CCD En la mañana del domingo 28 de junio de 2009, soldados hondureños irrumpieron en el palacio presidencial de la capital del país, Tegucigalpa, sacaron al presidente Manuel Zelaya de su cama y se llevaron su teléfono celular. Mientras el ejército desarmaba a la guardia presidencial, varios soldados introdujeron a Zelaya en una camioneta y lo llevaron a una base de la fuerza aérea, donde fue escoltado hasta un avión que inmediatamente salió del país. Zelaya dice que no sabía hacia dónde lo llevaban hasta que llegó a San José, Costa Rica.
“He sido secuestrado”, dijo más tarde ese mismo día en una concurrida conferencia de prensa en Costa Rica. “Secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad”.
Aquella acción, que una comisión de la verdad independiente llamaría más tarde “un golpe de Estado”, fue la culminación de meses de agitación política en el país. Zelaya decía que él sólo estaba realizando un referéndum —programado para ese mismo 28 de junio— para determinar si Honduras debería incluir la llamada “cuarta urna” en las elecciones nacionales que se llevarían a cabo en noviembre.
La cuarta urna le daría al electorado la oportunidad de pedir una Asamblea Constitucional. Sus rivales —entre los que se encontraban miembros de su propio partido en el Congreso y de tres de los otros cuatro partidos políticos en el poder legislativo, así como de la Corte Suprema, el ejército, la Iglesia Católica y las principales asociaciones empresariales del país—dijeron que él había ignorado las resoluciones judiciales que consideraban que su referéndum había sido inconstitucional y que buscaba perpetuarse en el mandato, como ya lo había hecho en Venezuela su aliado, el presidente Hugo Chávez, en numerosas ocasiones. Funcionarios estadounidenses dijeron más tarde que habían tratado de evitar la destitución de Zelaya, pero que el ejército de Honduras había interrumpido las conversaciones el día de su derrocamiento.
En efecto, detrás del “golpe” en Honduras estaba el espectro de Venezuela. Durante su campaña presidencial en 2005, Zelaya se había postulado como un hábil empresario y reformista moderado, por el Partido Liberal (PL), de orientación centroderecha. Dada la oposición a muchas de sus propuestas por parte de su propio partido y de su rival, el Partido Nacional (PN), recurrió a coaliciones y uniones con la izquierda en busca de apoyo para su agenda. Para consternación de las élites empresariales, subió los salarios de los empleados de los sectores público y privado, lo que incluía el aumento del 60 por ciento en el salario mínimo de todos los trabajadores. Y para el horror de las élites políticas, se unió a Petrocaribe y a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la alianza económica y política regional de Chávez, que actuaba como contrapunto a los acuerdos comerciales liderados por Estados Unidos en la región.
Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí
La ironía, por supuesto, es que el ALBA tendría poco impacto en Honduras en comparación con el golpe que derrocó a su principal promotor. De hecho, el caos que se produjo tras el derrocamiento de Zelaya generó un periodo de actividad criminal sin precedentes en el país, que alteró profundamente el panorama político, económico y social de Honduras. Al igual que el ALBA, provenía de Venezuela e incluía la participación oficial venezolana. A diferencia del ALBA, involucraba algunos de los mismos intereses políticos que en Honduras habían tratado de derribar a Zelaya.
Caos y oportunidad criminal
Tras el golpe a Zelaya, el Congreso instaló al jefe del cuerpo legislativo, Roberto Micheletti, del PL, como presidente interino. La comunidad internacional, incluido el gobierno de Estados Unidos, rechazó la reivindicación de poder por parte de Micheletti. Honduras fue expulsada temporalmente de la Organización de Estados Americanos, numerosas naciones retiraron a sus embajadores, y ningún país reconoció la administración Micheletti.
El aislamiento político aumentó cuando Micheletti declaró numerosos toques de queda, cerró los medios de comunicación de la oposición y envió militares y policías a sofocar las protestas que estallaron tras el derrocamiento de Zelaya. Estas protestas se intensificaron en septiembre de 2009, cuando Zelaya regresó al país atravesando sigilosamente un paso de montaña y se instaló en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, que estaba intentando llegar a un acuerdo que le permitiera retomar la presidencia hasta el final de su mandato. La respuesta de Micheletti consistió en la declaración de un estado de sitio de 45 días, que, entre otras cosas, suspendió varias libertades garantizadas por la Constitución.
Dado que cada parte estaba atrincherada en su posición, surgió un estancamiento, incluso a pesar de que ya habían comenzado las campañas presidenciales para las elecciones de noviembre. El candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, ganó las elecciones, en las que hubo una abstención del 50 por ciento. Para algunos, aquello fue una afirmación de que los hondureños rechazaban los esfuerzos de Zelaya y sus aliados para boicotear el proceso y reincorporarlo en el poder. Pero para otros fue un déjà vu, una afirmación de que las élites políticas y económicas del país habían retornado a los años ochenta con la ayuda del ejército, destituyendo a un presidente de izquierda.
El gobierno de Estados Unidos reforzó esta creencia al reconocer a la administración Lobo, pero la surreal crisis política había paralizado la cooperación de Estados Unidos a Honduras, particularmente en materia de antinarcóticos. Días después del derrocamiento de Zelaya, el Gobierno de Estados Unidos retiró US$33 millones en ayuda económica y militar, y detuvo sus operaciones con el ejército hondureño y con las unidades antinarcóticos. Así mismo, el ejército y la policía de Honduras concentraron sus fuerzas en Tegucigalpa para enfrentar la agitación política. Como resultado, surgieron oportunidades para las organizaciones criminales.
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