CCD | El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará este martes una nueva encrucijada judicial, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) examine un pedido de habeas corpus para evitar su eventual arresto por una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción.
El STJ tiene la palabra final en todos los litigios civiles y criminales que no involucren cuestiones constitucionales y su decisión puede ser determinante para saber si Lula será detenido o si puede seguir recurriendo en libertad cuando agote los recursos de segunda instancia. Con 72 años y favorito para ganar las elecciones de octubre, la figura central de la izquierda brasileña fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.
La defensa del exmandatario (2003-2010) apeló, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.
Por su parte, el Ministerio Público Federal recomendó el lunes por la noche mantener la pena impuesta y pidió que una vez juzgado el recurso en la segunda instancia, la decisión sea transmitida a la primera instancia “para el inmediato inicio del cumplimiento de la pena”. Con el reloj en contra, los abogados de Lula apelaron ante el TRF4 y cursaron el habeas corpus preventivo al STJ, que será debatido este martes por los cinco magistrados del área penal de esa corte.
Si escogieran seguir la misma línea de su colega del STJ, el juez Humberto Martins, quien en enero lo denegó antes de enviarlo al plenario para una decisión colegiada, solo quedará saber cuándo finaliza la apelación en el TRF4 para saber si Lula va preso. El exlíder sindical admitió que piensa “todos los días” en la posibilidad de ir a la cárcel, pese a proclamarse inocente de todos los cargos que se le imputan en los siete procesos penales que enfrenta en Brasil.
“Si me condenaran y me encarcelaran, estarían condenando a un inocente. Eso tiene un precio histórico. Si quieren tomar esa decisión, tendrán que cargar con la responsabilidad de lo que ocurra en este país”, añadió, en una entrevista concedida la semana pasada a la AFP. Descartó sin embargo actos de violencia. “Vamos a disputar democráticamente la elección. Este país no tiene cultura de violencia en el proceso electoral”.
La decisión de este martes estará limitada al habeas corpus y no bloqueará otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), que se encarga de posibles violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que Lula se postule a las elecciones de octubre, por tener una condena ratificada en segunda instancia. AFP
