CuentasClarasDigital | Wellington es una de las zonas más exclusivas de la elitesca Palm Springs de Florida. Desde hace un tiempo, uno de sus más acaudalados vecinos exhibe un complemento poco visto por esos predios. Alejandro Andrade Cedeño, ex tesorero nacional de Venezuela, tiene un dispositivo electrónico de vigilancia en el tobillo.
Durante varios años se ha especulado acerca de la investigación que varias agencias del gobierno de EEUU realizan sobre las redes de corrupción incrustadas en el más alto nivel del régimen venezolano.
La agencia de noticias Bloomberg publicó en diciembre de 2016 que más de dos docenas de altos ex funcionarios venezolanos habían recibido asilo y protección en Estados Unidos a cambio de revelar información relativa al entramado de corrupción gubernamental que saqueó a uno de los países más ricos del mundo. Entre ellos figuran generales, ministros, ejecutivos de Pdvsa, jueces y guardaespaldas presidenciales.
La nota de Bloomberg no dio nombres, pero en medios venezolanos y de Miami hace tiempo que circulan varios: Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación; Rafael Isea, ex ministro de Finanzas; Eladio Aponte Aponte, ex magistrado del TSJ; el mayor general ex ministro de Alimentación, Hebert García Plaza; el Capitán de corbeta Lemsy Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, entre otros.
Además de ex funcionarios, se menciona desde hace tiempo un grupo de banqueros que ha sido objeto de averiguaciones en EEUU, entre los que figuran Víctor Vargas Irausquín y Tomás Niembro, entre otros.
Los bonos del hambre
Según fuentes a las que tuvo acceso CuentasClarasDigital, el principal testigo sería Alejandro Andrade quien habría llegado a un acuerdo de colaboración con las autoridades a cambio de suavizar su condena y retener parte de la fortuna que posee.
Al frente de la Oficina Nacional del Tesoro, dependiente del ministerio de Finanzas, Andrade (que también dirigía el Banco de Desarrollo Social BANDES y Banfoandes), realizó numerosas negociaciones con las colocaciones de recursos oficiales en bancos privados, con bonos de Venezuela, Argentina y Ecuador pero en especial con las denominadas notas estructuradas. Entre 2004 y 2008, a través del ministerio de Finanzas y posteriormente también de la Oficina Nacional de Tesoro y Bandes, se colocaron mas de 10 mil millones de dólares en notas estructuradas en operaciones opacas sin ningún tipo de supervisión. Las ganancias para los funcionarios responsables y sus operadores fueron multimillonarias.
Uno de los fraudes con bonos de BANDES durante presidencia de Alejandro Andrade fue el relacionado con la casa de bolsa de NYC Direct Access Partners (DAP). La alta funcionaria del banco público, María de los Ángeles González de Hernández, se declaró culpable en EEUU de recibir sobornos por $5 millones de DAP a cambio de autorizar operaciones ilegales que ocasionaron $66 millones de pérdidas al país
Andrade consolidó en la tesorería nacional un mecanismo de corrupción en base a transacciones ilegales con títulos y valores de la República que fueron negociados por un grupo de bancos privados que los utilizaron para enriquecer a sus dueños en base al diferencial cambiario.
La vida y los gustos de Alejandro Andrade cambiaron por completo. Los signos exteriores de riqueza inexplicable, para un funcionario público con orígenes humildes, ahora con mansiones, caballos y jets privados, terminó por llamar la atención de las autoridades del país donde decidió fijar su residencia.
La enfermera de Chávez que llegó a tesorera de la nación
Otros testigos fundamentales para las averiguaciones que adelanta EEUU sería la ex tesorera de la nación la mayor Claudia Díaz Guillén y su esposo el capitán Adrián Velásquez, mejor conocido en el régimen como “Guarapiche”, quienes habrían viajado a EEUU desde San Sebastián, España, donde residían luego de una estancia en República Dominicana, para negociar su situación.
La investigación periodística de los Papeles de Panamá develó las empresas en ese país y en Seychelles, además de las cuentas en Suiza de Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, abiertas durante la gestión de Díaz al frente de la tesorería. Días después de destapado el escándalo, la DIM allanó su residencia en Caracas donde encontraron motos de alta cilindrada, cajas vacías de Rolex, joyas y certificados de diamantes.
Dos familiares de Adrián Velásquez fueron detenidos al intentar salir del país y luego liberados por el juez Jorge A. Timaury, relacionado con el presidente del TSJ Maikel Moreno. El magistrado fue recusado por el MP por permitir irregularidades en la audiencia de presentación.
Díaz llegó a la tesorería luego de ganar la confianza de Hugo Chávez como su enfermera particular y por su amistad con Alejandro Andrade y la almiranta Carmen Meléndez ex de Maniglia, que también ocupó el cargo de tesorera nacional. Estando en el cargo se casó con Velásquez, edecán de la familia Chávez, quien tenía cierta experiencia en temas financieros por su pasantía en organismos públicos de importación de alimentos.
Tanto Andrade como Díaz tuvieron entre sus operadores financieros a Luis Alfonso Oberto, ex dueño de la casa de bolsa UnoValores. Fuentes financieras de Nueva York consultadas por CuentasClarasDigital sostienen que Oberto también estaría colaborando con las autoridades.
