«El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable», dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin al anunciar que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dirigida por Nicolás Maduro en Venezuela ingresa a la lista negra de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros).
El 21 de junio de 2019, la Dgcim detuvo al capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo por supuestas vinculaciones a un complot para tumbar a Maduro del poder. Sin embargo, nunca obtuvo un juicio para probarlo y mientras tanto, recibió un trato que lo llevó a una muerte, el 29 de junio, «producto de politraumatismos», según denunció su abogado Alonso Medina Roa al leer la autopsia.
«El Departamento del Tesoro se ha comprometido a poner fin al trato inhumano del antiguo régimen de Maduro contra los opositores políticos, los civiles inocentes y los miembros de las fuerzas armadas en un esfuerzo por suprimir la disidencia».
El comunicado del Departamento del Tesoro advierte que aunque dos funcionarios de la Dgcim fueron acusados de homicidio en relación con la muerte de Acosta, «esta es solo la muestra más reciente de brutalidad llevada a cabo por una agencia notoria por sus métodos violentos».
EEUU cita Informe Bachelet
También hacen referencia al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y a los de la OEA y Human Right Watch, en la isma dirección de señalar los métodos utilizados por los organismos policiales y de inteligencia del régimen venezolano para extraer información, intimidar y castigar a sus opositores.
El ingreso a esta lista negra de la Ofac supone para individuos y organizaciones el congelamiento de activos, permisos y relaciones económicas con los Estados Unidos. «En este caso, también impide el intercambio de información de inteligencia y deja a Venezuela aún más aislada», comentó una fuente experta en antilavado de dinero a Univision Noticias.
Este miércoles 10 de julio finalmente permitieron el entierro del militar Acosta Arévalo, en medio de irregularidades y fuerte presencia policial.
Su abogado Medina Roa y la diputada Delsa Solórzano denunciaron que el régimen «no solo secuestra vivos sino a los muertos» y la figura bajo la que se realizó el acto funerario se llamó «inhumación controlada», para evitar que familiares y cercanos tuviera acceso al cadáver.
