CCD | El 5 de marzo se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales petroleras y a un grupo de personas por 10 billones de dólares en una corte de EEUU por medio de un fideicomiso denominado Pdvsa US Litigation Trust. Sostiene la petrolera que, a través de un entramado fraudulento coordinado por el venezolano Francisco Morillo, se habría clonado el sistema informático de PDVSA para robar más de 5.000 millones de dólares.
La demanda contra 7 grandes trasnacionales del petróleo que incluye a Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy y 15 personas (Morillo y su grupo, así como varios directivos de las petroleras), ha estado rodeada de misterios y dudas desde un principio.
La Asamblea Nacional ha declarado ilegal el procedimiento por haberse hecho a espaldas del parlamento que debió haber aprobado la creación del fideicomiso que adelanta la demanda en nombre de PDVSA en EEUU, cuyo agente operador es Boies, Schiller & Flexner, el mismo bufete que representó a los sobrinos de Cilia Flores, condenados por narcotráfico y pagado por el controversial contratista de PDVSA, Wilmer Ruperti.
Otro de los aspectos incomprensibles del caso es que PDVSA demande a los supuestos responsables del fraude y sus cómplices y no a los altos funcionarios que habrían recibido los sobornos para permitir la defraudación: Rene Hecker, Gerente de Negocios del Departamento de Comercialización en 2013, Marco Malavé, jefe del Departamento de Comercialización (2012-2017), Edgar García un gerente comercial en PDVSA, carga y transporte en 2008 y muy especialmente, Ysmel Serrano, vice presidente de Comercialización de PDVSA, que se encuentra actualmente en el cargo a pesar de la grave acusación que figura en su contra en el texto de la demanda, donde se le menciona como receptor de sobornos pero no se le acusa (en la gráfica con Tareck El Aissami, ex compañero de estudios en la ULA, y Nicolás Maduro).
Estas son los demandados:
DEMANDADOS DEL GRUPO MORILLO: Francisco Morillo; Leonardo Baquero; Daniel Lutz; Luis Liendo; John Ryan.
EMPRESAS DEMANDADAS : Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G, Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.
EJECUTIVOS DE EMPRESAS DEMANDADOS: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paul Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez, Campo Elias Páez.
El ABC de España reseña así el caso:
Clonan el sistema informático de Pdvsa para robar más de 5.200 millones de dólares
ABC –La imagen de la petrolera nacional venezolana, Pdvsa, como la vaca que todo el mundo que pudo ordeñó –y sigue ordeñando– en el sistema político chavista, simboliza bien la billonaria corrupción que ha afectado a la compañía en casi dos décadas. La última gran trama denunciada, en la que hubo clonación del sistema informático de la entidad estatal para amañar operaciones y saquear la empresa, acaba de llegar a los tribunales de Estados Unidos.
En la trama, en marcha desde 2004, participaron directivos de la propia Pdvsa e importantes compañías de comercio energético, con un daño a la estatal petrolera estimado en más de 5.200 millones de dólares. Nicolás Maduro ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la gestión de Pdvsa durante el largo tiempo que la presidió Rafael Ramírez (uno de las máximas figuras políticas en la era de Hugo Chávez, hoy depurado por Maduro).
Ya ha habido otras denuncias sobre sobornos a directivos de Pdvsa (singularmente la investigación abierta en Houston y que puede acabar inculpando a Ramírez), pero lo especial de este último caso es que la denuncia la ha presentado la propia Pdvsa (a través de un oscuro fideicomiso).
En realidad, no se trata de una cruzada por la limpieza y la honestidad, sino que obedece a una lucha de facciones, en un capítulo más de la pugna por el expolio de la empresa, en medio de un pulso entre empresarios vinculados a diferentes sectores chavistas.
A principios de marzo de 2018, el fideicomiso PDVSA US Litigation denunció ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que dos consultores venezolanos, mediante el soborno a varios directivos de la petrolera, actuaron conjuntamente con varios corredores internacionales de petróleo para beneficiarse de los contratos de venta y suministro de Pdvsa. La lista incluye a algunos de los principales corredores mundiales, como Glencore, Vitol y Trafigura, y a destacadas compañías energéticas, como Lukoil y Colonial Oil Industries.
