EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse en otros terrenos, con demasiados frentes abiertos. Algunos se dilucidarán en instancias judiciales, con diferentes actores involucrados, en lo que puede ser una costosa batalla jurídica.
La estrategia legal de Víctor Vargas, el llamado banquero rojo, parece copiada del manual de acciones de calle del chavismo: si la alternativa democrática organiza una manifestación, el régimen organiza otra, no importa si es pequeña, lo importante es ir a la ofensiva.
Vargas lo hizo antes cuando el Banco Central de Curazao le quitó la licencia bancaria que se le había otorgado, y puso a correr la tesis según la cual días antes había acordado una liquidación voluntaria. No importaba que eso no procediese, por cuanto la liquidación de un banco tiene que ser aprobada con antelación por la misma autoridad que le otorgó la licencia.
La misma rutina la repite ahora. Cuando el Banco Central publica la liquidación del Banco del Orinoco, el grupo financiero BOD anuncia que recurre al arbitraje internacional acusando al Banco Central de actuar de forma discriminatoria.
Cuando la Sudeban en Venezuela restablece medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento, argumenta que se trata de una medida rutinaria. No importa que contra el banco existan acusaciones muy graves, como el uso de información falsa para ocultar los problemas financieros de la institución. Lo importante de nuevo es la foto, el titular, la contra-noticia.
En realidad no es algo muy sofisticado, es la misma estratagema que utiliza el enemigo de lo ajeno que grita “¡Allá va el ladrón, agárrenlo!”, para desviar la atención de sus fechorías.
Sin embargo, mas allá de la picaresca, la estrategia legal de Vargas plantea algunas interrogantes, con varias implicaciones para los diferentes agentes involucrados y de las que pueden derivarse algunas lecciones.
El frente curazoleño
La legislación de Curazao, en materia de supervisión bancaria, es compleja.
Mientras en otras partes la autoridad regulatoria disfruta de cierta autonomía, una decisión como la intervención de un banco, que en otras jurisdicciones es una decisión autónoma – bien se trate de la superintendencia o el Banco Central – en Curazao requiere de la autorización de una instancia judicial.
La secuencia de eventos en Curazao es la siguiente: Durante al menos dos años, el Banco Central de la isla había estado monitoreando de cerca las actividades del Banco del Orinoco. Reclamos recurrentes de depositantes, instrucciones no cumplidas, dudas sobre los custodios de valores, fallas en procedimientos básicos, eran temas recurrentes.
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
El anterior Presidente del Banco Central, Emsley Tromp, el mismo que ahora funge de asesor de Vargas en su anunciada pelea contra las actuales autoridades, habría actuado de forma negligente ante problemas que en otro ámbito regulatorio habrían activado las alarmas rojas.
Tromp fue acusado de varias anomalías administrativas y fue removido del cargo en octubre del 2017, pero no fue sino hasta abril del 2019 cuando fue promovido el nuevo presidente y es en junio que finalmente se posiciona del cargo.
Bob Traa, es un economista holandés que ha pasado 25 años de su carrera profesional en el Fondo Monetario trabajando en temas de supervisión bancaria y macroeconomía. Junto a él llegó un equipo de profesionales que comenzó a poner orden en los asuntos del banco. Es en ese momento cuando comenzaron los problemas para el banquero rojo.
El frente venezolano
La estrategia legal del banquero en este frente es muy sencilla. Tocar la puerta donde lo escuchan. Primero tenía vara alta en la mas altas esferas, en el ministerio de Finanzas, en el BCV.
Luego sus contactos se fueron reduciendo. Al parecer se comió la luz roja en varios asuntos y no cumplió las tareas encomendadas. Eso explicaría las marchas y contramarchas de las recientes medidas.
Hay funcionarios en Sudeban que quiere enfrentar el problema, pero Vargas les metió un gol con la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ a cargo del militar retirado Juan José Mendoza Jover.
La dificultad para Vargas es que ahora tiene muchos frentes abiertos, escenarios donde no tiene el mismo control que tuvo o todavía tiene en Venezuela.
Un largo historial
Acostumbrado a no cumplir con los requerimientos del regulador, levantar el teléfono y llamar al socio de turno, Vargas tenia un largo historial de asuntos pendientes con la autoridades de Curazao.
Entre ellos, el tema recurrente con las entidades financieras del Grupo BOD: las dudas sobre los custodios y el valor de los activos. Según se señala en los documentos de la corte de primera instancia de Curazao, al que tuco acceso CuentasClarasDigital, Vargas presentó información falsa relativa a las inversiones en valores registradas en sus estados financieros.
El problema de los custodios también ha sido un campo de batalla entre Vargas y las autoridades de supervisión en Venezuela.
Al menos desde 2012, la Sudeban ha mandado instrucciones al BOD para que cambie la custodia de los títulos – que en el caso de Venezuela es el banco de Vargas en Antigua, BOI Bank Corporation – y no ha sido posible materializar el traslado.
