CCD La Fiscalía de Costa Rica allanó hoy oficinas de los estatales Banco Popular (BP) y Banco Nacional, en busca de pruebas relacionadas a millonarios créditos otorgados a un empresario importador de cemento, aparentemente en condiciones irregulares.
Este caso es conocido popularmente como «El Cementazo», una supuesta red de tráfico de influencias en tres poderes del Estado para favorecer con créditos y facilidades de importación de cemento chino al empresario Juan Carlos Bolaños, quien en la actualidad se encuentra en prisión preventiva, informó EFE.
«El objetivo de las diligencias judiciales es localizar prueba que permita seguir avanzando con la investigación del expediente, en el cual se indaga el aparente crédito irregular otorgado por el Banco Popular al empresario Bolaños Rojas, para la supuesta importación de cemento desde China», indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
La Fiscalía está en busca de evidencia relacionada con la supuesta valoración irregular de una propiedad incluida por Bolaños como garantía por el monto de un crédito otorgado por ese banco.
«De acuerdo con pruebas en poder de la Fiscalía, un perito del Banco Popular valoró la propiedad en un monto determinado, pero ante una reconsideración presentada por Bolaños, ocho días después, el mismo perito valoró el inmueble en aproximadamente 1,7 millones de dólares adicionales», indica el comunicado.
El allanamiento al Banco Nacional, que incluye las oficinas de la Asociación de Empleados del banco (Asebanacio), se debe a que «ahí se encuentra prueba relacionada con el expediente del Banco Popular», agregó la fuente.
La Fiscalía detalló que la documentación de interés en el Banco Nacional y en Asebanacio se relaciona con el trámite de dos cartas de crédito que solicitó Bolaños para la importación de 20.000 toneladas de cemento para mayo del 2016, cada una por 900.000 dólares.
Según la Fiscalía, esa fecha es la misma en la que, aparentemente, ingresaría al país el cargamento por el cual el Banco Popular y el Banco de Costa Rica (BCR) ya habían otorgado y depositado un crédito al empresario Bolaños.
El «cementazo» tiene que ver con una presunta red de tráfico de influencias que involucra a diputados, funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y bancarios, para facilitar millonarios créditos al empresario Bolaños y flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
El Gobierno ha defendido los cambios al reglamento de importación de cemento porque considera que son legales y que procuraban romper un duopolio privado existente en el país.
Desde que comenzó la investigación a mediados del año pasado, la Fiscalía ha logrado la detención preventiva del empresario Bolaños, gerentes de su empresa Sinocem y funcionarios bancarios.
En ese periodo, las autoridades también han allanado oficinas o casas de personalidades como el exdiputado Otto Guevara, del exmagistrado de la Sala III Celso Gamboa, y del exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, pero no ha detenido a ninguno de ellos.
