CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y malas prácticas.
Hay lugares oscuros donde la mano de las autoridades no alcanza a intervenir. Antoine Deltour y Hervé Falciani lo saben. El primero, consultor de PricewaterhouseCoopers, desveló la trama de evasión fiscal de grandes multinacionales afincadas en Luxemburgo, conocida como Luxleaks. El segundo, informático de HSBC, se hizo en 2008 con los datos de 130.000 clientes del banco privado con sede en Ginebra y colaboró con la justicia de varios países para detectar a miles de evasores fiscales. Ambos fueron condenados. Y ambos son excepciones. La Comisión Europea estima que la mayoría de testigos de prácticas fraudulentas guardan silencio por temor a represalias. Cárcel, exilio forzoso, interminables procedimientos legales, amenazas de muerte y otros castigos convierten a los informantes en enemigos públicos. Todo pese a que con su acción logran, en muchas ocasiones, beneficiar al conjunto de la sociedad.
Bruselas quiere alentar el chivatazo y tener más ojos escrutando prácticas ilegales de empresas e instituciones. Para conseguirlo, la Comisión Europea ha lanzado este lunes una propuesta que tiene como eje la protección de los denunciantes. Los delitos no comunicados por la falta de protección para los informantes suponen un perjuicio para las arcas de los países de la UE de entre 5.800 y 9.600 millones de euros cada año, según un estudio encargado por la Comisión. Hacerles sentir seguros no es para Bruselas por tanto únicamente cuestión de justicia, es también un tema de dinero.
La nueva legislación contempla que los Estados miembros pongan en marcha sanciones «proporcionadas y disuasorias» para todo aquel que lleve a cabo represalias contra los delatores. Les protegerá contra el despido, la pérdida de estatus profesional y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales formen a los funcionarios competentes sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. Además, las empresas de más de 50 empleados o con una facturación mayor a los 10 millones de euros deberán poner en marcha mecanismos internos para que sus trabajadores denuncien prácticas fraudulentas. La idea es que tengan la opción de tener un canal de comunicación de este tipo con sus superiores, y solo si estiman este insuficiente recurran a periodistas o autoridades públicas.
Algunos los llaman “chivatos”, “soplones” o “denunciantes”. Pero la terminología es clave para combatir el estigma: quienes denuncian por el bien e interés general, y a veces hasta se juegan su propia seguridad, precisan de una nueva etiqueta. En los últimos años, el filtraje de casos de corrupción y malas prácticas, se ha convertido en una herramienta esencial de contrapoder y de limpieza de las instituciones.
En la legislación anglosajona tienen un nombre para ellos desde los años 70: los “whistleblowers”. En España, se ha traducido como los “alertadores”, similar a la versión francesa “lanceurs d’alerte”. Este lunes, la Comisión Europea ha anunciado una propuesta de ley que precisamente busca proteger a estos alertadores. Esta nueva normativa blinda a los trabajadores de ser despedidos, degradados o intimidados por divulgar información en aras del interés público. De hecho, el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias según lo publicado por el observatorio Global Business Ethics Survey en 2016.
Según la nota de prensa difundida por la Comisión Europea, esta propuesta garantiza protección para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación en la UE. La lista es amplísima: desde contratación pública, blanqueo de capitales hasta financiación de terrorismo o seguridad de los productos.
“Es una muy buena noticia porque, en primer lugar, dejará en papel mojado la Ley Anticorrupción propuesta en 2016 por el partido de Ciudadanos en el Congreso. Y, además, deja bastante trecho para mejorarla”, explica Simona Levi, activista y fundadora de Xnet, uno de los portales online que puso en marcha el primer buzón de denuncia anónima hace ya diez años.
La ley llega en un momento clave, al menos, en España, uno de los países a la cola en materia de protección de informadores. La Ley Integral de Lucha Contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, apunta la activista, es “una trampa que está muy por debajo de los estándares internacionales y europeos”.
