El “socialismo del siglo XXI” es sinónimo de estatización, centralización y enemistad acérrima hacia la propiedad privada y la empresa (la de los otros, faltaba más). El Estado se transforma en el principal empresario del país y en nombre de un colectivo inexistente, del “pueblo” vacío de contenido, ejerce como “dueño” de las grandes empresas, a las cuales ha convertido en “irrecuperables”. Es su sino.
Además, es banquero, “provee” (es un decir), servicios de salud, educación, electricidad, agua, telecomunicaciones, medicinas y alimentos. También es propietario de hoteles y empresas turísticas, del transporte aéreo y terrestre, de una red de medios radiales y televisivos en el país y Latinoamérica, de los recursos que suministra, discrecionalmente, a los consejos comunales, de salas de juego, hipódromos y emisoras comunitarias. En su insaciable afán de estatizarlo todo, llegó a estatizar un patrimonio público, el Edifico La Francia, perteneciente a la Universidad de Oriente.
La abusiva presencia del Estado en cada intersticio social, opera como una limitante al desarrollo de la empresa. Ésta alcanza el clímax con la urdimbre de controles de cambio y precios, los decretos de inamovilidad laboral y un paquete de leyes que convierte en campo minado el ejercicio de la actividad económica. El control de cambio inutiliza la productividad, no existe mejora de ella capaz de superar el diferencial cambiario entre la tasa de cambio real y la controlada.
Quienes han regentado los recursos, cuya propiedad es de los ciudadanos venezolanos, se han adueñado, vale decir, los han robado para beneficio propio. El control de cambio ha sido transformado en un formidable mecanismo de hurto generalizado. Cada Bolívar esquilmado a los ciudadanos se resta a los derechos humanos, a la salud, la educación, las medicinas, las viviendas de interés social, etc. Ese inmenso robo lo pagan los venezolanos con una gran hambruna, con escasez y miseria, con muerte.
Como “okupas” se apropian de lo ajeno y lo asumen como su propiedad. El hurto asciende a cifras astronómicas. Pese a las discrepancias en las estimaciones de la magnitud del robo, todas coinciden en que supera los 350 mil millones de dólares.
Indagaciones hechas por periodistas meticulosos, más parecidas a una investigación arqueológica en las páginas de CADIVI, cuando aún se podía acceder a ellas, lograron hallazgos espectaculares. Recuerdo en particular uno que llamó mi atención. Descubrió a algunos miembros del TSJ como accionistas de varias empresas a las cuales les fueron aprobadas las solicitudes hechas. Se trataba de un mismo “grupete” de familiares y amigos, quienes se enrocaban en sus cargos en función de la empresa. Dependiendo de la solicitud aparecían como vocal en unas, vicepresidente o presidente en otras. Desconocemos si tales recursos estaban inflados o si se emplearon en la creación de esas empresas. Tampoco tenemos evidencia de lo contrario, aunque sí “dudas razonables”, pues la escasez de los productos que se suponía que producirían es casi absoluta.
Asombra que quienes persiguieron a la empresa privada, hoy, con lo robado, se presentan como emprendedores, empresarios y propietarios. En realidad, son “sanguijuelas” cuyas fortunas se han hecho, no a la sombra del Estado, sino en y desde éste. En cada ministerio, en cada banco, en cada empresa “pública”, en cada programa como el de los consejos comunales, en los de adquisición de alimentos, con las guías de distribución y en las bolsas y cajas CLAP, ha sido denunciado un negociado.
El “empresario sanguijuela” se distingue por su afán de mostrarse en la vitrina. En este sentido, el caso de Andrade es revelador: costosos caballos, casas y vehículos como una forma de restregarle al mundo su riqueza. A ellos el mercado y la competencia les produce urticaria. Lo suyo es el fast-track con los recursos de los venezolanos. La modalidad de negocio favorita es el soborno y su hábitat natural es el de los favores políticos.
Es proverbial su enemistad a muerte con la calidad, la productividad, la competitividad, la innovación, el desarrollo tecnológico y las personas. Son términos pertenecientes a la ciencia ficción, más propios del ámbito académico al que desprecian absolutamente. Son empresarios de lucro sin fines, unos verdaderos filibusteros. La construcción de un Bowling en medio de la nada puede resultar una buena pista para desentrañar urdimbres enfangadas responsables del hambre y la escasez de los venezolanos. El cliente o el mercado le son ajenos. ¿Para qué trabajar con empresas de gestoría, se preguntan, si las podemos convertir en nuestras unidades de mercadeo y búsqueda de negocios?
