La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó el impacto de la corrupción en los derechos humanos, de lo cual Venezuela es un claro y doloroso ejemplo, y la necesidad de recuperar los mas de 350.000 millones de dólares robados al presupuesto nacional en los veinte años del experimento chavista.
A continuación, algunos extractos de la intervención:
Un billón de dólares es la cantidad global anual aproximada de los flujos financieros ilícitos que circulan por el mundo. Esta es una estimación muy conservadora, ya que no incluye los movimientos de dinero en efectivo ni muchos tipos de lavado de dinero.
Más allá del efecto económico perjudicial de las salidas de capital en general, los flujos financieros ilícitos tienen un impacto terrible en los gobiernos y la sociedad ya que facilitan la delincuencia organizada transnacional, fomentan la corrupción, socavan la gobernabilidad y disminuyen los ingresos fiscales.
De esa cifra global, cerca de doscientos mil millones de dólares se extraen de América Latina cada año. Estos son capitales ilícitas relacionados con el fraude, la evasión fiscal, el tráfico de drogas, tráfico de personas, pero sobre todo, la corrupción, un delito que facilita la mayoría de los demás.
Por supuesto, el mundo sería mucho mejor si los países en desarrollo pudieran conservar la riqueza que se canaliza a las jurisdicciones y los bancos de los países desarrollados.
¿Qué se puede hacer con un billón de dólares? ¿Cuántas escuelas, hospitales, carreteras, podrían construirse con un billón de dólares? ¿Cuántos alimentos y medicinas se pueden comprar? ¿Cuántas personas en América Latina podrían tener energía eléctrica decente, agua o servicios de recolección de basura, con solo una parte de ese dinero? ¿Cuántos maestros, médicos, policías, fiscales y jueces podrían tener salarios que les aseguren un buen nivel de vida y una jubilación digna?
Dado que una gran parte de la riqueza de América Latina termina en otros países, especialmente en Estados Unidos y Europa, los mayores esfuerzos para detectarla y recuperarla deben realizarse precisamente en los territorios a donde fluyen, que al final son los que se benefician.
El cumplimiento total de las leyes, regulaciones y acuerdos para reducir el lavado de dinero es fundamental, tanto en los países latinoamericanos como en las jurisdicciones que al final reciben los flujos ilícitos.
Sin embargo, como todos sabemos, esto no es suficiente.
Debemos tratar de ver más allá de los efectos negativos que la riqueza mal habida causa al sistema financiero y a la economía. Debemos pensar en la violencia, la injusticia y la pobreza asociadas a esa riqueza. Debemos pensar en el daño irreversible causado a los hombres, mujeres y niños por el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas, el fraude y muy especialmente la corrupción, que es la clave que abre la puerta a casi todos los demás delitos, en particular, los delitos económicos y financieros. Que, por cierto, no son crímenes sin sangre.
El libro El impacto de la corrupción en los derechos humanos, disponible de forma gratuita en la biblioteca en línea de la Universidad Nacional Abierta de México, es una obra en la que los autores, con sólidos argumentos legales y políticos, demuestran cómo la corrupción está vinculada a la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, especialmente en América Latina.
La corrupción de políticos, jueces, fiscales y miembros de la policía, los responsables de promulgar leyes y garantizar que se cumplan, causa impunidad y la impunidad es el origen de la mayoría de los delitos.
Por supuesto, la corrupción pública y privada van de la mano. Se necesitan dos para bailar el tango, como todos sabemos muy bien. Tampoco es este un problema exclusivo de los países en desarrollo.
Los efectos devastadores de la corrupción en los derechos humanos han llegado hace mucho tiempo a las fronteras del primer mundo. Uno de los mayores problemas que enfrenta Europa hoy en día es el tema de los inmigrantes. Miles de personas huyen de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países. Como en el pasado muchos europeos hicieron con América, hoy, miles vienen a Europa desde África, Oriente Medio, Asia y América Latina en busca de respeto por sus derechos humanos y, por lo tanto, una vida mejor.
No hay mar o muro que pueda detener a las masas empobrecidas y perseguidas que huyen de la miseria y la represión.
No es casualidad que la mayor migración a Europa provenga del África subsahariana, que es también el territorio con mayores flujos financieros ilícitos y con las tasas más altas de corrupción. No es una coincidencia que la mayor ola de migración en América Latina se origine hoy en Venezuela, uno de los países con mayores flujos financieros ilícitos y entre los primeros veinte más corruptos del mundo. Tampoco es casual que la ruta de la riqueza coincida casi exactamente con los flujos migratorios.
La gente y el dinero buscan lo mismo. El dinero busca seguridad y oportunidades, al igual que las personas.
Las jurisdicciones que ofrecen estabilidad y oportunidades son los países desarrollados. El dinero y las personas fluyen hacia ellos pero no son tratados de la misma manera. La mayoría de las veces, los flujos financieros, o más bien, los individuos que traen esos flujos, son bienvenidos con pocas preguntas, mientras que el trato a las personas que, después de muchas dificultades, logran llegar al primer mundo sin dinero, es muy diferente.
La profesora Adela Cortina de la Universidad de Valencia describió esta situación con una nueva palabra, aceptada recientemente por la Real Academia de la Lengua Española: aporofobia, fobia o rechazo de los pobres. Ella argumenta que lo que alimenta a los sectores radicales de los países desarrollados contra la inmigración no es tanto la xenofobia como la aporofobia. En su opinión, las personas no son rechazadas por su raza, cultura o religión, sino por la cantidad de riqueza que tienen o no tienen.
