CCD El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martin, envió hoy cartas al mando militar y policial venezolano en las que insta a detener al presidente del régimen de Venazuela, Nicolás Maduro, por su supuesta implicación en un caso de corrupción relacionado con Odebrecht.
Martin precisó que las misivas emanan de una resolución de la semana pasada de ese tribunal, que «declara la suspensión» de Maduro como presidente y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.
En sendas cartas enviadas al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, el presidente del TSJ «legítimo» los insta a la detención de Maduro como medida «preventiva».
A López lo llama a impartir «las instrucciones conducentes a fin de que una vez ubicado el mencionado ciudadano sea capturado, traslado o puesto a la orden de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia».
La medida, señala a Padrino López, busca dar «continuidad al proceso judicial de enjuiciamiento» de «Maduro, quien tenía a su cargo la Presidencia» de Venezuela con motivo de la investigación que adelantó el Ministerio Público «por la presunta comisión de delito contra el patrimonio venezolano».
En la resolución, los magistrados ya habían hecho un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana a detener a Maduro, además de pedir a Interpol que emitiera una alerta roja para iniciar una «proceso penal» para determinar su responsabilidad, o no, en la comisión de los delitos.
La decisión fue tomada la semana pasada en un plenario en Miami al que asistieron varios miembros tribunal, así como otros magistrados que participaron por videoconferencia desde Colombia, Panamá y Chile.
En marzo, el mismo tribunal había admitido a trámite una querella de la ex fiscal general Luisa Ortega (también en el exilio) en la que se acusa a Maduro de delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.
La denuncia de Ortega se relaciona con «pagos hechos a funcionarios públicos y empresas fantasmas por parte de la constructora» brasileña.
«El tribunal le ha garantizado todos los derechos fundamentales a Maduro, como es el debido proceso del derecho a defensa», ha señalado el magistrado Antonio Marval.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó el año pasado a nuevos magistrados para el TSJ, con la idea de que reemplazaran a los jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que estaban al servicio del Gobierno y habían sido elegidos ilegalmente.
La mayoría de los nuevos magistrados, perseguidos por la Justicia venezolana, optaron por salir del país e instalarse como Tribunal Supremo autodenominado «en el exilio».
