CCD El denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado entre otros por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora de Nicaragua, pidió hoy al Ministerio Público que acuse por corrupción al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.
Un grupo de dirigentes del FAD, un movimiento que no tiene personalidad jurídica, se presentó este miércoles en las oficinas del Ministerio Público para interponer denuncia contra Rivas por los delitos de fraude y lavado de dinero.
La denuncia fue fundamentada en hechos relatados e investigados por periodistas nicaragüenses y de otros países, que según la oposición al Gobierno de Daniel Ortega, demuestran que el titular del Consejo, mediante diversas modalidades y con facturas falsas, había sustraído una suma de 407 millones de córdobas (13,1 millones de dólares) de los fondos de la institución.
También que entre 1981 y 2000, Rivas, como director de la organización no gubernamental Comisión de Promoción Arquidiocesana, introdujo en Nicaragua bienes exonerados de impuestos para ser vendidos a particulares, incluyendo unos 2.500 vehículos, lo que transgredió las normas establecidas al efecto para este tipo de exoneraciones.
Además, que la sociedad Chilibú del Oeste, constituida por Rivas, quien fungía como su presidente, era dueña de un complejo habitacional de cuatro residencias, de unos 3.514 metros cuadrados, en el exclusivo Eco Residencial Villa Real de Santa Ana, en San José, valorado en más de tres millones de dólares.
Asimismo, que entre 2007 y 2009 Rivas adquirió dos jet privados por un monto no menor de 2,3 millones de dólares para su uso familiar.
También que la esposa e hija del magistrado Rivas introdujeron al país, libres de impuestos, seis vehículos, cuyo precio era de 5,1 millones de dólares, entre otros.
Además de su casa en Managua y de propiedades en Costa Rica, se conoció por investigaciones de la revista «Confidencial» de una propiedad ubicada en la Calle Machaquito 3 en Conde Orgaz, una lujosa zona residencial de Madrid, en España.
«Se trata de un inmueble de unos 1.545 metros cuadrados valorado en nueve millones de euros (10,9 millones de dólares). La propiedad está registrada a nombre de la empresa Inversiones Generales Stinro, SL, propiedad de la familia Rivas Delgado», indicó el FAD en su escrito.
En su denuncia, refieren que en la actualidad Rivas percibe un salario anual no mayor de 60.000 dólares y, aunque es propietario de una finca cafetalera, «ninguno de esos ingresos percibidos son suficientes para justificar esa relación de activos conocidos públicamente».
Los denunciantes acusan además a Rivas de haber realizado seis fraudes electorales a favor del presidente Daniel Ortega y su partido, «que les ha permitido control total de la institucionalidad el país y la ruptura del orden democrático».
La denuncia recuerda que Nicaragua es suscriptora de la Convención de Viena de 1988, que obliga a los Estados parte a tipificar de una manera uniforme el delito de lavado de activos procedentes tanto de actividades de narcotráfico, como de otras del crimen organizado trasnacional y la corrupción.
El presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua fue sancionado en diciembre pasado por Estados Unidos por actos de «corrupción significativa» y «graves violaciones a los derechos humanos».
Estados Unidos incluyó a Rivas entre un grupo de funcionarios, empresarios y compañías de todo el mundo a quienes se les cerró el acceso al sistema financiero de dicho país, al tiempo que se decretaba la congelación de sus activos «por los atroces actos cometidos», informó EFE.
