A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y de la conexión, posterior a 1999, de muchos oficiales altos y medios de las fuerzas armadas venezolanas con el narcotráfico. Según algunas opiniones el término fue utilizado desde el año 1993. Al margen de quién o cuándo se lanzó el término, en lo que todos coinciden es que su nombre se refiere a las insignias de soles que distinguen los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuatro soles en las insignias o charreteras para la más alta jerarquía de General en Jefe, tres soles para el grado de Mayor General, dos soles para el General de División y un sol para el General de Brigada. Así lo reseña el escritor Marcos Tarre Briceño para una investigación exclusiva de Infobae.
Por otra parte, cártel es el término con el que, por lo general se identifica a una gran organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico. Típicos ejemplos de “carteles” han sido, por ejemplo, el Cartel de Medellín, el cartel de Cali en Colombia; o en México el Cartel de Sinaloa o el Cartel del Golfo. Estos carteles implican estructuras piramidales y jerárquicas claramente definidas, una jefatura visible, con permanencia en el tiempo y variedad de funciones, que pueden abarcar desde el refinamiento de cocaína en laboratorios hasta la colocación de la droga en los grandes mercados de Estados Unidos o Europa.
En el caso del “Cartel de los Soles” no se trata de una organización rígida y permanente, sino de redes que se instrumentan para la gestión de uno o varios envíos de cocaína desde Venezuela hacia al exterior, en el que intervienen directa o indirectamente oficiales activos o retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, bien sea amparados por los cargos que ocupan o por sus contactos. Por esta razón es inapropiada la designación de “cartel” aunque se haya popularizado en Venezuela y a nivel internacional.
En la Guardia Nacional venezolana, cuarto componente de las fuerzas armadas, creada en 1937 con funciones específicas de resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos, instalaciones petroleras y parques nacionales, ampliadas a lo largo de los años a orden público, tráfico de drogas, seguridad ciudadana y secuestros, se instauró al correr el tiempo un sistema de corrupción vertical. En algunas zonas delicadas del país, los altos oficiales de la GN crearon una escala de sobornos práctica y operativa. Tropas, suboficiales y oficiales en el campo se reparten un 30% de los sobornos, los oficiales intermedios un 20% y el alto oficial un 50% de las “comisiones”. Esto funcionó, por ejemplo, para el paso de miles de vehículos robados en Venezuela hacia Colombia en los años 80 del siglo pasado, para el tradicional contrabando de licores o cigarrillos desde las islas del Caribe hacia las costas venezolanas o para la evasión fiscal de contenedores de mercancía importada en los puertos.
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Estos esquemas de corrupción en la Guardia Nacional existían antes de 1999, nunca fueron bien combatidos ni erradicados, y parecen haber servido de “modelo y ejemplo” de corrupción, tanto para otras áreas controladas por la Guardia Nacional Bolivariana, así como para los otros componentes de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales venezolanos.
Pero los grandes negocios del “Mal llamado Cartel de Los Soles” comienzan cuando iniciando su gobierno en 1999, el presidente Hugo Chávez envía a Colombia a oficiales de las fuerzas armadas a negociar casos de secuestros de venezolanos en manos de las FARC o del ELN y allí las bandas terroristas colombianas, por las cuáles el presidente venezolano sentía marcada simpatía, les explican que el “gran negocio” no son los secuestros sino el tráfico de cocaína, que para ese momento la FARC comenzaba a dominar en Colombia y que obtener vía franca a través de Venezuela sería una jugada estratégica determinante para mantener el financiamiento del conflicto interno en Colombia, causar mayor daño a la sociedad consumista y drogadicta norteamericana y de paso, les dejaría a estos oficiales unos cuantiosos porcentajes de cientos de miles de dólares para su usufructo personal.
Desde la primera presidencia de Hugo Chávez, rompiendo los juramentos y principios más elementales, los diferentes y sucesivos jefes de lo que se llama el Alto Mando Militar permitieron y aceptaron la entrada al país e intromisión de asesores y oficiales cubanos para establecer la nueva doctrina militar y dirigir operaciones de inteligencia; así como el establecimiento de destacamentos armados de las FARC colombiana en territorio nacional. A partir de los acuerdos de paz firmados en La Habana, la FARC ha sido reemplazada por destacamentos del ELN, a los que el régimen de Nicolás Maduro le ha entregado el control de territorios en el estado Bolívar y otras zonas del país. A raíz del llamado a las armas de una minoría de las FARC que denuncia el proceso de Paz, dado a conocer el 30 de agosto pasado y liderizado por Iván Márquez, el reagrupamiento de este grupo armado junto con el ELN, en territorio venezolano y contando con el abierto apoyo del gobierno de Nicolás Maduro. Para los oficiales de las fuerzas armadas, aceptar y permitir que en su territorio operen libremente grupos armados de otro país y que además actúen contra la población civil, constituye la peor de las traiciones a los principios y valores castrenses. Pero las dudas atormentan a diario a la oficialidad media y alta de las fuerzas armadas bolivarianas.
