CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir normas contra el lavado de dinero.
La sanción -que se dictó el pasado 18 de abril- se relaciona con el ingreso al banco en Costa Rica de alrededor de $17 millones de sobornos que pagaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa al expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006).
Ese dinero ingresó al sistema bancario costarricense sin que la unidad de cumplimiento del banco emitiera una alerta.
Sugef confirmó que “procedió al dictado del acto final del procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Scotiabank conforme lo previsto por el artículo 81 de la Ley No. 7786 (reformada integralmente por las leyes 8204 y 9449), que es la norma legal que permite sancionar a entidades supervisadas por incumplimientos de sus obligaciones en materia de prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
Dicha normativa establece que las instituciones bancarias que incurran en esas faltas “pueden ser con multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) al dos por ciento (2%) del patrimonio entendido como el capital social, más los aportes de capital y las utilidades y pérdidas acumuladas”.
Por medio de un correo electrónico, el Scotiabank indicó que discrepaba del fallo de SUGEF por que el banco “ha actuado en todo momento en completo apego a la legislación vigente y ha aplicado a cada cliente los procedimientos indicados en las leyes y reglamentos que corresponden a nuestra actividad”.
Además, argumentó que “la resolución de la Superintendencia viola el principio constitucional de irretroactividad de la Ley en perjuicio de Scotiabank, que prohíbe aplicar leyes nuevas a hechos ocurridos antes de su vigencia, en este caso aplicando normas que entraron en vigencia hasta el mes de mayo del 2017 a hechos anteriores. Esto además va en contra de instrumentos internacionales que garantizan los Derechos Fundamentales de las entidades supervisadas”.
La entidad también adujo que el traslado de cargos es impreciso en cuanto a las faltas y que los hechos (ocurridos entre el 2002 y el 2013) están prescritos.
Por estos motivos, Scotiabank impugnó este 26 de abril la resolución ante Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, explicó que, en estos casos, si el fallo adquiere firmeza los recursos ingresan al ICD por disposición legal.
“Estas sanciones tienen que ser efectivas, proporcionales y disuasivas, sobre todo para evitar que las instituciones financieras puedan incurrir en faltas a propósito y tengan la capacidad de pago. Lo que se busca es que no tengan la intención de incurrir en las faltas. Quien aplica la sanción es el ente de supervisión (en este caso la Sugef)”, explicó Araya.
El jerarca del ICD resaltó que, además de la multa económica, existe una sanción a la imagen de la entidad financiera a nivel nacional e internacional, que puede significar que pierdan posibilidad de hacer corresponsalías bancarias por haber sido sancionadas. “Pueden ser catalogadas como una entidad de riesgo”, detalló.
Caso Toledo
De acuerdo con las investigaciones de autoridades de Brasil y Perú, al menos $17 millones provenientes de los sobornos llegaron a Costa Rica por medio de cuentas offshore en las que participaba Toledo, su suegra Eva Fernenbug y el israleí Avraham Dan On (exjefe de seguridad de Alejandro Toledo).
Ese dinero se usó para constituir certificados a plazo con los cuales se respaldó un préstamo mediante la figura del back to back (en la cual los bancos toman en garantía del dinero prestado los mismos certificados).
Con los dineros girados por Scotiabank Costa Rica, en el 2012, Fernenbug compró lujosas propiedades en Perú y pagó hipotecas de su yerno, acciones que destaparon una supuesta red internacional de sobornos.
Todo eso ocurrió sin que la unidad de cumplimiento del banco Scotiabank en Costa Rica alertara sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), según había confirmado a UNIVERSIDAD el director de esta entidad, Guillermo Araya.
El ICD se enteró de la situación debido a alertas por parte de Perú en el 2013 -país que incluso solicitó el congelamiento de $6,5 millones que estaban en las cuentas del Soctiabank en ese momento -y por peticiones de información de la Fiscalía.
De hecho, este el expediente judicial de este caso en Costa Rica había sido desestimado por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, a pesar de las objeciones del juez Manuel Rivera Solano.
En octubre del año pasado, cuando Emilia Navas asumió la Fiscalía General, ordenó la reapertura de la investigación, sin embargo, posteriormente informó que posibles delitos cometidos por funcionarios de la entidad, estaban prescritos.
En las investigaciones que se habían realizado años atrás se señalaba que, en el 2002, cuando Dan On, “para generar imagen de solvencia en el sistema bancario de Costa Rica, llenó formularios de Conozca a su Cliente indicando que el volumen de sus ingresos era de $50.000”, puso como referencia al señor Luis Liberman, quien fue vicepresidente de Costa Rica (2010-2014) y quien había sido gerente del Scotiabank entre el 2005 y el 2009.
Dan On refirió a Liberman “por haberlo conocido años antes cuando laboró (Dan On) en la Embajada de Israel en Costa Rica”.
No obstante, el expresidente Luis Liberman ha sostenido en reiteradas ocasiones que desconoce por qué Dan On lo puso como referencia sin su autorización.
El año pasado, el empresario peruano-israelí Josef Maimam (cercano a Toledo), confesó que el dinero de los sobornos se había movido por cuentas costarricenses.
Fuente: SemanarioUniversidad.com
