financiar de manera irregular la candidatura a la Presidencia de Perú de Keiko Fujimori en 2011.
Según el testimonio del exdirector de Odebrecht en Perú, Yoshiyama y Bedoya recibieron 500.000 dólares cada uno, mientras que Briceño acopió 200.000 dólares de Odebrecht cuando era presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
El magistrado Concepción argumentó su decisión en que el riesgo de fuga que existe para los tres investigados, está en que «pueden salir del país y no regresar».
Yoshiyama negó haber cometido delito alguno y dijo que no recibió dinero de Barata. «Yo no me voy a correr», señaló tras indicar que su presencia en el juzgado era para defender su honorabilidad.
Bedoya rechazó que haya intentado escapar del país el pasado mes de febrero cuando viajó a Estados Unidos, justo dos días antes de la declaración de Barata, y argumentó que se trataba de un paseo familiar preparado con antelación.
Por su parte, el abogado de Briceño descartó vínculos de su defendido con el fujimorismo e indicó que él colaboró con aportes al Partido Peruano por el Kambio (PPK), del actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
El empresario adelantó que la Confiep entregará a las autoridades toda la documentación de los 200.000 dólares recibidos de Odebrecht, que según la patronal eran para una campaña a favor de la inversión privada que consideraban amenazada con el programa político del entonces candidato presidencial Ollanta Humala, rival de Keiko Fujimori en los comicios de 2011.
Los abogados de los tres investigados anticiparon que apelarán la medida dictada por el juez Concepción al no estar de acuerdo con ella.
El caso Odebrecht implica en Perú a la primera plana política del país por los sobornos pagados entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares con las que supuestamente financiaron campañas de los principales líderes políticos y candidatos a la Presidencia.