El empresario “sanguijuela” es camaleónico y adquiere diversos colores y formas: testaferros, asociaciones, porcentajes, complejas redes de sustitutos. Los negocios se hacen con el responsable de turno y con rapidez, ya que la alta rotación de cargos púbicos así lo exige. Están conformados para adular, carecen de escrúpulos, no los ruboriza, en lo más mínimo, cargar los maletines de gobernadores; sirven igual a un blanco que a un rojo, el único color con sentido es el del dinero. Su papel consiste en ser un buen cortesano. Lo único que les preocupa (tampoco se vaya a creer que se desvelan por ello) es que los demás se enteren y los descubran.
Han oído hablar de la ética y saben perfectamente que juega en un campo contrario al suyo. Están dispuestos a atacar el sustrato de la empresa, llegar a desconocer el derecho de propiedad, si con ello mantienen sus negocios. El “empresario sanguijuela” se cuela en las instituciones empresariales y en los ministerios.
El otro empresario, el emprendedor, crea valor y reclama, por el contrario, mayores grados de libertad y una severa reducción de las interferencias del Estado, cuya volatilidad y excesiva presencia los agobia al punto de obligarlos a cerrar su negocio. Por ello, demanda la flexibilización del marco que regula el mercado laboral, la eliminación de la discrecionalidad y exige que se garantice la seguridad jurídica.
De lo dicho extraemos tres importantes conclusiones. Los verdaderos empresarios y emprendedores han hecho enormes esfuerzos para mantener operativas sus empresas y evitar el despido de los trabajadores en un contexto hostil a la empresa y el mercado. Cuando acabe la pesadilla será necesario hacer un reconocimiento a este esfuerzo: premiar al emprendedor y desestimular al “sanguijuela”.
Una segunda conclusión consiste en la necesidad de desarrollar un nuevo marco de políticas amigables con la propiedad, la empresa, el mercado, la competencia y la productividad. En un texto reciente del economista Antonio Paiva (¿Co-gestión con el Estado o subordinación ante el Estado?), el autor retrata la relación tortuosa del Estado con y contra la empresa. Esperamos que los empresarios, los partidos políticos y el liderazgo social hayan aprendido la lección. Primero con el modelo de sustitución de importaciones y ahora con el totalitarismo del siglo XXI: es preciso colocar al individuo y la empresa en el centro de la agenda.
Para lograrlo es necesario crear un marco de políticas e instituciones que acaben con la adulación y la subordinación de la empresa al Estado. Esto no será fácil y contra ello conspira el legado del socialismo del siglo XXI: un país en ruinas, los escombros de un tejido empresarial y un profundo atraso tecnológico, al cual se añaden instituciones débiles, una cultura del trabajo reñida con la productividad y una extraordinaria deuda social de magnitudes insospechadas.
La reconstrucción del país, por tanto, requerirá de abundantes proyectos, recursos e inversiones nacionales e internacionales. Por tal motivo, importa mucho la participación de las organizaciones privadas y de la sociedad civil en todos los mecanismos que será necesario crear para dar inicio a la invitación a invertir en el país.
La tercera conclusión es, en realidad, una convocatoria a una participación más activa de la diáspora y de sus redes en identificar los recursos hurtados a los ciudadanos, invertidos en todo el mundo. Quienes han robado lo han hecho pensando en colocar sus recursos a buen resguardo en países y paraísos fiscales, en grandes “lavanderías de dinero” y toda suerte de nuevos mecanismos y monedas. Es necesario recuperar lo robado y documentar, denunciar y difundir lo ocurrido. Los casos de Odebrecht, PDVSA, sector eléctrico y Cadivi, muestran la complejidad del fenómeno.
La Ley de Recuperación de Activos producto de la corrupción, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, persigue como objetivo repatriar dineros robados a Venezuela. En la formulación de la Ley ha sido importante el apoyo recibido del Banco Mundial y la ONU y de su iniciativa STAR, cuyo propósito es incorporar en las legislaciones de países desarrollados y de menor desarrollo relativo, leyes orientadas a combatir la corrupción. En este terreno se pide a la diáspora profundizar los esfuerzos realizados.
