La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es el diputado Freddy Superlano, estima que hay más de 20 casos de investigación sobre corrupción, que involucran al Mayor General Carlos Osorio y el actual gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres.
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El 20 de abril de 2016 la AN declaró la responsabilidad política a Osorio, por supuestos ilícitos durante su gestión como Ministro de Alimentación. El 28 de abril de ese año, el legislativo también procedió contra el ministro en funciones para ese entonces, Rodolfo Marco Torres, y le fue aprobado un voto de censura en medio de una creciente escasez de productos alimenticios y acusaciones por corrupción.
Ante este hecho, Maduro dictó un decreto mediante el cual impidió al Poder Legislativo ejercer su función de control político a través del mecanismo constitucional del voto de censura.
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«Gracias a las evidencias con las que contamos, logramos iniciar contactos con las autoridades de diferentes jurisdicciones donde se identifican pagos de comisiones a familiares y otras personas por la importación con sobreprecios y de forma ilícita de alimentos así como de productos para la corporación CASA, MERCAL y PDVAL, en las que Osorio y Torres se desempeñaron como responsables», señaló Superlano.
El parlamentario explicó que el régimen de Maduro, no puede eliminar una potestad constitucional del Parlamento «como lo es el artículo 187, numerales 3 y 10. La ausencia del estado de derecho en Venezuela hace que tengamos que solicitar la asistencia judicial y administrativa de los países que reconocen el gobierno legítimo encargado a los fines de denunciar en ellos a estos funcionarios y sus complices».
Superlano explicó además, que «en Venezuela, con el gobierno usurpador y su camarilla de generales que lo defienden, en vez de perseguir la corrupción, lo que hacen es fomentar el delito. Esto revela que en nuestro país el derecho y la justicia son usados al revés, no para sancionar al corrupto sino para castigar al que lo denuncia; no para dar derechos a los ciudadanos y castigar al que se los quita, sino para premiar a este último y darle más poder. Ese es el caso del M/G Osorio, uno de los grandes responsables de nuestra actual escasez de alimentos y de los grandes robos como el trajico caso de la comida en Containers podrida en puertos de Venezuela importada de Brasil y Argentina en su momento».
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«Desde la Comisión que me corresponde representar, aún cuando me encuentro en el exterior, llevaré a cabo todas las diligencias pertinentes a fin que esta medida política adoptada en la Asamblea Nacional desde el 2016, tenga consecuencia judiciales en los países miembros del Grupo de Lima, quienes han demostrado interés en cooperar para combatir la corrupción», añadió.
Las investigaciones en torno a esta trama de corrupción, apuntan al pago de comisiones por parte de empresas panameñas de maletín, «que no es más que el uso de nombres de compañías reconocidas en el ámbito alimenticio a nivel mundial, donde estarían vinculados los cuñados de este Mayor General que actualmente es responsable del ZODI Central en Venezuela. Esas compañías son Corp Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA , Shanghai Trade Development, Alimentos Universal Trading Inc., Atlas Systems International Inc, M & V Trading International Inc, All Food Universal Corp., Frigorífico Concepción SA, Frigomerc SA, Frigorífico Agrofrio SA, JA Comercio de Géneros Alimenticios LTDA, Michi Foods – Producao, Comercio, Distribuicao, Importacao e Expotacao de Alimentos LTDA, Perdigao Agroindustrial Group Inc, Shanghai Trade Development, donde participan un ciudadano origen sirio de nombre de Niman Wakil, así como los venezolanos Wladimir Herrera y José Vicente Martins, quienes se hicieron con más de 500 millones de dólares por medio estas irregularidades y habrían pagado sobornos a funcionarios públicos en el extranjero».
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Estas informaciones, «permiten solicitar una investigación por legitimación de capitales, delincuencia organizada transnacional y soborno de funcionario público extranjero en las diversas jurisdicciones involucradas, para impedir que por falta de justicia en Venezuela los reponsables queden impunes».
