Jong Woo Son (23 años), ciudadano de Corea del sur, fue acusado de nueve cargos en EEUU por el mayor mercado de explotación sexual infantil «Welcome To Video». Son, fue imputado también en Corea del Sur, donde se encuentra actualmente cumpliendo su condena.
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De acuerdo a las autoridades, otros 337 usuarios de la red residen en Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Florida, Georgia, Kansas, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Utah, Virginia, el estado de Washington y Washington, DC, así como el Reino Unido, Corea del Sur, Alemania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la República Checa.
«Los sitios Darknet que se benefician de la explotación sexual de niños se encuentran entre las formas más viles y reprensibles de comportamiento criminal», señaló el Departamento de Justicia. “Esta Administración no permitirá que los depredadores infantiles usen espacios en línea sin ley como escudo».
«Los niños de todo el mundo están más seguros debido a las acciones tomadas por las fuerzas del orden público estadounidenses y extranjeras para procesar este caso y recuperar fondos para las víctimas…Continuaremos persiguiendo a esos delincuentes dentro y fuera de la Darknet en los EEUU y en el extranjero, para asegurarnos de que reciban el castigo que merecen sus terribles crímenes».
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Los agentes especiales lograron detectar la ubicación del servidor Darknet, el administrador del web site y la ubicación física en Corea del Sur, a través del rastreo de las transacciones de bitcoin. “Esta empresa criminal a gran escala que puso en peligro la seguridad de los niños en todo el mundo ya no existe».
La operación resultó en la incautación de aproximadamente ocho terabytes de videos de explotación sexual infantil, que es una de las mayores incautaciones de este tipo. «Welcome To Video» ofreció estos videos a la venta utilizando la criptomoneda bitcoin, cuya capacidad era de «al menos un millón de usuarios».
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Las cuentas en moneda virtual que rastreó la policía, aparentemente las utilizaron 24 personas en cinco países para financiar el sitio web y promover la explotación de niños. «La demanda de decomiso busca recuperar estos fondos y, en última instancia, a través del proceso de restauración, devolver los fondos ilícitos a las víctimas del delito».
La operación ha permitido el rescate de más de 23 víctimas menores que residen en los Estados Unidos, España y el Reino Unido, y que los usuarios del sitio estaban abusando activamente de ellas.