En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump reafirmó recientemente el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo venezolano y afirmó: «El día cuando se restablezca la democracia, Venezuela será libre».
Esta complicada saga comienza con una dudosa transacción financiera.
En 2016, el régimen de Maduro con problemas de liquidez propuso un acuerdo con algunos tenedores de bonos de la compañía petrolera estatal PDVSA para cambiar sus bonos por otros nuevos con vencimiento en 2020. Como garantía, Maduro prometió a estos acreedores el 50,1% de Citgo, la antigua empresa estadounidense de refinación que PDVSA había adquirido en 1986 con la esperanza de desarrollar mercados estadounidenses para la producción de crudo pesado de Venezuela.
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Cuando Maduro propuso el canje de bonos hace varios años, la Asamblea Nacional de Venezuela, actualmente el único organismo elegido democráticamente en el país, advirtió explícitamente que cualquier acuerdo alcanzado sin la aprobación de la legislatura sería nulo. Además, permitir que el acuerdo se lleve a cabo ayudaría a Maduro a mantener su control autoritario sobre el poder, perpetuando el sufrimiento de los venezolanos.
Dados los problemas legales y de derechos humanos, muchos inversores se mantuvieron alejados, pero algunos consideraron que las primas de alto riesgo eran demasiado buenas para dejarlas pasar, y le dieron al régimen un salvavidas.
Mientras tanto, este año, después de que el gobierno de los Estados Unidos reconoció al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino legítimo de Venezuela, los tribunales estadounidenses permitieron que una junta designada por la administración de Guaidó tomara el control de Citgo. Desde entonces, un equipo altamente calificado ha estado trabajando duro para implementar una gestión adecuada del negocio y mejorar su rendimiento. Citgo es ahora, con mucho, el activo más importante disponible para Guaidó y sus aliados, y eventualmente podría proporcionar la base para la recuperación económica en una Venezuela posterior a Maduro.
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Sin embargo, este otoño, con PDVSA a punto de incumplir los bonos de 2020, los acreedores de Maduro podrían apoderarse de Citgo bajo una exención de sanciones poco conocida emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos conocida como Licencia General 5 (GL5). Las sanciones estadounidenses impuestas a Venezuela prohíben cualquier transacción con sede en los Estados Unidos que involucre activos venezolanos, pero GL5 otorgó a los tenedores de bonos PDVSA 2020 una exención especial. Irónicamente, esta exención, establecida antes de que Guaidó asumiera el control de Citgo, parece haber tenido la intención de maximizar la presión financiera sobre el régimen de Maduro y acelerar su desaparición. Pero si estos acreedores se salen con la suya, puede tener el efecto contrario.
Más allá de las implicaciones para la oposición venezolana, la captura de Citgo podría dañar a los Estados Unidos. Citgo es la quinta refinería independiente más grande del país y brinda miles de empleos en lugares como Illinois, Louisiana y Texas.
Además, Citgo es fundamental para el objetivo explícito de la administración de Trump de restaurar la libertad, la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Si se permite dividir a Citgo para beneficiar a los tenedores de bonos, Guaidó perdería un activo vital y se debilitaría, y el régimen de Maduro se fortalecería. Eso sería un revés terrible y socavaría todo lo que la administración estadounidense ha trabajado para lograr con su política venezolana.
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Aunque la historia es complicada, la solución es fácil. El gobierno de Trump podría revocar o suspender GL5 para que las sanciones de los Estados Unidos se apliquen por igual a todos, sin una exención especial para los acreedores de PDVSA 2020. Pero debe actuar con prontitud, antes del 27 de octubre, cuando PDVSA deba pagar 913 millones de dólares a estos tenedores de bonos. De esa forma, incluso si el reclamo de estos acreedores continúa, no tendrían un privilegio especial para los activos de Citgo.
Algunos grupos de presión del sector financiero han argumentado que la administración no debería elegir bandos en la batalla por Citgo. Pero al dejar GL5 en su lugar, la administración en realidad estaría eligiendo lados contra muchos otros acreedores. ¿Por qué poner a estos tenedores de bonos por delante de los demás?
