CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de las deficiencias en materia de gestión de gobierno, donde se analizarán aspectos tales como aspectos fiscales, supervisión del sector financiero, del banco central, regulación del mercado, del Estado de derecho y la lucha contra el lavado de dinero así como la financiación del terrorismo.
Una vez concluida esta evaluación, el siguiente paso de los expertos del FMI consistirá en evaluar el impacto económico de las deficiencias de gestión de gobierno detectadas y presentar recomendaciones en materia de políticas.
Paralelamente, el organismo también podrá reservarse el derecho de cancelar o retrasar sus líneas de crédito y programas de ayuda a los países donde considere que la corrupción es un riesgo económico. De esta forma, se obligaría a los mismos a imponer las medidas que el FMI considere apropiadas para poner solución al problema.
Además, para combatir la corrupción con éxito, el FMI incide en que también es necesario abordar la forma en que las personas o entidades privadas facilitan este tipo de prácticas. De ahí que anime a sus países miembros a que sometan sus marcos jurídicos e institucionales a una evaluación voluntaria como parte de la supervisión, a fin de determinar si los actos de soborno del exterior están tipificados como delito y son enjuiciables y si existen mecanismos para detener el lavado de dinero y esconder dinero negro.
La directora gerente del FMI incidió en que para ser verdaderamente efectivas, las estrategias anticorrupción deben ir más allá de meter a los culpables en la cárcel. «Requieren reformas normativas e institucionales más amplias, ya que al fin y al cabo la cura más duradera para la corrupción son instituciones fuertes, transparentes y responsables», aclaró.
Fuente: El Economista
