La catastrófica situación que atraviesa Venezuela se ha convertido en una fuente de oportunidades para Baltasar Garzón. El exmagistrado abrió un bufete para dedicarse a la abogacía tras su expulsión de la carrera judicial en febrero de 2012 por haber interceptado ilegalmente las comunicaciones de letrados del caso Gürtel. Desde entonces, su despacho Ilocad ha facturado más de 14 millones de euros, en gran parte, por las excelentes relaciones que Garzón mantiene en Sudamérica.
Sus ingresos podrían haber sido incluso mayores. Un documento al que ha tenido acceso El Confidencial revela que el exmagistrado se ofreció en julio de 2013 a llevar la defensa de un empresario venezolano acusado de haber recibido comisiones millonarias para amañar decenas de contratos públicos de infraestructuras energéticas licitadas por el Ejecutivo de Caracas. Garzón hizo una propuesta al investigado: le representaría ante los tribunales de Andorra por una tarifa de 3,6 millones de dólares (3,2 millones de euros al cambio actual), más un millón adicional como prima de éxito (890.000 euros) y con el resto de gastos aparte.Un documento al que ha tenido acceso El Confidencial revela que Garzón se ofreció en 2013 a llevar la defensa de un empresario venezolano.
El acusado, el empresario venezolano del sector de los seguros Diego Salazar, tenía patrimonio para afrontar esos importes pero, según las fuentes consultadas, declinó el ofrecimiento de Garzón al considerar que el precio era desorbitado. Lo cierto es que a Salazar le urgía fichar un abogado. Una jueza del Principado le había bloqueado una decena de cuentas en Banca Privada de Andorra (BPA) en las que guardaba más de 150 millones de euros. La Fiscalía de ese territorio había descubierto movimientos de fondos que consideraba sospechosos de blanqueo de capitales. El Ministerio Público tenía motivos para la sospecha. Salazar era primo de Rafael Ramírez, en aquel momento, ministro del Petróleo (2002-2014) y presidente de la mayor empresa pública de Venezuela, PDVSA (2004-2014). Todo apuntaba a que el investigado había elegido BPA para ocultar sobornos.[Consulte aquí el documento íntegro]
En esa tesitura, Salazar necesitaba un letrado que le ayudara a liberar los depósitos, que le eximiera de cualquier responsabilidad de carácter penal y que, por último, pasara al ataque contra la justicia andorrana por los posibles daños y perjuicios ocasionados con el procedimiento. Garzón le hizo llegar una propuesta de servicios a través de un bufete con sede en Caracas, Alan Aldana & Abogados, con el que tenía desde hacía años una estrecha relación profesional.
En concreto, el exjuez se habría comprometido a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del Principado; pedir el levantamiento de la medida cautelar de bloqueo de las cuentas; solicitar la práctica de diligencias para acreditar que sus «mercantiles investigadas tienen una actividad empresarial lícita y real»; «combatir» las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal; y coordinar la defensa con los abogados del resto de imputados. “El objetivo principal es obtener el sobreseimiento del procedimiento respecto del Sr. Diego Salazar».
La propuesta cursada por el exjuez también entraba en el campo de la comunicación. Aseguró a Salazar que velaría para que no se publicaran resoluciones judiciales que pudieran afectar a su «buen nombre» ni al de sus negocios. «Y en el hipotético caso de que filtraciones interesadas o publicidad indeseada de las resoluciones judiciales pudieran ser públicas, se podría, de forma coordinada con el Sr. Diego Salazar, desarrollar una campaña de comunicación con la finalidad de contrarrestar esa publicidad y preservar la imagen, el nombre y la actividad profesional del Sr. Diego Salazar y también el prestigio e imagen de sus negocios».
Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y primo de Daniel Salazar.
A preguntas de este diario, el exjuez ha remitido un comunicado en el que asegura que Salazar nunca ha sido cliente de Ilocad y no reconoce haberle cursado ninguna propuesta de servicios, aunque puntualiza que, de haber existido, se trataría de «un documento interno de trabajo previo a cualquier contrato civil y/o mercantil” y “confidencial, vinculado a los derechos a la intimidad tanto del pretendido cliente como del propio despacho».
En efecto, Garzón nunca llegó a cobrar de Salazar porque este rechazó su propuesta, pero sí llegó a asesorarle puntualmente a petición de un tercero, la propia BPA, que recurrió al exjuez y al ex primer ministro de Francia Dominique de Villepin para que tranquilizaran a sus clientes cuando empezaron a arreciar las acusaciones de blanqueo contra la entidad.
En 2015, BPA fue intervenida por las autoridades de Andorra y crecieron los problemas para Salazar. La Fiscalía del Principado no se equivocaba. Investigaciones posteriores han permitido acreditar de forma indiciaria que el empresario de los seguros lideró una trama de cobro de comisiones ilegales que habría amañado una lista ingente de licitaciones de Venezuela, en su mayoría, de organismos controlados por su primo Ramírez. Por esos servicios de intermediación, la red de Salazar percibió al menos 176 millones de dólares (157 millones de euros) que acabaron en las cuentas de BPA.
No es el único encargo que le ha llegado a Garzón desde Venezuela. En la actualidad representa los intereses de PDVSA, paradójicamente, una de las grandes perjudicadas por la trama de Salazar. La petrolera está personada en España en diferentes causas contra empresarios que habrían desviado fondos de su balance o que se lucraron cobrando comisiones para amañar adjudicaciones y desbloquear pagos congelados.