Hay tres puntos problemáticos en la ley española que la directiva europea podría combatir: en primer lugar, está limitada exclusivamente a funcionarios y a casos de corrupción. En segundo lugar, no protege el anonimato. “Eso es una estupidez”, confirma tajante Levi. En España hay muchos casos de corrupción política, pero hay muchos otros que afectan al medioambiente, al Ejército, a los derechos humanos. “Limitarlo a la corrupción es absurdo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el caso Volkswagen? No estaría contemplado por la ley. O fuera de nuestro país, ¿qué pasaría con los papeles de Irak difundidos por Wikileaks?”, crítica. Los «Iraq War Logs» fueron más de 400.000 documentos filtrados por uno o varios individuos a Wikileaks que documentaban la guerra desde la invasión de Estados Unidos en 2004 hasta el 31 de diciembre de 2009. Los documentos aportaban nombres y cifras escalofriantes —inéditas hasta la fecha— que, por primera vez, certificaban la magnitud de la masacre.
“Por otro lado, que solo puedan denunciar funcionarios y fuentes no anónimas dejaría fuera, por ejemplo, la filtración de los correos de Blesa [una filtración que se hizo por parte de una fuente anónima al equipo de Xnet y que fue clave para desenmascar toda la de Bankia en España]”, explica. Para Levi, el anonimato es una garantía esencial para que el “ciudadano raso” —que normalmente se encuentra en una situación muy difícil, además— se atreva a denunciar. «Si le obligas a dar nombres y apellidos, nunca denunciará».
Otro de los puntos problemáticos de la ley, agrega Levi, es la propuesta de un organismo autónomo para la integridad. La teoría suena bien. A la práctica, “se convertirá en un refugio dorado para algún enchufado que, además, tiene superpoderes sin mandato judicial. Esto significa que puede hacer registros e interrogatorios sin ninguna orden judicial en nombre de proteger a los alertadores”, argumenta. Levi sostiene que este organismo persigue, en realidad, todo lo contrario: desprotege al alertador funcionario y criminaliza al resto. “Tampoco podremos hacer nada si se extralimita de sus funciones, porque nadie tiene competencias sobre él”.
La fundadora de Xnet, sin embargo, se muestra optimista con la directiva europea: “Es un paso muy importante porque evitaremos todo lo mencionado anteriormente”. El cumplimiento de la directiva europea está por encima de la ley estatal. Entre otras medidas: esta nueva normativa protege el anonimato y se extiende a cualquier caso que afecte al interés general más allá de la corrupción política. En ese sentido, la activista reconoce que el juicio contra los responsables de los LuxLeaks, que arrancó hace dos años, “ha sido muy importante para el desarrollo de esta normativa”.
La filtración de los LuxLeaks sacó a la luz la concesión por parte del Gobierno de Luxemburgo de acuerdos particulares, llamados tax rulings, gracias a los cuales multitud de empresas como Starbucks, Amazon o Apple recibieron enormes ventajas para evadir impuestos. “Este ha sido un caso muy importante porque afectaba a nivel europeo y sin duda ha facilitado la aprobación de esta directiva. El via crucis que tuvieron que pasar sus alertadores —los exempleados de la auditora PwC Antoine Deltour y Raphaël Halet que llegaron, incluso, a enfrentar penas de prisión— fue una prueba inequívoca de que esto no podía seguir pasando en Europa».
En la actualidad, solo diez Estados miembros de la Unión Europea garantizan la plena protección de los informadores. En el resto se aplica de forma parcial
Desprotección y ausencia de legislación en Europa
El documento de la Comisión Europea justifica la implementación de esta directiva atendiendo a la necesidad urgente de proteger a estos denunciantes porque desempeñan «un papel muy importante». Los recientes escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o Cambridge Analytica son solo un puñado de ejemplos que ponen de manifiesto la importancia de proteger y promover que estos mismos salgan a la luz, sin que haya represalias ni riesgos para las personas que tienen el valor de expresarlos.
«Actualmente la protección a los denunciantes de irregularidades en toda la UE es dispersa y desigual», describe el documento. En la actualidad, solo diez Estados miembros de la Unión Europea garantizan la plena protección de los denunciantes: Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido.
En los demás países, como es el caso de España, la protección es «parcial y se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores».
La propuesta de la Comisión se basa en una recomendación del Consejo de Europa de 2014 que instó a los Estados miembros a «crear un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que en un contexto de sus relaciones laborales informan o revelan información sobre amenazas o perjuicios de interés público».
Fuente: Con información de El País y PlayGroundMag
