CCD | La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro González, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros) en Andorra, un país blindado hasta 2015 por el secreto bancario. “Los fondos de Maneiro tienen su origen en la corrupción de Venezuela”, sostiene un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).
La diplomática justificó el pasado septiembre ante una juez del pequeño principado pirenaico que su dinero en Andorra procedía de la venta de los derechos de una herencia en Venezuela.
Maneiro movió el capital bajo sospecha a través de cuatro cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y se sirvió de una estructura de “sociedades instrumentales” creadas en Panamá por el propio banco para transferir su caudal económico, según la Uifand.
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La diplomática cobró entre julio y noviembre de 2012 en la entidad andorrana cuatro millones de dólares de un testaferro del empresario venezolano de los seguros Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía del país latinoamericano y hombre fuerte de los gobiernos del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Salazar, que está procesado en Andorra por blanqueo, permanece en una prisión de Caracas desde 2017 tras ser arrestado por el Gobierno de Nicolás Maduro por el saqueo de Petróleos de Venezuela S A (PDVSA), la principal compañía estatal del país latinoamericano.
La embajadora de Venezuela en el Reino Unido utilizó sus cuentas en Andorra como puente para sacar su dinero del pequeño principado pirenaico. Así, transfirió entre septiembre y octubre de 2013 un total de 1,7 millones de dólares (1,5 millones de euros) desde sus depósitos en la BPA a sendas cuentas a nombre de uno de sus tres hijos en el Royal Bank of Canada de Suiza y el Continental National Bank de Miami, según la Uifand.
En el documento denominado Know Your Customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado donde se explica el origen de sus fondos, la embajadora se presentó ante el banco como “diplomática” en referencia a que en ese momento era la responsable de la legación venezolana en China. Y justificó su dinero como honorarios de supuestos trabajos de “asesoría internacional de negocios”.
Planes para transferir 10 millones
Los documentos a nombre de Del Valle señalan que eligió la entidad por “confidencialidad” y recogen su intención de depositar en una de sus cuentas 10 millones de dólares (8,9 millones de euros). EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de la embajadora.
Los investigadores conectan los fondos cobrados desde 2012 por Del Valle en Andorra con comisiones ilegales percibidas durante su etapa como embajadora en China (2004-2013). “Se trata de pagos de empresas chinas a través de Diego Salazar a altos funcionarios venezolanos a cambio de la concesión de la construcción de diferentes infraestructuras en el sector energético de Venezuela”, concluye un documento de nueve páginas del organismo andorrano de prevención de blanqueo. El informe añade que la doble condición de Del Valle -la de diplomática y empresaria- resulta “totalmente incompatible”.
Venezuela y China sellaron en 2010 un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) denominado Gran Volumen para la construcción de obras energéticas en el país sudamericano. El acuerdo devino en un nido de corrupción. Empresas del país asiático pagaron 200 millones de dólares (176 de euros) en sobornos para lograr estos contratos en Venezuela, según reveló este periódico.
PDVSA concedió la mayor parte de estos contratos. Y Salazar percibió 154 millones de dólares (136 millones de euros) de varias compañías asiáticas a través de su sociedad Inverdt, según la Uifand.
Los investigadores concluyen que Salazar recurrió para conseguir sus objetivos al “vínculo familiar” de su primo, Rafael Ramírez. El exjerarca venezolano, además de ministro de Energía durante el mandato de Chávez, dirigió durante 12 años PDVSA.
DEL VALLE AFIRMA QUE EL DINERO PROVIENE DE LA VENTA DE UNA HERENCIA
La embajadora de Venezuela en Reino Unido, Rocío del Valle, declaró el pasado 11 de septiembre ante el juzgado de Andorra que indaga desde 2012 si una red de exdirectivos de PDVSA y exjerarcas chavistas ejecutó un saqueo de 2.000 millones de euros en la petrolera estatal venezolana.
La magistrada instructora había dictado semanas antes de la declaración de la diplomática una orden de detención internacional contra 12 personas, entre las que figuraba Del Valle.
La diplomática aseguró a la juez que el dinero que ingresó en la BPA procedió de la venta en 2011 de unos derechos de herencia – donde figuraba entre los 14 beneficiarios- de un terreno de 19.000 hectáreas que su familia tenía en el estado venezolano de Sucre. El comprador, que pagó cinco millones de euros, fue el propio Salazar, “amigo de su familia”, según la declaración judicial de la diplomática. Salazar, añadió, fue también quien le recomendó abrir una cuenta en la entidad andorrana.
La embajadora rechazó en el juzgado la acusación de que asesorara a compañías durante su etapa como representante diplomática de Venezuela en China (2004-2013). “No podía prestar servicios a ninguna empresa. No puedo, por mi carrera, por mi trabajo…”, le dijo a la magistrada. Y negó que fueran suyas las firmas que figuran en varios de los documentos internos de la BPA. “Nunca he estado en una sociedad ni en una empresa de ningún tipo. Esto choca con las funciones que he tenido toda mi vida, de 38 años de servicio. Soy funcionaria de carrera, tengo una licenciatura, un máster y un doctorado […]. Nunca he actuado como intermediaria o auxiliadora ni como nada de Diego Salazar en ninguna empresa ni Gobierno… He cometido el pecado de ser amiga de toda la vida de la familia de Diego y de haberle vendido mis derechos sucesorios”, indicó la diplomática a la juez.
La magistrada indaga también si Del Valle percibió de Salazar 60.000 euros en una cuenta en un banco chino y unas “vacaciones de lujo” de una semana en París. Del Valle tildó de “regalo” esta última prebenda.
