EEUU prohibió la entrada a dos funcionarios venezolanos, incluyendo esposas e hijos menores, por acusaciones de violación de los derechos humanos, como nueva medida para presionar al régimen de Maduro.
De acuerdo al informe del Departamento de Estado de EEUU, ambos funcionarios: Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de la FAES de la Policía Nacional de Venezuela, e Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la Dgcim, cometieron “graves violaciones de los derechos humanos”. Bastardo y Hernández, ya habían recibidosanciones financieras en febrero.
EEUU señala que el general Hernández cometió grandes abusos en contra de los adversarios de Maduro. Y la muerte del capitán Rafael Acosta quien estaba detenido en la Dgcim, se atribuye a los actos de tortura a los que fue sometido durante su aprehensión.
En el comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo, informó: “estoy designando públicamente a la esposa de Bastardo Mendoza, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios”.
La lista negra de OFAC se alarga
Antes de aplicar estas nuevas sanciones, EEUU congeló activos, permisos y relaciones económicas de los funcionarios con este país, y cuya notificación indicaba: “el Departamento del Tesoro se ha comprometido a poner fin al trato inhumano del antiguo régimen de Maduro contra los opositores políticos, los civiles inocentes y los miembros de las fuerzas armadas en un esfuerzo por suprimir la disidencia”.
La nota también hacía referencia al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y a los de la OEA y Human Right Watch, en la misma dirección de señalar los métodos utilizados por los organismos policiales y de inteligencia del régimen venezolano para extraer información, intimidar y castigar a sus opositores.