-Mi general, hemos confirmado la presencia de irregulares en las inmediaciones de Mapire…
-Está bien, capitán, descanse… Páseme el informe de operaciones y pasado mañana se viene para el comando para que conversemos.
-Pero, mi general, si me autoriza podemos interceptarlos en…
-Ricardito, además de ser mi mejor capitán, eres mi ahijado. Yo le prometí a tu mamá que te iba a cuidar…
-Pero, mi general…
-Te estoy cuidando, Ricardito. Tienes una brillante carrera, un buen porvenir… Yo pasaré el informe a la superioridad y esperamos instrucciones…
-Mi general, estas operaciones hay que hacerlas en caliente.
-Óyeme, Ricardito… A mí me faltan dos años para pasar a retiro, no quiero vainas ni peos… Que decidan en Caracas. Si ellos dicen que no hagamos nada, no hacemos nada. Y esto te lo digo por la confianza y respeto que existe entre nuestras familias… Algún día estos malos tiempos pasarán.
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En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coexisten cuatro tipos de oficiales. Una minoría que no alcanza al uno por ciento, que se beneficia de forma desmesurada y casi grotesca, de las actividades criminales, de corrupción o que consiguen a través del abuso de sus privilegios. Otra minoría, de un 10% de oficiales que, si bien no participan del festín criminal, actúan en beneficio propio, son cómplices por omisión, por dejar hacer o mirar hacia otra parte “cumpliendo órdenes”; un 60% lo constituyen oficiales institucionales, que tratan de “pasar agachados”, de cumplir sus tareas sin llamar la atención, de centrarse en la realización profesional, de focalizarse en lo técnico y tratando de no caer en abusos, excesos o ilegalidades esperando que los tiempos cambien, muchos de ellos en la fuerza aérea o la armada; y cerca del 30% restante son oficiales no conscientes, que no se involucran ni les importa lo que ocurra en el país o dentro de su componente y les basta con los beneficios legales que gozan por ser militares. Pero todos, incluyendo a sus familiares directos, están monitoreados, supervisados y examinados con lupa por la temible Dirección General de Contrainteligencia Militar y los especialistas cubanos, pendiente de la más mínima sospecha para arruinarles la vida.
Sobre este complejo e inestable conglomerado, desde el 2014 manda el ministro de la Defensa, mayor general Vladimir Padrino López, asegurando la represión armada que La Cúpula le requiera, velando para que los diferentes grupos de oficiales puedan saciar sus expectativas, tanto las legales y profesionales, como las criminales y acumulando fortuna personal manejando toda la logística operativa de los cuarteles. En el 2015 a Padrino López le tocaba pasar a retiro, pero ha sido ratificado año tras año por Nicolás Maduro. Un alto Oficial que por razones obvias no quiso revelar su identidad, interrogado sobre el ministro, mantiene un ambiguo razonamiento:
-¿Vladimir Padrino participa en operaciones de narcotráfico?
-¿Mi general Padrino? No, nunca…
-¿Pero, él sabe que altos oficiales están traficando cocaína o gasolina?
-Bueno, sí, positivo, él tiene conocimiento de eso…
-¿Y Padrino no hace nada al respecto?
-No, mi general no hace nada.
-¿Entonces, el ministro Padrino es cómplice de todo eso?
-Bueno, cómplice… Decir cómplice es como decir mucho…
-¿Y entonces cómo lo calificaría usted?
-No sé… Es mi general Padrino.
A partir del año 2002, entre una corrupta alta oficialidad venezolana empieza la danza de los millones. Contaban con el visto bueno presidencial y gozaban de impunidad casi absoluta dentro del territorio venezolano. Pero los oficiales estaban sujetos a una casi obligada rotación anual en los cargos y muy pocos ocupaban funciones determinantes relacionadas con el narcotráfico, como ser jefes de zonas fronterizas, tener a su cargo los radares, las aduanas, el patrullaje marítimo, o los territorios sensibles del Alto Apure. En esa designación de los cargos jugó un papel importante, en su momento, Diosdado Cabello, cuyos compañeros de promoción habían ascendido en la jerarquía militar. Los altos oficiales corruptos ampliaron sus operaciones, dependiendo del sitio y cargo que les designaran y sumaron a sus actividades ilícitas el contrabando de gasolina hacia Colombia, operación altamente rentable y mucho menos vigilada internacionalmente que el tráfico de cocaína.
