CCD El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha aprobado este martes la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, de continuar el proceso judicial por presunta corrupción contra el presidente del país, Nicolás Maduro.
«La iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia legítimo para enjuiciar a Nicolás Maduro por corrupción, hoy refrenado por la Asamblea Nacional, es un paso adelante en el proceso de castigar a los culpables de haber montado una dictadura anclada en la impunidad», ha indicado Almagro a través de su cuenta en Twitter.
La votación, que se ha saldado con 105 votos a favor y dos en contra, ha tenido lugar durante una sesión para valorar si autorizar la continuación del proceso contra el mandatario en el marco del escándalo Odebrecht, según ha informado el diario local ‘El Universal’.
El diputado opositor y expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup ha destacado que la decisión «tiene rango de ley orgánica» y que «no hay forma de que puedan interponerse en la eventual aprobación de este proceso».
Antes de la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, ha denunciado que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el acceso a las instalaciones a los medios de comunicación.
Bajo las leyes venezolanas, era necesario contar con el aval de la Asamblea Nacional para continuar con el proceso judicial, que fue aprobado a inicios de esta semana en Colombia en una sesión especial del llamado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.
Según el documento aprobado, que contendría pruebas de las acusaciones presentadas por la exfiscal Luisa Ortega, «existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue al ciudadano Nicolás Maduro Moros», tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.
Es poco probable que un eventual fallo por parte de los magistrados en el exilio tenga algún efecto legal, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia en funciones, cuyos integrantes responden a intereses del Gobierno según la oposición, ha rechazado todos los actos, decretos y documentos aprobados por la Asamblea Nacional.
El máximo tribunal del país, designado pocos días antes de asumir el nuevo Parlamento de mayoría opositora, declara nulas todas las decisiones del poder legislativo tras considerar que está en «desacato», agudizando las tensiones entre los poderes en Venezuela.
La Asamblea Nacional ya había aprobado en 2016 iniciar un juicio político contra el presidente bajo acusaciones de violar el orden constitucional, pero el proceso no prosperó.
