López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su juramentación que su gobierno no perseguiría políticos acusados de corrupción en el pasado, lo que había generado polémica entre los ciudadanos del país. Y con respecto a los procesos judiciales en contra de Lozoya (exdirector de Pemex) y el caso de Altos Hornos de México (de Alonso Ancira), dijo que “estaban en curso… No podíamos cancelar procesos ya iniciados… Se termina la corrupción y se termina la impunidad”, afirmó en una conferencia.
Actos de corrupción de Lozoya
El exjefe de Pemex se acusó de recibir 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, que presuntamente servirían para financiar la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que la gestión de Lozoya “se dedicó a generar actos de corrupción y de negocios” y que espera que el bloqueo de cuentas se reproduzca en otros países “en razón de que hay elementos suficientes para hablar de actos de corrupción”.
Hace unas semanas, la secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Lozoya por proporcionar información aparentemente falsa en su declaración patrimonial, quien también es investigado por autoridades que sospechan que habría comprado en 2012 una casa Ciudad de México con los 3.5 millones de dólares recibidos de Odebrecht.
Delitos en complicidad
El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, fue detenido en España hace 1 mes apróximadamente, cuando iba a abordar un avión privado. Junto con Emilio Lozoya, es investigado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Los rumores sobre actos de corrupción en complicidad se hacen cada vez más potentes.
En el caso de Altos Hornos de México, se investiga la venta de una planta de fertilizantes a Pemex por cerca de 500 millones de dólares, la cual se dice estaría valuada por tan sólo 50 millones. Días después de la venta, se registraron movimientos en cuentas offshore y empresas fantasma que Odebrecht utilizaba para el pago de sobornos.
La interrogante que surge, es si la Fiscalía del actual gobierno de López Obrador podrá actuar con eficacia ante estos casos de corrupción, y marcar una pauta respecto a los casos que se han suscitado en los últimos años y que han presentado muchos fallos por parte del sistema judicial de México.
