CCD | Marcelo Odebrecht, hasta el año 2014, era considerado como «el dueño de Brasil», pero la investigación del juez Sergio Moro derribó ese mito.
El hombre de 49 años fue detenido el 19 de junio de 2015 y posteriormente condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por los delitos de corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal. Eso hasta que, el 20 de diciembre de 2017, el constructor alcanzó un acuerdo con la justicia para obtener beneficios a cambio de su confesión, lo que le permitió continuar cumpliendo la pena en arresto domiciliario.
La generosidad de los acuerdos, llamados en Brasil de «delación premiada»,no han dejado en ningún momento de alimentar la polémica en el país.
Los jueces y fiscales de la llamada Operación Lava Jato, la gigantesca trama de corrupción descubierta a partir de los contratos de la petrolera pública Petrobras, defienden esta forma de revelar a los culpables como el único medio de llevar sus investigaciones hasta el final. Pero no faltan detractores que alegan que los beneficios son desproporcionados.
Encerrado en una celda de 16 metros cuadrados en la prisión de Curitiba,durante un año se resistió a suscribir el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía, a pesar de que su padre, Emilio, patriarca de la constructora, se lo aconsejó desde el primer momento.
Actualmente, Odebrecht continua cumpliendo su pena, pero en una lujosa mansión de São Paulo, de 3.000 metros cuadrados, controlado por una tobillera electrónica y viviendo con su esposa y sus tres hijas.
Hasta julio de 2020 no podrá salir de su casa, además de haber pagado una multa de 73 millones de reales, unos 22 millones de dólares y la prohibición de ejercer cargos directivos en el grupo Odebrecht.
Y a cambio de esos beneficios, Marcelo Odebrecht ha entregado una mina inagotable para investigaciones judiciales, que han terminado llevando a la cárcel a Luiz Inácio «Lula» da Silva hace unas semanas, y aún comprometen al actual Presidente, Michel Temer, y a sus antecesores Dilma Rousseff, y Fernando Collor de Mello, junto con las cúpulas de las principales fuerzas políticas brasileñas.
Pero la mecha encendida por la confesión de Odebrecht se ha extendido por casi toda América Latina y hasta ha alcanzado un país africano, Angola.
Ejecutivos de la compañía han admitido prácticas ilícitas en Argentina, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Panamá y Perú.
Y es este último país donde las investigaciones están más avanzadas y las consecuencias políticas han sido más devastadoras: Con menos de un año y medio en el poder, el Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se transformó en el primer jefe de Estado destituido por el escándalo de Odebrecht.
El caso ya ha llevado a la cárcel al anterior Presidente de Perú, Ollanta Humala, mientras el antecesor de este, Alejandro Toledo, está en busca y captura.
En Ecuador, el vicepresidente del país, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel por el mismo motivo, mientras en Colombia las acusaciones han golpeado de lleno al Presidente, Juan Manuel Santos.
Bajo el mando de Marcelo Odebrecht, sobre todo entre los años 2008 y 2015, la constructora vivió un auge imparable y logró algunos de los más suculentos contratos de obras públicas de toda América Latina.
Aunque el patriarca Emilio reconoció que el pago de sobornos por contratos públicos era una práctica histórica de la empresa en Brasil, con Marcelo alcanzó un grado de profesionalización sin precedentes.
Marcelo Odebrecht creó un departamento, de «Operaciones Estructuradas», sólo para supervisar el reparto de comisiones y hasta compró un banco en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para canalizar los pagos en otros países.
Fuente: adnradio