La demanda señala que Francisco Morillo y Leonardo Baquero, que crearon la firma Helsinge y se relacionaron comercialmente con Pdvsa, contaron con la ayuda desde dentro de la petrolera de cuatro de sus principales directivos: Marco Malave, jefe del departamento Comercial y de Suministros de 2012 a 2017, y su sucesor, Ysmel Serano (hoy vicepresidente de la estatal); René Hecker, gerente de ese mismo departamento hasta 2013, y Edgar García, gerente del departamento de Flete y Transporte hasta 2008.
Las acciones fraudulentas se desarrollaron desde al menos 2004 hasta muy recientemente, según consta en la demanda, en una trama de «millones de dólares» en sobornos, pagados muchos de ellos a través de Panamá, y de «miles de millones de dólares» en beneficio para Helsinge y las compañías corredoras internacionales, enriquecidas por los menores pagos realizados a Pdvsa y el sobreprecio de los productos vendidos a esta. El abogado del fideicomiso, David Boies, aseguró estimar en 5.200 millones de dólares lo que Pdvsa dejó de ingresar por la acción de los confabulados.
La trama tuvo acceso directo en tiempo real al sistema informático de la compañía estatal mediante la clonación del servidor del departamento Comercial y de Suministros. El servidor clonado se instaló en las oficinas de Morillo y Baquero en Miami. De esta manera pudieron conocer con antelación las ofertas de otras compañías en procesos de licitación y modificar en su ventaja datos del sistema (la documentación que oficialmente debía guardarse era destruida para evitar la detección de esos cambios).
Imágenes de pantallas de ordenador, obtenidas por ABC, parecen recoger los rastros de esos movimientos de «hackeo». En una de ellas se aprecia el uso de cuentas de correo electrónico que simulan ser de Pdvsa, pero en las que figura ese nombre sin la ese (pdva.com), llevando al equívoco.
Todo esto obedece a una lucha entre facciones. Detrás de la presentación de la demanda se encuentra Wilmer Ruperti, empresario que en el arranque del chavismo se vio favorecido por Hugo Chávez por haber puesto sus barcos a disposición del Gobierno durante el paro petrolero de 2002-2003.
Información privilegiada
Inicialmente, Morillo trabajó para Ruperti en la obtención de información privilegiada de Pdvsa, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso. Pero luego ambos se separaron: Morillo se erigió él mismo en cabeza de ese particular negocio, mientras que Ruperti perdió ascendencia sobre Pdvsa por su mala relación con Rafael Ramírez (ministro del Petróleo y presidente de la estatal por diez años). Por su parte, Morillo se aproximó a un hombre clave de Ramírez en Pdvsa, su cuñado Baldo Sansó.
Cuando Ramírez y sus hombres cayeron en desgracia, algo que ocurrió definitivamente en 2017, Ruperti volvió a hacer negocios con Pdvsa. Para ganar el favor de Maduro, Ruperti corrió con los gastos de la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial, en el juicio celebrado contra ellos en Nueva York por narcotráfico. Son esos abogados buscados por Ruperti (el despacho Boies Schiller Flexner) quienes se han encargado de la demanda presentada contra Morillo.
La demanda tiene aspectos oscuros. Se hace desde un fideicomiso opaco y además no se presenta contra los cuatro directivos de Pdvsa que aceptaron sobornos para facilitar las operaciones fraudulentas. También extraña que cuando la preparación de la demanda ya estaba en marcha, Pdvsa estableciera nuevas operaciones con uno de los corredores que iba a demandar, Trafigura, como ha destacado el investigador Alek Boyd. Por su parte, la juez federal Alicia Otazo-Reyes, magistrada en la Corte de Miami, ha cuestionado aspectos formales de la demanda.
Fuente: Con información de ABC y agencias
