CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a los migrantes venezolanos. El objetivo es “avanzar en la búsqueda de una salida democrática y constitucional a la crisis política de Venezuela”. El texto también considera apoyar la reconstrucción económica, combatir la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
La iniciativa legislativa dedica una sección completa (302 del título III) a “establecer los lineamientos para la recuperación de los bienes robados a Venezuela a través de la corrupción”. Para lograrlo prevé realizar investigaciones financieras especiales a fin de rastrear, identificar y bloquear los fondos y bienes robados, tanto en EEUU como en otras naciones, por medio del intercambio de información, el trabajo conjunto coordinado y la asistencia técnica a otros gobiernos en materia de confiscación civil.
La ley propone “estudiar la creación de un fondo administrado por EEUU u otro país para resguardar los bienes recuperados hasta el restablecimiento de la democracia en Venezuela”.
En este esfuerzo participarían el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de la Red Contra Delitos Financieros (FinCen), en conjunto con la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes del Departamento de Justicia.
El gran saqueo: ¿De cuánto estamos hablando?
Calcular lo que le han robado al Estado venezolano en estos últimos veinte años no es tarea fácil. Hay algunas estimaciones preliminares como las efectuadas por Carlos Tablante y Marcos Tarre en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2015). En la investigación realizada por los autores se cifra en unos 350.000 millones de dólares la cantidad sustraída a las arcas públicas sólo entre 2003 y 2013.
Montos similares han sido reconocidos por ex altos funcionarios del régimen, ahora críticos del oficialismo, como Jorge Giordani, Edmée Betancourt y Héctor Navarro.
Un informe de la Asamblea Nacional publicado a finales de 2016 habla de 11 mil millones de dólares sólo en el saqueo a PDVSA, por lo que el parlamento emitió un voto de censura contra Rafael Ramírez Carreño quien fuera presidente de la petrolera por mas de diez años, así como ministro de Petróleo y Minería.
El informe de la Comisión de Contraloría que dio origen a la votación fue presentado por su presidente el diputado Freddy Guevara (VP), hoy asilado en la embajada de Chile en Caracas, quien sostuvo que solo se había logrado encontrar evidencias de diez grandes casos pero que “aún quedaban muchos sin investigar”.
El trabajo de la comisión parlamentaria ha continuado bajo la dirección de los diputados Juan Guaidó (VP) y Freddy Superlano (VP) quien en un informe reciente afirmó que entre solo en los años 2016 y 2017 Venezuela sufrió un daño patrimonial cercano a los 5.000 millones de dólares relacionado con el programa oficial denominado Comités Locales de Abastecimiento y Planificación, conocido popularmente como las cajas y bolsas Claps.
El caso Odebrecht es un capítulo aparte. Transparencia Venezuela señala que los sobornos pagados a altos funcionarios venezolanos por la constructora carioca rondarían los 1.300 millones de dólares, una cifra mucho mayor a los 98 millones que reconoció la empresa en la confesión ante un juez en Nueva York en 2015.
Una investigación de CuentasClarasDigital publicada el 17 de septiembre de 2017, calculaba el monto de los sobornos de Odebrecht en Venezuela en por lo menos 350 millones de dólares. Los fondos ya han sido ubicados y están congelados en bancos de Antigua, Curacao, EEUU, Luxemburgo, Panamá, Portugal, Suiza y Hong Kong, de acuerdo a informes de autoridades financieras internacionales. En esta relación están incluidos los 44 millones de euros descubiertos en varias cuentas suizas de la suegra y la esposa del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi.
Las cantidades involucradas en el caso del contratista de Pdvsa Roberto Rincón (US$ 1.000 millones – Texas), de Banca Privada de Andorra con la red de Rafael Ramírez (US$ 4.000 millones), el del bolichico Francisco Convit Guruceaga (sólo en la Operación Fuga de Dinero US$ 1.200 millones-Florida) superan los 6.200 millones de dólares. Parte de esta fortuna ha sido confiscada por las respectivas jurisdicciones.
Otras investigaciones mil millonarias en progreso son las relativas a los sobornos y fraudes relacionados con ex tesoreros de la nación como Alejandro Andrade y Claudia Díaz – entre otros – y sus redes de cómplices y testaferros.
