La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
Santiago Nieto es quien está a cargo actualmente de la UIF, y anunció que el principal objetivo de esta institución es convertirse en un ejemplo mundial ante el tema contra el lavado de dinero, delito que implica entre 20.000 y 30.000 millones al año en México.
“Al final del día, todos los delitos tienen un componente económico. Se delinque para obtener un beneficio económico o un tipo de lucro, y esto implica que en algún momento se pasa por un proceso de lavado de dinero”, indicó el funcionario.
Se plantea modificar la ley antilavado, con el fin de que entidades financieras y actividades vulnerables tengan una mayor atención en las personas políticamente expuestas (PEP). “Necesitamos esclarecer el concepto de PEP en los mecanismos para poder tener acceso a dicha información por parte de todos los sujetos obligados”.
Nieto afirmó también que es necesario reformar otras leyes para hacer más efectiva la lucha de la Unidad de Inteligencia Financiera, y «fortalecer la prevención e identificación de operaciones ilícitas, reforzar el sistema financiero, cumplir en su totalidad las 40 recomendaciones de GAFI y mejorar el esquema de bloqueo de cuentas”.
En los primeros meses del año, la UIF ha presentado 54 denuncias, contra 35 que se presentaron en todo el 2018, y de enero a mayo, se han bloqueado cuentas a 468 personas por la cantidad de 895 millones de pesos y 3 millones 143 mil dólares.
México, el tercer país que exporta más capitales ilícitos
México figura entre los países más destacados en delitos de lavado de dinero, y se conoce que ha exportado más de 519.259 millones de dólares en los últimos siete años. China y Rusia son las naciones que lo superan en estos actos de corrupción.
«…La UIF ha dado golpes certeros que han desestabilizado las complejas redes de intereses que durante tanto tiempo beneficiaron al desgobierno que se había impuesto”, afirmó la encargada de la Secretaría de la Función Pública mexicana.
