CCD | Partidos políticos con inscripción vigente se mostraron a favor de una posible designación en el fuero interno de un oficial de cumplimiento, que vele por la transparencia en el origen de los fondos de campaña, y detecte y alerte sobre eventuales aportes sospechosos.
En buena cuenta, un oficial de cumplimiento es el llamado a supervisar los mecanismos diseñados para prevenir el lavado de activos y vigilar el adecuado cumplimiento de los procedimientos internos para ese fin, incluyendo comunicar las transacciones sospechosas.
Su función principal es detectar “donaciones o aportes sospechosos” e informar de inmediato, e incluso bajo responsabilidad penal, a la UIF para que cruce y profundice la información respecto a su verdadero origen, informando también -por supuesto- al Ministerio Público.
La legislación actual no obliga a los partidos políticos contar con este mecanismo de fiscalización interna, por lo que aplicarlo requeriría la voluntad de las bancadas del Congreso para modificar la ley.
En el caso de Acción Popular, el partido no cuenta con un oficial de cumplimiento, pero todos sus candidatos declararon bajo juramento cómo financian sus campañas y, de presentarse cualquier situación ilegal o irregular, se reservan el derecho de vetar al postulante infractor.
“Yo sí estaría a favor de que figure (el oficial de cumplimiento) como una exigencia que debería estar en la ley, más allá de lo que la ONPE pueda hacer y la fiscalización de Jurado Nacional de Elecciones”, comenta a Andina Mesías Guevara, presidente de partido de la lampa.
Incluso, recuerda que en el pasado se hicieron algunos esfuerzos al respecto, como cuando se intentó establecer la figura del “zar anticorrupción” en los partidos políticos, por lo que la idea del oficial de cumplimiento en estas organizaciones le resulta interesante.
Similar opinión tiene Áureo Zegarra, presidente de Todos Por el Perú, quien destaca que el trabajo de control que realizan las áreas de secretaría general, tesorería y contabilidad de una organización política podría verse reforzado con la intervención de un oficial de cumplimiento.
“Todo lo que sea para transparentar los ingresos de los partidos es bienvenido, pero la idea es tener un autocontrol y buscar que todos los aportes sean bancarizados, porque, sin eso, llegan los dineros oscuros que van a los bolsillos de los jerarcas del partido”, señala.
Según explica, en su partido hay filtros exhaustivos para los dineros que ingresan en campaña electoral, pues investigan, verifican y cruzan información de los aportantes, dejando en claro que cualquier contribución de origen desconocido es rechazada de forma inmediata.
De la misma forma, en el partido de gobierno (Peruanos por el Kambio) también respaldan la posibilidad de contar con este agente, y esperan que dicha figura pueda ser incorporada en futuras elecciones, porque para los comicios venideros ya no pueden cambiarse las normas.
Gilbert Violeta, presidente de la agrupación, precisa que la exigencia de este oficial de cumplimiento en los partidos políticos es una idea que él mismo viene impulsando en diferentes espacios y foros, y que ha sido bien recibida por diversos grupos políticos.
“Eso es lo que estoy proponiendo: que haya un oficial de cumplimiento en los partidos políticos. A mí me parece muy importante, porque esta persona enviada por la ONPE haría un control concurrente en las finanzas y gastos que tenga el partido”, expresa.
Aclara, sin embargo, que en la campaña electoral con miras al 7 de octubre su partido no ha recibido ningún aporte significativo de empresas privadas, y que se ha pedido la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con la que -dice- se trabaja de la mano.
Una postura discordante muestra la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, cuyo argumento es que los partidos no pueden ser comparados con entidades financieras, que sí cuentan con un oficial de cumplimiento para reportar a la UIF cualquier operación dudosa.
La legisladora sostiene que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede actuar de oficio cuando se sospeche de alguna operación o aporte financiero irregular durante una campaña electoral, máxime si los financiamientos -afirma- ya están regulados mediante una ley.
“No se puede comparar un partido con una entidad financiera, ese es un error que se está cometiendo, porque son distintos y funcionan de diferente manera (…). Si hay algún monto sospechoso, la UIF actúa más allá de si se trata o no de un partido político”, menciona.
En lo que sí coincide Chacón es en la responsabilidad y preocupación que debe tener cada organización política para conducirse dentro del marco legal vigente y ceñirse a los mecanismos que ya están reglamentados en relación con los aportes financieros de campaña.
Solo queda esperar para saber si este tipo de propuesta puede prosperar y aplicarse quizás a partir de las elecciones generales del año 2021, de lo contrario es probable que el dinero oscuro o de fuente ilegal vuelva a asomar y ensombrezca la contienda eleccionaria.
Fuente: Agencia peruana de noticias
