Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para el resguardo de la integridad del sistema financiero internacional. Entre sus propuestas señala como ejemplo el sistema de prevención utilizado por los notarios de España.
La guía ha sido difundida a los 39 países que conforman este organismo, cuyas sugerencias se toman en cuenta como estándar global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y se consideran de carácter “esencial para la implementación efectiva de los estándares del GAFI por parte de países y profesionales legales”.
El informe afirma que “el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España representa un avance considerable para las autoridades públicas, que gracias a su implementación ahora tienen acceso a una nueva fuente de información valiosa, los índices notariales (una base de datos única con información sobre todos los instrumentos públicos realizados ante notarios en el país). Esta información es procesada de manera integrada y automatizada para detectar posibles operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo”.
Base de Titular Real
Con respecto a la Base de Titular Real (BDTR), creada en 2012, de acuerdo al GAFI: “todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueden consultar la BDTR para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Esto permite que la Unidad de Inteligencia Financiera y las agencias de cumplimiento de la ley obtengan información sobre los propietarios con un porcentaje inferior al 25% (régimen corporativo completo) en las compañías privadas de responsabilidad limitada españolas, en una fecha determinada”.
La BDTR permite verificar de forma veraz a los titulares reales en un 86%, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos, con “información verificada de acuerdo con la transacción de compra y venta de las acciones de las Sociedades de Responsabilidad Limitada Privadas españolas e información basada en un comunicado a un funcionario público (sociedades extranjeras, fundaciones, asociaciones, empresas españolas”.
Igualmente, el documento indica que el Consejo General del Notariado “ha establecido acuerdos con asociaciones de partes sujetas a obligaciones ALD (bancos, cajas de ahorro, empresas de inversión, auditores, abogados, agencias de lotería, instituciones de crédito, etc.)”.
