El ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo, su hijo Alejo y tres personas más pasarán este miércoles a disposición de la Audiencia Nacional. Se les acusa de presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales, informa la agencia Europa Press.
Raúl Morodo, que no fue detenido, será el primero en comparecer ante el juez a las 10 de la mañana en calidad de investigado. Luego lo harán los demás imputados que permanecen detenidos en dependencias policiales.
El registro de las oficinas y residencias de los Morodo y sus asociados en Madrid concluyó este lunes con la detención del abogado Alejo Morodo Cañeque, su socio y sus respectivas esposas.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil (UDEF) los acusa de lavar alrededor de 4 millones de euros provenientes de falsas asesorías a Pdvsa.
Raúl Morodo no fue detenido por su avanzada edad pero es considerado por la fiscalía española como uno de los cabecillas de la trama.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a los Morodo por blanqueo de capitales a través de falsas asesorías a PDVSA. Los honorarios fueron pagados con transferencias desde Panamá entre 2008 y 2013.
Durante los años en que Alejo Morodo cobró de PDVSA, el presidente de la petrolera y ministro de Energía era Rafael Ramírez, quien firmó todos los contratos.
Raúl Morodo, embajador privilegiado
El ex embajador español era uno de los dos diplomáticos que tenía línea directa con Hugo Chávez a través del denominado teléfono interministerial que solo poseen ministros y gobernadores. El otro privilegiado era el embajador de Cuba Germán Sánchez Otero.
El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero – por recomendación de José Bono, según refiere la prensa española – nombró a Raúl Morodo en 2004 con el encargo de mejorar las deterioradas relaciones entre ambos países luego de que el ex presidente José María Aznar fuera acusado de apoyar el golpe de 2002.
La primera reunión de Morodo con Chávez debía durar dos horas pero se prolongó por treinta, con viaje sorpresa incluido. El político español es co fundador del Partido Socialista Popular. Morodo terminó en Cuba donde Chávez le presentó a los hermanos Castro. Según recuerda el periodista Nelson Bocaranda, fue en este viaje donde Morodo conoció a Rafael Ramírez, con el que su hijo Alejo establecería la relación de «negocios» por la que ahora se les acusa.
La Pdvsa española
Rafael Ramírez firmó los contratos de asesoría con Alejo Morodo Cañeque a través de la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados SL y otras empresas de maletín registradas en Panamá como Furnival Barristers Corp.
En uno de los contratos se establecía que Morodo cobraría 700.000 euros por asesorar a Pdvsa «en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo”.
Medios de comunicación españoles señalan que «ningún directivo de compañías españolas del sector petrolífero conocía la vinculación de Alejo Morodo con la petrolera venezolana». Además, según indican las autoridades policiales, Pdvsa no tenía actividades en España a la fecha de los pagos.
La investigación preliminar establece que Alejo Morodo viajó a Venezuela al menos 44 veces desde 2007, año en el que su padre dejó la embajada.
El hijo del diplomático está vinculado a la empresa PDVSA Ibérica, S.L., como liquidador. Radicó la supuesta filial de PDVSA en su propio bufete luego de registrarla como una compañía cuya actividad económica son las instalaciones eléctricas con un capital de 3.010 euros. En ella figuraba Julia Elba Van den Brule como administradora única desde mayo de 2009, según el Registro Mercantil de Madrid.
Chávez nombró a Van den Brule “consultora jurídica adjunta del Ministerio de Energía y Minas». Además, realizaba labores de asistente ejecutiva del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez. Como tal, estuvo involucrada en el caso del maletín de Antoni Wilson según revela la prensa argentina. Es una de las funcionarias de Pdvsa investigada por el caso Banca Privada de Andorra BPA donde abrió una cuenta con 3 millones de dólares.
El socio único de PDVSA Ibérica, SL es PDV EURO-ASIA S.A, otra supuesta filial de la petrolera venezolana. No se conoce la actividad de esta empresa más allá de su relación con PDVSA Ibérica.
Otros negocios con Caracas: El caso Navantia
En noviembre de 2005, el ministro de la Defensa Orlando Maniglia – actual embajador de Maduro en Alemania – firmó con José Bono los contratos de adquisición de doce aviones y ocho patrulleras a dos astilleros públicos de España por un monto de 1.700 millones de euros.
El Juzgado de Instrucción No. 8 de Madrid determinó posteriormente que las empresas españolas pagaron 43 millones de euros en comisiones ilegales a la empresa venezolana Rebazve Holding Ltd por «tramitar» los contratos, a pesar de tratarse de una negociación entre dos gobiernos.
Parte del dinero habría sido utilizado en sobornos para funcionarios públicos españoles y militares venezolanos.
La justicia española imputó a cuatro funcionarios por malversación de dinero público, tráfico de influencias y delito fiscal: Juan Pedro Gómez Jaén, presidente de los astilleros; el director comercial, Jesús Arce; Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI); y su socio Antonio Rodríguez Andía, ex presidente de la naviera pública Transatlántica.
La oposición venezolana solicitó una investigación al gobierno de Hugo Chávez pero nunca se realizó.
