Los cambios legislativos en México continúan expandiendo las herramientas que los fiscales tienen para combatir la corrupción y recuperar activos adquiridos ilícitamente, afirman Luis Dantón Martínes y Juan José Paullada, publica Tha FCPA Blog.
Esto es aún más significativo dadas las recientes acciones procesales importantes contra el ex CEO de PEMEX. Esto parece indicar el giro de México hacia la búsqueda de casos importantes de corrupción, explican los abogados especialistas en la materia.
Confiscación de activos al crimen organizado
Las leyes anteriores permitían la confiscación de bienes siguiendo el espíritu de las Convenciones de las Naciones Unidas de Palermo y Mérida contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y Contra la Corrupción (2004). Estados Unidos, Colombia e Italia, donde los procedimientos de decomiso de activos son exigibles, han incluido la corrupción en sus catálogos de delitos relacionados con el decomiso de activos.
México ahora ha ampliado la conducta que podría provocar la confiscación de activos (crimen organizado, tráfico de drogas y personas, secuestro y enriquecimiento ilícito). Para incluir la corrupción, tanto por parte de servidores públicos como de personas privadas o entidades corporativas.
Ahora también se cubre la ocultación de las actividades del crimen organizado y otros delitos localmente significativos. Se ha incluido el robo de gasolina de tuberías, que en los últimos años se ha convertido en un problema creciente para el país.
Esta reforma también prevé dos cursos de acción legales separados para la confiscación de activos, civiles y penales. Ambos pueden ejecutarse independientemente y tener consecuencias legales separadas. El procedimiento civil en la legislación enmendada está diseñado para conducir rápidamente a la confiscación de bienes. Si el acusado no prueba que los activos fueron adquiridos legalmente, procede la confiscación.
Los especialistas explican que una condena penal no es un requisito previo para el procedimiento civil para determinar la confiscación de bienes. Y el procedimiento civil revierte la carga de la prueba al acusado, no al fiscal. Para demostrar que los bienes sujetos a decomiso fueron adquiridos legalmente más allá de toda duda razonable.
Dos cursos de acción legales separados
Los bienes sobre los cuales las autoridades pueden hacer cumplir estas reglas de decomiso de propiedad incluyen todos los activos tangibles e intangibles. Elegibles para ser propiedad privada de cualquier individuo o empresa.
Estos cambios se reflejaron por primera vez en una enmienda constitucional que tuvo lugar a principios de este año. El Senado aprobó enmiendas y necesitó la promulgación de leyes federales, principalmente la Ley Nacional de Confiscación de Propiedad.
La aplicación retroactiva de la nueva ley probablemente enfrentará desafíos legales, pero eso está más allá del alcance de esta publicación. Los practicantes querrán tener en cuenta en relación con las investigaciones anticorrupción y las acciones de ejecución en México que la confiscación ahora es un remedio que el gobierno puede ejercer, aclaran los abogados.
No hay un estatuto de limitaciones en las nuevas leyes de decomiso para individuos o empresas. Además, la pérdida de activos podría aplicarse retroactivamente al momento en que se llevaron a cabo los actos ilícitos o corruptos.
