Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador de Venezuela nombrado ilegalmente por Nicolás Maduro, intenta recuperar millones de dólares en fondos públicos venezolanos robados.
El Departamento de Justicia de EEUU confiscó fondos y propiedades por un caso de peso de lavado de dinero en Miami, y a raíz del esfuerzo de Muñoz por recuperarlos, se develó su identidad, y se puso en tela de juicio su competencia legal.
Se trata del caso de los 1.200 millones de dólares procedentes de sobornos y operaciones irregulares de cambio de divisas que involucra a un grupo de empresarios, funcionarios de gobierno y operadores financieros entre los que se encuentra Raúl Gorrín, dueño de Globovisión. Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General en el exilio, señala a Gorrín de ser testaferro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Actualmente, EEUU y otros 50 países no reconocen como presidente legítimo a Maduro, el reconocimiento es para el líder opositor Juan Guaidó, quien preside actualmente la Asamblea Nacional, y por lo tanto, es el presidente encargado de Venezuela.
Por esta razón, la AN desautorizó a Reinaldo Muñoz Pedroza como Procurador general desde marzo, y se estableció como Procurador especial a José Ignacio Hernández.
El bufete legal Dentons (Miami) está a cargo de la representación de Muñoz Pedroza. No es la primera vez que la firma jurídica internacional representa al régimen de Maduro.
¿A dónde van los fondos recuperados en EEUU?
Al ser un dinero malversado, los fondos robados pertenecen al Tesoro de EEUU, es decir, no se devuelven porque el régimen de Maduro fue cómplice del delito.
Sin embargo, se presentó un proyecto en el Congreso, que consiste en regresar los fondos públicos, en caso de que se elija un nuevo presidente democráticamente.
El comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos admitió este miércoles el Proyecto de Ley Verdad que tiene como objetivo apoyar la solución democrática a la crisis que vive Venezuela.
La iniciativa legislativa dedica una sección completa (302 del título III) a “establecer los lineamientos para la recuperación de los bienes robados a Venezuela a través de la corrupción”.
Para lograrlo prevé realizar investigaciones financieras especiales a fin de rastrear, identificar y bloquear los fondos y bienes robados, tanto en EEUU como en otras naciones, por medio del intercambio de información, el trabajo conjunto coordinado y la asistencia técnica a otros gobiernos en materia de confiscación civil.
En este esfuerzo participarían el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de la Red Contra Delitos Financieros (FinCen), en conjunto con la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes del Departamento de Justicia.
