CCD | Fernando Albán es el tercer preso político en morir bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero los relatos del gobierno sobre el supuesto suicidio son inconsistentes entre ellos.
La tarde del lunes 8 fue confirmada por el gobierno la muerte del concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, un militante del partido Primero Justicia (PJ), quien llevaba tres días detenido en la sede de Plaza Venezuela del Sebin.
Tanto el fiscal general Tarek William Saab como el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificaron la muerte como un suicidio, sin haber realizado una autopsia ni evaluado las pruebas. Sin embargo, ambos funcionarios difieren en el relato de los hechos: el fiscal asegura que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, mientras que Reverol dijo que sucedió desde la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales.
Mucho antes de la muerte de Albán, otro preso político falleció en el Sebin. Fue Rodolfo Pedro González Martínez, también conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil detenido en abril de 2014 por participar en las protestas antigobierno, calificado como un “articulador logístico” y acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.
A poco de cumplir un año detenido, el 13 de marzo de 2015, el hombre de 63 años fue encontrado muerto en su celda de El Helicoide. El preso político fue informado un día antes que sería trasladado a la cárcel de Yare. Según sus familiares y la fundación Venezuela Awareness de la abogada Patricia Andrade, González había sufrido torturas psicológicas a manos de los funcionarios del Sebin.
El caso fue completamente basado en el testimonio anónimo de un “patriota cooperante”, sin haber encontrado prueba alguna de los delitos por los que lo acusaron, y con una serie de irregularidades cometidas en la investigación, detención y juicio, aseguraron sus familiares.
La siguiente muerte ocurrida en una sede del Sebin, específicamente en la de Guadualito, fue la de Carlos Andrés García, un concejal del municipio Páez de Apure, donde fue detenido por presuntamente tener billetes de Bs. 100 el 17 de diciembre de 2016, la semana en que Maduro sacó los billetes de circulación y provocó disturbios en varias partes del país, incluído Guasdualito. Los billetes sirvieron de excusa para acusar a García de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto.
El concejal ya sufría de problemas de tensión cuando fue aprehendido, los cuales se agravaron en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito.
Sufrió crisis hipertensivas, aunado a un severo cuadro de depresión, condiciones que decantaron en un ACV en agosto de 2017. Los médicos recomendaron trasladarlo a un centro asistencial, procedimiento que los funcionarios de los cuerpos de seguridad ejecutaron 12 días después, cuando supuestamente este ni siquiera reconocía a sus allegados, y los médicos no pudieron hacer nada al respecto.
Diputados opositores denunciaron al gobierno de Maduro por no acatar la orden a tiempo y consideraron que el concejal fue asesinado por el régimen, acotación que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la oposición no repetir por ser “opiniones irresponsables con informaciones falsas”.
Versiones encontradas
El especialista en Derechos Humanos y coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, consideró que “si el fiscal y el ministro del Interior dan declaraciones encontradas es porque uno de los dos está mintiendo”, por lo que es necesario realizar una investigación a fondo.
Nieto Palma aseguró que en cualquier caso, la responsabilidad absoluta de la muerte del concejal es del Estado, ya que así lo dice la Constitución en el art. 272, que garantiza un un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Lo mismo indican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las reglas Mandela.
El experto detalló que al Ministerio Público le corresponde investigar quienes eran los funcionarios a cargo, por qué no estaba custodiado y cómo se les escapó del Sebin, entre otras cosas. “Eso casi ni ventanas tiene. Además estaba recién detenido, incomunicado”, dijo Nieto a Runrun.es.
Además, la Defensoría del Pueblo debe actuar de oficio y pedir la investigación.
Fuente: Runrunes