La ironía de esta situación es que muchos de los propietarios de riqueza sospechosa que son muy bien recibidos en los países desarrollados, son probablemente los que han causado la miseria de los inmigrantes pobres de sus países.
Por ello es necesario cumplir con todas las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, como las del Grupo de Trabajo Financiero (GAFI). Las leyes anti lavado de dinero que ya están en vigor deben aplicarse con firmeza, pero también debemos adaptarnos a los vertiginosos cambios de nuestras sociedades en este mundo globalizado.
Se están realizando esfuerzos en varias jurisdicciones para identificar a los beneficiarios finales de las cuentas bancarias sospechosas y para establecer registros públicos de información verificada de los dueños reales de la riqueza inexplicada o sospechosa.
El siguiente paso debería ser cumplir más completa y rápidamente con los acuerdos internacionales para recuperar el dinero e integrarlo en las naciones robadas.
El caso de Venezuela es un ejemplo de cuán importante y urgente es recuperar el dinero que ha sido robado de los países.
Según las estadísticas disponibles, nunca ha habido un colapso en América Latina comparable a lo que está sucediendo en Venezuela hoy.
El Producto Interno Bruto se ha reducido en más de cuarenta y cinco por ciento en comparación con dos mil trece. La inflacion está fuera de control y hiperinflacion se mide en porcentajes millonarios. En un país donde su industria está casi totalmente colapsada, las importaciones públicas y privadas de alimentos, medicamentos y otros productos básicos han disminuido en más del ochenta por ciento.
Una encuesta realizada por las tres universidades más prestigiosas del país con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, sostiene que más del ochenta por ciento de los venezolanos están en la pobreza y han perdido más de veinticinco kilos de peso corporal en los últimos dos años.
Petróleos de Venezuela, que una vez fue una de las compañías petroleras más importantes del mundo, ha sido saqueada y está completamente arruinada.
Como consecuencia, más del diez por ciento de la población del país ha dejado Venezuela en menos de cuatro años.
Más allá de la imposición de un modelo político y económico desactualizado y fallido, la ineptitud de los gobernantes o la caída de los precios del petróleo, una de las principales causas de esta debacle es la corrupción.
Según el libro El Gran Saqueo , escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, la cantidad saqueada por la cleptocracia civil y militar que ha gobernado Venezuela durante veinte años supera los 350 mil millones de dólares.
Una vez que se produzca el cambio político necesario, la prioridad de un nuevo gobierno será recuperar la economía. Para lograr esto, se necesitarán al menos 80 mil millones de dólares en los primeros tres años, según el profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Haussman.
Recuperar incluso una parte de la cantidad robada será de gran ayuda para reconstruir Venezuela.
La Asamblea Nacional, la única institución elegida por las personas que aún sobreviven al hostigamiento del régimen de Maduro, aprobó en un primer debate la Ley para la Recuperación de Activos Producto de la Corrupción. Cuando se restaure la democracia, el país tendrá este instrumento para comenzar su reconstrucción.
No será fácil, como todos sabemos.
Las experiencias anteriores en América Latina, como la de Perú con Fujimori y Chile con Pinochet, han sido moderadamente exitosas, sin embargo, ha costado mucho tiempo y esfuerzo recuperar solo una parte del capital robado.
Odebrecht y Lava Jato de Brasil son dos casos actuales que muestran cómo la corrupción puede desestabilizar el sistema democrático. Los gobiernos de siete países latinoamericanos se han visto gravemente afectados por esta trama de multimillonarios sobornos a altos funcionarios y presidentes a cambio de grandes contratos de construcción.
Odebrecht llegó a un acuerdo en 2016 con las autoridades estadounidenses y suizas, y les pagó casi mil millones de dólares. Sin embargo, no ha sido igualmente generoso, por así decirlo, con los países de América Latina, precisamente los más afectados por la trama de sobreprecio, soborno y corrupción del contratista brasileño, considerado el más grande en la historia del continente.
El caso Odebrecht confirmó que el delito financiero organizado es transnacional y que el poder de la corrupción cleptocrática no tiene límites.
Es este poder de corrupción el que compra la impunidad, sobornando a los agentes del Estado.
Los delincuentes financieros componen sus balances y movimientos de capital e inversiones en el sistema financiero con el apoyo de costosos bufetes de abogados, contadores y asesores.
El dinero robado se utiliza para contratar a los mejores profesionales para tratar de lavar dinero manchado con la sangre y la miseria de otros seres humanos.
Ese es el caso de varios esquemas oficiales de corrupción que han participado en el saqueo del dinero público venezolano, el dinero de todos los venezolanos.
Venezuela es hoy una cleptocracia porque sus gobernantes han atacado las arcas públicas como nunca antes.
También es un estado fallido porque no satisface las necesidades básicas de la población. Es una crueldad inepta porque sus líderes no están calificados para gobernar.
En resumen, es una nación donde el orden legal y constitucional, es decir, el Estado de derecho, ha sido reemplazado por un Estado delincuente.
El nombre que usamos para identificar la dictadura de Nicolás Maduro es quizás el tema menos importante en este momento. La realidad es que lo que estamos presenciando en Venezuela ahora es una crisis humanitaria sin precedentes causada por el colapso de un Estado en manos de la delincuencia organizada transnacional y que Venezuela necesita de todo el apoyo que le pueda dar la comunidad internacional.
