CCD Nadie en Venezuela ha revirado por la denuncia que hizo el presidente Juan Manuel Santos, hace 72 horas, sobre la incautación de 400 toneladas de alimentos descompuestos que iba rumbo a Caracas, para ser usada con fines electorales. Ni siquiera las imágenes del arroz incautado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con gorgojos recorriendo las cajas con las caras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, generaron reacción.
El silencio del régimen se debe a que están enterados de que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y la DEA rastrean a varios de sus alfiles dentro de una investigación transnacional de lavado a través de la compra de alimentos para los comités locales de abastecimiento y producción (Clap).
Ya han identificado cuentas por las que señalados testaferros de funcionarios de Caracas mueven multimillonarios pagos por la comida. EL TIEMPO estableció que están en al menos 12 bancos: Compaigne Bancaire Helvethique, EFG Bank, Credit Suisse, Banif de Portugal y otros en Islas Vírgenes, Colombia y Venezuela.
Suiza ya les congeló activos a siete fichas de Maduro, entre ellas a Diosdado Cabello, número dos del régimen; Tibisay Lucena, jefa del Comité Electoral; y Tarek Saab, fiscal de facto.
El negocio está en sobrefacturar un 125 por ciento los alimentos que compran a empresarios venezolanos y colombianos
“El negocio está en sobrefacturar un 125 por ciento los alimentos que compran a empresarios venezolanos y colombianos. Estos reservan un porcentaje a los funcionarios implicados, y las mimetizan en sus contabilidades, lavando el dinero”, explicó un investigador.
El general Juan Carlos Buitrago, comandante de la Polfa, y el jefe de la Dijín, general Jorge Luis Vargas, revelaron que hay identificadas 29 empresas y 31 personas vinculadas a la red. Algunos están en Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Hong Kong, Malta y México.
El caso en Colombia
Y la fiscal Luisa Ortega suministró evidencia y señaló a los empresarios colombianos Álex Nain Saab, Álvaro Pulido y Rodolfo Reyes, como testaferros del propio Maduro.
Saab negó los señalamientos y demandó a Ortega. Y el penalista Abelardo de la Espriella fue enfático en que su cliente no tiene relación con las cajas comisadas ni es socio de las empresas implicadas: “Tampoco es dueño de firma alguna en Colombia que se dedique a ese negocio. Esto se está usando con fines políticos, bajo la falsa premisa de que Saab es cercano al tirano Maduro, y que apoya a Petro, al que no conoce. Las acusaciones son de Ortega, la misma que encarceló a Leopoldo Lopéz y a otros presos políticos. Ya está denunciada y espero que se desvele toda la red corrupta que ella manejaba”.
Pero no se descarta que Saab sea citado por autoridades de países en donde tiene empresas, para que explique su patrimonio y la frustrada compra de Trenaco Colombia. Saab le dijo a este diario, en 2016, que si bien Carlos Gutiérrez (concuñado de Gustavo Petro) le ofreció la compañía, no se concretó.
Por ahora, el dueño de las 400 toneladas, el venezolano Luis Francisco Sagarzazu, deberá explicar por qué movía comida contaminada hacia Venezuela, a través de sus firmas Aurum Exim y Picking Pack.
Y aunque Maduro está inmerso en su reelección, no se descarta que después de la resaca electoral le responda a Santos.
Leer en El Tiempo
