La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Panamá ya había figurado en esa lista en 2014 por no cumplir el 92% de las recomendaciones de la institución, sin embargo, en 2 años aplicaron reformas que los llevaría a tener un cumplimiento del 87% en la actualidad.
«A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI», señaló la ministra de Economía y Finanzas.
Entre las nuevas recomendaciones propuestas por la organización están: mejorar el intercambio de información financiera y «demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros», además de identificar los remitentes de dinero sin licencia y hacer seguimiento de las empresas offshore.
Consecuencias en la economía de Panamá
Tras la inclusión del país en la lista gris en 2014, hubo repercusiones negativas en la economía panameña entre las que se destaca la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias, que de acuerdo al superintendente de bancos de ese país, se han recuperado gracias a las mejoras que se han aplicado desde ese entonces.
«Puede tener un impacto en el costo de fondos, que se puede encarecer por el riesgo país, y otros costos asociados en la parte operativa», indicó el superintendente.
En abril de 2016, se dio a conocer que el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, habría sido contratado por diferentes entidades offshore de todo el mundo para la consiguiente evasión de impuestos (Panama Papers), lo que aseguran, sigue influyendo negativamente en la economía del país.
