CCD | México desmanteló esta semana una red que «especulaba» con la exportación de alimentos a Venezuela. El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México con un grupo de empresas y personas mexicanas, colombianas y venezolanas en base a las irregularidades detectadas en la adquisición de alimentos para el programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) fue recibido con satisfacción pero también con algunas dudas.
El acuerdo se produce luego de varios meses de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Sub-procuraduría especializada en Delincuencia Organizada a raíz de las denuncias formuladas por medios de comunicación venezolanos y mexicanos, así como la información suministrada por Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela y el diputado Freddy Superlano quienes viajaron hasta México en diferentes oportunidades en 2017 y 2018.
Sobreprecio y mercancías de mala calidad son las irregularidades detectadas por las autoridades mexicanas. Israel Lira, titular de la Sub-procuraduría especializada en delincuencia organizada, declaró en rueda de prensa que «este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”. Por su parte, Luis Alfonso de Alba, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que «algunos de los productos exportados desde México -principalmente leche y derivados- eran de muy baja calidad», confirmando así una investigación del portal ArmandoInfo cuyos periodistas se encuentran en el exilio por una demanda del principal proveedor de alimentos de las cajas Claps, Alex Saab Morán.
El acuerdo reparatorio contempla dos sanciones para las empresas involucradas: La entrega de 3 millones de dólares en efectivo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la prohibición de «realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano a través del programa CLAP».
La Sub Procuraduría no identifica a las empresas y de las personas involucradas solo menciona el primer nombre: Alex (Saab), Álvaro (Pulido), Emmanuel (Rubio), Santiago ( Uzcátegui) y Andrés (León), nombres que aparecen en las diferentes denuncias en torno al caso y que corresponden solo a la red conformada por colombianos y venezolanos. Nada se dice del rol de las compañías y empresarios mexicanos en la trama.
Para los periodistas de ArmandoInfo, estas sanciones no se corresponden con la gravedad de los hechos. Ewald Scharfenberg, co-editor del medio, comentó en su cuenta de Twitter:” La sanción a los exportadores de alimentos para los Clap en México es muy leve y podría ser un intento de darle un carpetazo al caso”.
Las autoridades mexicanas acordaron permitir el envío de 1.300 contenedores de cajas Clap que tenían como destino Venezuela, a fin de no agravar más la crisis humanitaria.
Las irregularidades cometidas, como la asociación para delinquir, el sobreprecio y el fraude con alimentos de primera necesidad, como es el caso de la leche, efectivamente requerirían penalidades mas contundentes.
El pago en efectivo de la multa de 3 millones de dólares también resalta. ¿Recibirá la agencia de la ONU – ACNUR- dinero contante y sonante de un grupo de delincuencia organizada financiera que ha reconocido los delitos cometidos al firmar el acuerdo?
Las condiciones del acuerdo reparatorio se basan en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y en el Código Federal de Procedimientos Penales en los artículos 33 y 186, respectivamente.
Redacción
