CCD Tenedores de bonos venezolanos que invirtieron miles de millones de dólares y ahora aguardan meses por el pago de intereses han formado al menos un comité de bonistas que busca contratar a un asesor financiero, dijeron casi media docena de fuentes familiarizadas con el asunto, reseñó Reuters.
Los inversionistas comienzan a organizarse para una posible batalla legal por el persistente retraso del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en cancelar compromisos asumidos al emitir unos 50.000 millones de dólares en bonos que están en circulación, en un esfuerzo por ahorrar divisas para la hundida economía que vive por primera vez una hiperinflación.
Los tenedores han tardado en iniciar algún litigio por los incumplimientos de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA desde finales de 2017, en parte porque Maduro no ha dado señales de avanzar en las reformas necesarias para reflotar la economía, algo indispensable para ir a una negociación de deuda posterior.
Un comité se reunió recientemente en Londres y también tendrá un encuentro esta semana en Washington, posiblemente el miércoles, dijeron la mayoría de las fuentes consultadas que solicitaron el anonimato por la confidencialidad del caso.
“Claramente la situación es insostenible”, dijo un inversionista conocedor del caso. “Venezuela está en una situación en la que algo se quebrará de una manera u otra”.
Los acreedores “quieren estar listos para ser parte de la solución”, agregó la fuente.
Otra fuente adelantó que el banco de inversión Houlihan Lockey es el favorito para el puesto de asesor financiero que los acreedores reunidos en uno de esos comités discuten elegir, pero la decisión aún no es definitiva.
Houlihan Lockey no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Por su parte, otro de los consultados apuntó a que varios grupos de acreedores habían creado al menos otro comité, diferente al que está cerca de nombrar a un consejero.
La formación de esos grupos de trabajo y el nombramiento de al menos una firma asesora podrían indicar que los inversores están uniendo fuerzas para una eventual disputa legal contra Venezuela.
Cualquier acción abriría un litigio judicial internacional similar al que por 15 años mantuvo el Gobierno argentino con sus acreedores, tras incumplir con el pago de su deuda soberana a principios de 2002.
El Gobierno de Mauricio Macri terminó por pactar un acuerdo con los tenedores que rechazaron reestructurar sus bonos en procesos previos.
Las fuentes dijeron que es poco probable que ocurra una ofensiva hasta después de las elecciones presidenciales en Venezuela, adelantadas para el 20 de mayo, en las que Maduro podría conseguir ser reelegido, una vez que la coalición de partidos opositores se retiró de la contienda denunciando la falta de condiciones imparciales y transparentes.
“Creo que la idea es estar preparados para lo que sea que venga después de las elecciones”, dijo una de las fuentes al hablar sobre la reunión en Washington. “Es mejor compartir información”.
Él y otras fuentes aseguraron que es posible que varios fondos de inversión, incluidos los que suelen asumir una actitud más agresiva hacia Venezuela, puedan eventualmente unirse a esos grupos donde por ahora son mayoría los inversionistas institucionales.
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