El 24 de junio, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), lanzó el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), una nueva herramienta que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detener y combatir la corrupción.
El Índice CCC, evalúa y clasifica a estos países basándose en los métodos que implementan para luchar contra la corrupción, el cual observa 14 variables clave que incluyen: la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo de investigación y el nivel de los recursos disponibles para combatir el delito de cuello blanco.
Primera evaluación
En la primera edición de esta herramienta fueron evaluados Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Como era de esperarse, Venezuela obtuvo el peor de los resultados con un puntaje de 1.71 sobre 10, colocándose en el último lugar, lo que confirma que es un Estado Delincuente, al que no le «interesa combatir la corrupción porque vive de ella», señaló el periodista César Miguel Rondón en su programa especial: «Jinetes de la corrupción».
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En las tres subcategorías (que engloban las 14 variables) que se toman en cuenta para la evaluación, Venezuela obtuvo los siguientes resultados: Capacidad legal=1.21, Democracia e instituciones políticas=1.43 y 4.35 en Sociedad civil, medios de comunicación y sector privado, arrojando como puntaje general=1.71.
El índice se basa en información extensiva y en una encuesta realizada por expertos anticorrupción de Control Risks, firma especialista en consultoría de riesgos.
“Una oleada anticorrupción ha arrasado América Latina en los últimos cinco años, llevando a figuras poderosas a la cárcel e impactando en los resultados electorales. El Índice CCC nos da una herramienta comparativa para entender mejor este fenómeno y para destacar por qué algunos países han tenido mayor éxito al enfrentar el problema de la corrupción sistémica”, afirmó el director de políticas públicas de AS/COA.
“Con el tiempo, mayores niveles de aplicación de la ley en la región llevarán a las compañías a investigar delitos y a invertir con mayor fuerza en medidas de cumplimiento, las cuales reforzarán la creación de un ambiente de negocios más transparente”, añadió.