Por otra parte, para consolidar el apoyo militar a su gobierno, al llegar a la presidencia, Nicolás Maduro comienza a ceder más y más áreas ejecutivas al estamento militar. Todo el aparato de seguridad del Estado, desde el año 2013 hasta el presente, está en manos de altos oficiales activos; un conglomerado de más de 20 empresas estatales pasan a ser dirigidas por altos oficiales. En Venezuela hay cerca de 2.000 oficiales con jerarquía de general o almirante, cuando por ejemplo en los Estados Unidos son 900 y en China, con el ejercito más numeroso del mundo, sólo 190.
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Además de participar en casi todas las estructuras de la Administración Pública, a raíz de la sentencia 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia dictada en el 2016, las empresas del Estado no pueden ser controladas o fiscalizadas por la Contraloría General de La República ni por ninguna otra institución, otorgando así una puerta abierta a la corrupción e impunidad.
En el 2016, luego de la derrota oficialista ocurrida en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, La Cúpula tenía que neutralizar rápidamente a la opositora Asamblea Nacional, tomando medidas claramente ajenas al orden constitucional, pero que fueran aceptadas por el estamento militar. Esto se logra entregando a “los militares” dos nuevas y jugosas áreas de negocio: el llamado Arco Minero y el control de los alimentos. En paralelo al manejo legal, surgen o se potencian en el campo minero decenas de cooperativas explotaciones ilegales de oro, diamantes, coltán y otros minerales preciosos en el Sur del país; y en el campo de los alimentos se designa a un general para que maneja a cada uno de los rubros de importación o producción: los pollos, los huevos, la carne, la harina, las patatas, los tomates, el plátano…
En Venezuela miles de personas hurgan las bolsas de basura buscando algo de comer, niños mueren por desnutrición, pero en algunos supermercados o “bodegones de delicatesses” exhiben cualquier producto importado y lo venden a tres o cuatro veces su precio internacional; y por lo general, éste reducido pero muy rentable mercado lo manejan militares o comerciantes asociados con ellos.
En noviembre de 2017, para consolidar su Poder, el mal llamado Cartel de Los Soles recibe también la dirección de la estatal PDVSA. Si bien no se puede hablar de “un cartel” dentro del componente militar y a niveles jerárquicos inferiores existen serias diferencias y múltiples tendencias en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los suboficiales y la tropa simplemente obedecen. El Alto Mando, es decir, la máxima jerarquía militar juega en comunión de intereses con “La Cúpula.”
El Alto Mando militar actualmente está integrado por:
General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa.
Almirante Remigio Ceballos Ichaso, comandante del CEO-FANB desde junio de 2017.
Mayor General Fabio Enrique Zavarse Pabón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana desde el 7 de julio de 2019.
Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, comandante del Ejército desde el 7 de julio de 2019.
Almirante en Jefe Guiseppe Alessandro Alessandrello Cimadevilla, comandante de la Armada desde julio de 2018.
Mayor General Pedro Alberto Juliac Lartiguez, comandante de la Aviación desde julio de 2018.
Mayor General Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante de la Milicia desde el 7 de julio de 2019.
El mal llamado Cártel de Los Soles, maneja actualmente, bien sea como operador o por cobrar porcentajes a terceros que las operan, las siguientes actividades ilícitas: Macrotráfico internacional y abastecimiento al microtráfico nacional, contrabando de gasolina, minería irregular, explotación de madera, reventa de productos regulados, tráfico de armas y municiones en el sistema carcelario... Es tal el afán, la desesperación por lucrarse e impunidad permitida, que oficiales de la Guardia Nacional Bolivarianas, convirtieron la represión y el control del orden interno en un nuevo negocio, pidiendo rescate a las familias por los muchachos y estudiantes detenidos en las protestas de calle o manifestaciones ocurridas durante la rebelión de febrero a julio de 2017.
Como reflejo formal del interés compartido con La Cúpula, el ministro de la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López tuvo que arrodillarse, en el sentido exacto de la palabra, ante el anciano dictador Fidel Castro el 5 de septiembre de 2015 en La Habana, en una especie de “unción” o de aceptación de los pactos establecidos.
El “Mal llamado Cartel de Los Soles” es responsable directo de las muertes cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, DGCIM, durante las protestas del 2014 y del 2017; de los mal tratos y torturas cometidas en los centros de detención castrenses y de los ilegales juicios militares ordenados contra civiles.
La Cúpula y el “Mal llamado Cartel de Los Soles” mantienen una relación de interdependencia, se necesitan mutuamente para mantenerse en el Poder, para que no caiga la dictadura de Nicolás Maduro y que la minoría de altos oficiales corruptos que conforman el Alto Mando Militar siga amasando fortunas. Ambos saben que si se debilita aún más y cae el régimen, el futuro personal de cada uno de ellos será la cárcel, el exilio en un inhóspito país o vivir escondido el resto de sus vidas.