EEUU y Europa ya comenzaron a recuperar el dinero de Venezuela
La jurisdicción que más ha confiscado fondos y bienes provenientes de la corrupción chavista es EEUU, tal vez porque ha sido el destino preferido de funcionarios y boliburgueses.
El gobierno norteamericano tiene dos vías para actuar en la recuperación de bienes relacionados con la corrupción internacional: En respuesta a la solicitud de un juez extranjero o por la violación de leyes de EEUU.
En el primer caso, el Fiscal General de EEUU examina la legalidad de la orden judicial emitida por el tribunal extranjero y de considerarla procedente la deriva al fiscal de la jurisdicción competente quien procede a confiscar los bienes para ser reintegrados al Estado solicitante. El proceso puede tomar de cinco a diez años y al final los bienes pueden ser devueltos en parte o totalmente. La existencia de tratados de asistencia legal mutua facilita el proceso de recuperación.
Las leyes actuales de Venezuela en la materia no ayudan. Para agilizar la recuperación de fondos se precisan cambios legislativos como los que establece la Ley de Recuperación que debate la Asamblea Nacional, en especial los referidos a la denominada extinción de dominio o decomiso sin condena que permite no tener que esperar la conclusión del proceso penal para confiscar los bienes, además de poder juzgar en ausencia, perseguir los bienes en manos de herederos o testaferros, entre otras ventajas para el Estado.
Los casos procesados en EEUU relativos a la corrupción del régimen chavista han salido adelante por la segunda vía, es decir, porque los involucrados han violado leyes estadounidenses, principalmente, las referentes al lavado de dinero.
En varios de los procesos los acusados han llegado a acuerdos con las autoridades. Han reconocido los hechos y han pagado grandes cantidades de dinero o han entregado propiedades al Estado norteamericano a cambio de reducción de penas.
Los bienes confiscados pueden ser devueltos en parte o totalmente al país afectado, retenidos temporalmente en el caso de regímenes no democráticos o definitivamente derivados al tesoro de EEUU para ser utilizados por la administración.
Stefan Cassella (en la gráfica) quien se desempeñó durante veinte años como Jefe adjunto de decomiso de activos de la sección de lavado de dinero del Departamento de Justicia (DOJ), aseguró en entrevista con Cuentas Claras Digital que la mayoría de las veces EEUU ha devuelto lo confiscado, previo el descuento correspondiente a los gastos ocasionados que suele rondar el 5 % de lo recuperado.
La devolución de lo robado a otros países suele depender en gran medida de la voluntad política del gobierno de EEUU. Obviamente no lo hace con aquellos regímenes que son responsables directos del delito que originó la incautación de los bienes recuperados ni tampoco con dictaduras ni gobiernos antidemocráticos. En esos casos, puede decidir resguardar los fondos hasta que la democracia sea restaurada.
Ese sería el caso de Venezuela, de acuerdo al proyecto de Ley presentado en el Senado de EEUU.
La clave es la extinción de dominio o decomiso sin condena
Mientras el país logra la transición a la democracia que le permita recuperar lo robado a las arcas públicas, se pueden ir adelantando algunas acciones. Según Cassella, lo principal es tener una legislación que agilice los procesos, por lo que ve como positivo el esfuerzo que realiza la Asamblea Nacional con la Ley de Recuperación de Activos producto de la corrupción, aprobada en primera discusión en diciembre. “No tener que esperar a que concluya el proceso penal gracias a herramientas como la extinción de dominio prevista en la nueva Ley, puede disminuir el tiempo de recuperación de 5 años a 18 meses”, asegura el experto.
Cálculos de investigadores de la Universidad de Harvard coordinados por el economista venezolano Ricardo Haussman sostienen que Venezuela necesitará al menos 80 mil millones de dólares en los primeros tres años para iniciar la reconstrucción económica. La mayor parte se obtendrá de préstamos de organismos multilaterales . Sin embargo, recuperar aunque sea una parte de los más de 350.000 millones de dólares robados a los venezolanos por la cleptocracia de Chávez y Maduro, sería un apoyo significativo.
Se prevé que la Asamblea Nacional realice la segunda discusión de la Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción a mediados de Octubre.
Lea el proyecto de Ley del Senado de EEUU aquí
Ley Senado EEUU Sobre Venezuela by CCD on Scribd
Fuente: Cuentas Claras Digital
