El incendio que arrasó con la empresa Galletas Puig en Las Tejerías ha causado un gran impacto. Es un suceso lamentable, más aún por haber sido provocado por manos criminales. Según informaciones de prensa, la compañía fue víctima de la venganza de una banda de delincuencia organizada al negarse a pagar “vacunas”.
Todo comenzó con un ataque con armas largas y granadas contra las instalaciones. Luego del suceso, la total inacción de las autoridades ha convertido a Las Tejerías en una ciudad desolada por la que circulan vehículos con delincuentes con armas largas que mantienen aterrorizada a la población.
La extorsión y el secuestro, junto a las invasiones, expropiaciones, confiscaciones y ataques violentos, sumado a la crisis económica mas profunda que se recuerde, es parte de la durísima realidad que sufren los empresarios honestos que aún mantienen lo que queda de la producción agrícola, pecuaria e industrial.
Resulta evidente que existen varias zonas del país convertidas en territorios donde el control lo tienen bandas, muchas veces dirigidas desde las cárceles por los pranes.
En nuestro libro Estado Delincuente (2013) ya definíamos en lo que se ha convertido Venezuela por la destrucción de las instituciones, en especial del Poder Judicial.
La impunidad es la causa principal de que los delitos se hayan propagado dejando a los ciudadanos a merced de los delincuentes. Éstos se han ido fortaleciendo, convirtiéndose en un poder paralelo que, protegido desde las mas altas esferas del poder, controla a funcionarios y jueces a través de la corrupción y/o de la intimidación.
Como hemos dicho, la corrupción es la llave que abre la puerta a todos los demás delitos.
El Estado delincuente que desgobierna a Venezuela ha llegado a un punto de perversión que ya no intenta siquiera restablecer, aunque sea en parte, el imperio de la Ley, sino que forma alianzas con fuerzas irregulares y antisociales con el objetivo de mantenerse en el poder. Ello quedó corroborado con las declaraciones de la propia ministra para el Servicio penitenciario al señalar, de manera falsa e irresponsable, que disponía de 45.000 presos armados para defender a Maduro y su grupo.
Nos solidarizamos con la familia Puig, sus trabajadores y con todos aquellos que con honestidad siguen luchando para sacar al país del abismo.
Ahora más que nunca es urgente el cambio. Debemos seguir unidos para rescatar los valores de los venezolanos, para rescatar a Venezuela.
El poder en Tocorón II
En 2014 denunciamos la política irracional del régimen de establecer las denominadas “zonas de paz”. La idea era crear una especie de “equilibrio” entre los delincuentes con mayor organización – y poder de fuego – y el resto de grupos criminales, para que los primeros controlaran a los segundos que operaban en sus territorios.
De esta forma, el Estado, o lo que quedaba de él, hizo un pacto de cohabitación con cientos de bandas delictivas que existen en ciudades y pueblos.
El resultado:comunidades enteras sufren el enfrentamiento entre bandas y el incremento de homicidios, asaltos y secuestros.Todos recordamos los duros episodios vividos en San Vicente (Maracay) y El Cementerio (La Victoria), donde después del establecimiento de las respectivas “zonas de paz”, los pranes de Tocorón empezaron la guerra contra la autoridad, con el cobro de vacunas, la extorsión y la exigencia de que cerraran las comandancias policiales para que ellos tomaran el control de la “seguridad”.En sus propias palabras: el Tren de Aragua se haría cargo.
El experimento de cohabitación ya se había probado en las cárceles, donde los pranes -líderes negativos- terminaron teniendo el control total de las penitenciarias.Las convirtieron en sus guaridas para seguir ordenando secuestros, extorsiones, sicariatos y tráfico de drogas dentro y fuera de las mismas.Con un poder de fuego superior al de policías y guardias nacionales, los pranes de varias cárceles crearon una red delictiva nacional que actúa con absoluta impunidad.
En los últimos meses hemos visto cómo los tentáculos de El Tren de Aragua han cruzado fronteras llegando a Colombia, Brasil y Perú. Las autoridades de esos países han reaccionado con rapidez pero la preocupación ya es continental.
La función del Estado es enfrentar y ponerle freno a las bandas delictivas. Todo indica que en Venezuela es al revés: el régimen las ampara bajo el manto de la impunidad y hasta las usa en contra de la disidencia, de los que piensan diferente.
Como ha dicho Juan Guaidó en la presentación del Plan País, una de las principales prioridades, después del cambio político urgente y durante la transición, es restablecer el Estado de Derecho y la plena vigencia de la Constitución, a través de un pacto nacional por la vida que permita recuperar el sistema de justicia con policías, fiscales y jueces idóneos que sean garantes del cumplimiento de la Ley, con instituciones fuertes y los recursos que sean necesarios.