El nuevo zar de los medios de comunicación de Venezuela
Oberto no trabajaba solo. Formaba parte de un grupo en el que figuraban también otros conocidos operadores financieros de la boli-burguesía como Leonardo González Dellán y los abogados Raúl Gorrín Belisario y Gustavo Perdomo, hoy propietarios de Globovisión.
La relación entre Oberto y Gorrín finalizó en malos términos luego de varias operaciones irregulares en torno al diferencial cambiario con los tesoreros Andrade y Díaz. El entramado de corrupción con el dinero público había reportado cientos de millones de dólares en ganancias ilegales para el grupo de funcionarios y seudo empresarios.
Oberto no solo realizó operaciones con los bonos de la Oficina Nacional del Tesoro. Cerrada esa etapa por problemas con Raúl Gorrín, Oberto mudó sus operaciones a Pdvsa.
El Cadivi paralelo de Pdvsa
Durante la administración de Rafael Ramírez funcionó en la petrolera estatal un mecanismo de administración de divisas paralelo al oficial que estableció tasas de cambio ilegales y arbitrarias para convertir directamente los dólares de la venta de petróleo en bolívares. El supuesto objetivo era cubrir los gastos de la empresa en el territorio nacional.
A través de esta especie de Cadivi paralelo, violando varias leyes y reglamentos, Rafael Ramírez y los integrantes de la directiva, en especial el responsable de las finanzas, Víctor Aular Blanco, en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios denominados los bolichicos y la asesoría de Oberto, ejecutaron oscuros contratos confidenciales con compañías escogidas a dedo, sin pasar por subastas públicas, que generaron grotescas fortunas para sus operadores, en base al diferencial cambiario existente entre la tasa oficial del momento, la del denominado mercado negro y la establecida ilegalmente por la directiva de Pdvsa .
Una de ellas fue la realizada con la Administradora Atlantic 17107 CA y bancos privados nacionales, autorizada por Ramírez el 6 de marzo de 2012, con la que se habrían negociado irregularmente más de 4 mil millones de dólares. Dos meses después de la firma con Pdvsa, Atlantic cedió el contrato a la empresa panameña Violet Advisors SA.
El sobrino favorito de Cilia Flores
El 3 de septiembre de 2014, Maduro destituye a Ramírez, cambia a la directiva y al responsable de las finanzas de Pdvsa, cargo para el que designa al que ya fungía como tesorero de la nación, su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores quien llega con un nuevo equipo de asesores y operadores entre los que figura Raúl Gorrín. El abogado entra así a controlar el Cadivi paralelo de la petrolera, desplazando a Luis Alfonso Oberto, lo que profundiza la enemistad dando origen a enfrentamientos públicos entre ambos.
Fuentes de CuentasClarasDigital sostienen que entre las mayores operaciones ejecutadas por Raúl Gorrín en Pdvsa, figura la relacionada con un crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital, CA., el 17 de diciembre de 2014, fecha de la conmemoración de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Dos semanas después, Rantor cedió el contrato por un monto de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong.
Con esta operación y otras similares, Malpica Flores copió los mecanismos ilegales de sus antecesores y continuó con los negociados en torno al diferencial cambiario, al mismo estilo de los ejecutados anteriormente por la Pdvsa de Rafael Ramírez con la Administradora Atlantic 17107 CA.
Una investigación periodística develó la extensa red de empresas y propiedades en Panamá de familiares cercanos de Malpica Flores que incluía a su esposa, sus padres, tía y hermana. Se trata de las mismas compañías que recientemente resultaron sancionadas por las autoridades del país centroamericano.
En enero de 2016, Malpica Flores salió de la Oficina Nacional de Tesoro y de la directiva de Pdvsa donde había llegado a acumular más poder que el presidente de la petrolera, Eulogio Del Pino. Como pieza clave mediante la cual la esposa de Nicolás Maduro controlaba las finanzas públicas, pasó a tener un perfil más bajo aunque mantiene una influencia determinante en Miraflores. Recientemente se conoció que adquirió la empresa de recolección de basura Fospuca.
La disputa por el botín
Producto de conflictos e intrigas en el alto nivel del régimen, el pasado diciembre, una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar, por orden de Tareck William Saab, mantuvo retenido en el aeropuerto de Maiquetía a Alejandro Betancourt López cuando se disponía a salir del país. El presidente del TSJ, Maikel Moreno conjuntamente con Raúl Gorrín, intercedieron a favor de Betancourt aduciendo que no existía una orden judicial y que por lo tanto, la detención debía quedar sin efecto. La acción del organismo militar fue acompañada por el allanamiento a las oficinas de Betancourt, quien finalmente logró abandonar Venezuela rumbo a España donde mantiene grandes inversiones inmobiliarias, como el castillo El Alamín ubicado en Toledo, que costó casi 30 millones de euros.
Las averiguaciones en EEUU sobre la red de corrupción chavista que arruinó a Venezuela, comenzaron con la administración de Obama y continúan con la de Trump. El aparato de investigación y justicia de ese país se ha tomado su tiempo pero comienza a concretar acusaciones, al igual que la Unión Europea y Canadá. Mientras tanto, en Venezuela, los organismos competentes no actúan sino cuando conviene a los intereses políticos de Nicolás Maduro.
Redacción CuentasClarasDigital 01/04/2018
