El Departamento de Estado ha completado su investigación del uso de un correo electrónico privado por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton y según el informe, los investigadores “no encontraron pruebas persuasivas de mal manejo sistemático y deliberado de información confidencial” con lo que parece cerrarse un caso que ha perseguido a la ex candidata demócrata desde antes de la campaña de 2016.
Sin embargo, en el reporte se aclara que el uso de un correo privado por parte de Clinton acrecentó la vulnerabilidad de la información confidencial.
El tema fue objeto de una investigación del FBI, al final de la cual el entonces director de la agencia, James Comey, ofreció polémicas declaraciones en las que aunque exculpaba a Clinton sugería que hubo algún mal manejo en el protocolo de comunicaciones. Las intervenciones de Comey ( una a tan solo pocos días de las elecciones reabriendo temporalmente el caso) fueron determinantes en la derrota de la demócrata ante Donald Trump, según el análisis de algunos (entre ellos la candidata derrotada).
Esta otra investigación interna del Departamento de Estado, iniciada hace más de tres años, también encontró violaciones por parte de 38 personas, empleados retirados o en activo del Departamento de Estado, que en algunos casos podrían sufrir sanciones disciplinarias.
Según el informe final, esas 38 personas eran “culpables” en 91 casos del envío de información confidencial que fue a parar al correo personal de Clinton, de acuerdo con una carta enviada al senador republicano Chuck Grassley y difundida el viernes.
De forma general, el informe citó «casos de transmisión de información clasificada inapropiadamente», pero señaló que la gran mayoría de los analizados «conocían las políticas de seguridad e hicieron todo lo posible para implementarlas».
Durante la investigación se analizaron 33,000 mensajes que Clinton entregó cuando el uso de su cuenta privada de correo tomó estado público. El departamento dijo que encontró 588 violaciones respecto a información considerada confidencial entonces o ahora, pero que no pudo asignar culpas en 497 casos.
Para los funcionarios retirados o en actividad, la culpabilidad significa que las violaciones serán inscritas en sus hojas de servicio y serán tenidas en cuenta al solicitar o renovar sus credenciales de seguridad. Los funcionarios activos podrían sufrir sanciones, pero no se ha esclarecido en qué consistirían.
