El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de desarrollo minero masivo que bautizó como el ‘Arco Minero del Orinoco’. Hasta ahora, esta legislación no parece más que un “marco legal” que regula un sector que realmente funciona sin control. Así lo reseña Bram Ebus para Runrun.
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Los inversores extranjeros se mantuvieron alejados mientras que la minería ilegal incrementó desenfrenadamente.La degradación ambiental causada por la extracción de minerales no regulada y los conflictos por el acceso a estas valiosas tierras ya ha desplazado a la población a la fuerza, mientras que el colapso económico a nivel nacional y la consiguiente disminución del empleo y los ingresos han llevado a otros a aventurarse en la región minera sin ley al sur del río Orinoco.
Muchas de las tierras que se explotan agresivamente son el hogar de grupos indígenas, que a menudo se ven privados de sus medios de vida y medios de supervivencia. Las estrategias alternativas de supervivencia a menudo significan participar en economías mineras ilegales, ya que la moneda nacional, que casi no tiene valor por la hiperinflación, ha llevado a la aceptación del oro como una alternativa al efectivo, o unirse a los grupos armados no estatales que dirigen las regiones ricas en minerales.
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La presencia de grupos armados extranjeros y venezolanos ha sido tolerada por el gobierno, lo que resulta en una pérdida de soberanía sobre vastas extensiones de territorio, mientras que los ingresos provenientes de recursos aumentan la influencia de actores violentos. Estos últimos incluyen sindicatos delictivos locales, llamados simplemente “sindicatos”, así como elementos corruptos del Estado.
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El hecho que se hayan creado estas economías paralelas basadas en el oro, permitió que los elementos criminales con control sobre los recursos convirtieran estas economías informales en capital social y político.