Antigua dicta medidas de excepción al BOI Bank de Víctor Vargas
Es difícil encontrar otra institución que tenga un historial de incumplimiento parecido al BOD en Venezuela.
No sólo es el tema de los custodios, algo similar ocurre con las provisiones, la documentación de algunos activos, el cumplimiento del encaje o el registro de algunas inversiones. Basta leer las notas a los estados financiero para comprobar ese largo historial de incumplimiento.
En cualquier otro ambiente regulatorio, desde hace tiempo, ello hubiese significado severas sanciones. Esa misma práctica la exportó Vargas a otras jurisdicciones.
En Curazao tuvo bastante éxito hasta que llegaron las nuevas autoridades del Banco Central. Es por ello que el comunicado de la institución, al referirse a los problemas del Banco Del Orinoco, habla de la “severa disfuncionalidad” que motivó la toma de medidas de emergencia.
Lo mismo pasó en Panamá y también en Venezuela, solo en República Dominicana todavía Vargas disfruta de la «paciencia» de los reguladores bancarios.
Curazao: Tribunal declara quiebra del Banco del Orinoco de Víctor Vargas
En Curazao, el procedimiento de las nuevas autoridades fue expedito.
El 2 de septiembre le retiraron la licencia bancaria y simultáneamente solicitaron a la Corte la imposición de medidas de emergencia, las cuales le fueron otorgadas el 5 de septiembre.
Una vez dentro del Banco del Orinoco, comprobaron lo que se sospechaba: la presentación de documentación falsa y la inexistencia de los activos. Un mes después de las medidas de emergencia, se solicita ante la corte la declaración de bancarrota, la cual fue aprobada el 4 de octubre.
Tal como estipula la legislación de Curazao, a esa audiencia fueron los representantes legales de Vargas y tuvieron la oportunidad de presentar sus alegatos. Sin embargo, de acuerdo al documento emanado de la Corte, “…la declaración de la defensa no ofrece ningún punto de partida para soportar la opinión contraria..”, presentada por el Banco Central, que evidenciaba muy serias irregularidades.
La conclusión del juez, tanto en la primera audiencia como en la segunda – donde la Corte falla a favor de la declaratoria de quiebra – es que existe un hueco en el banco, que el patrimonio no existe y que se presentó información falsa para presentar los activos del BDO, los cuales ni siquiera alcanzan para pagar a los menos de 25 trabajadores que laboran en la institución.
Las primeras batallas
Vargas, pocos días después de la intervención del Banco Central, aparecía muy aplomado haciendo acusaciones contra las autoridades en Curazao. Argumentaba que «la institución financiera del BDO era sólida, que el valor de los activos era muy superior a sus pasivos y que las inversiones del banco podían liquidarse en apenas 60 días».
Argumentaba Vargas que las medidas del Banco Central eran absurdas por cuanto ya los accionistas habían decidido una liquidación voluntaria. Además, para tranquilizar a los depositantes en Venezuela, señalaba que el banco en Venezuela, ya había aprovisionado toda la inversión que tenía en su filial en Curazao.
Sin embargo, esa seguridad parecía mas bien un show mediático.
- Primero, la liquidación voluntaria requiere de la autorización del regulador, es así en Curazao, igual en Venezuela y en muchas otros lugares, donde casi cualquier decisión de los accionistas de un banco tiene que ser aprobada previamente por la autoridad regulatoria.
- Segundo, los accionistas no podían decidir una liquidación voluntaria, cuando días antes se le había notificado la cancelación de la licencia de operación.
- Tercero, tampoco es cierto lo de la provisión de la inversión del BOD en el Banco del Orinoco. Las notas de los auditores confirman que esa provisión aun no se ha hecho, ya que hacerla significaría reducir casi un tercio del patrimonio del banco en Venezuela.
Pero sin duda lo mas importante es la existencia o no de los activos. La seguridad de Vargas en la rueda de prensa, no es la misma que tuvieron sus representante legales. En las dos audiencias, primero para la declaratoria de emergencia y luego para la bancarrota, no tuvieron el mismo aplomo para demostrar la supuesta solidez de los activos del banco.
La estrategia legal
Vargas tiene una chequera capaz de mover a los mejores bufetes y en cualquier disputa judicial eso es una ventaja. En Venezuela puede ser que no pase nada. Pero en otros frentes, está por verse.
Mientras perdía la oportunidad de atajar las decisiones en Curazao y Venezuela, la reacción legal de Vargas fue rápida y arriesgada.
En Venezuela, logró en tiempo récord una sentencia del Tribunal Supremo donde se hace un exhorto a «defender los intereses de los depositantes» y apoyar el proceso de liquidación voluntaria presentado por Vargas, con el supuesto acuerdo del 70% de los depositantes.
La insólita sentencia de la Sala Constitucional del TSJ ilegal «ordena» al Banco Central de Curazao que suspenda el proceso liquidación de activos y adicionalmente comunica a los custodios que se abstengan de aceptar cualquier instrucción emanada del Banco Central para trasladar los títulos valores por ellos custodiados.
Como si esto fuera poco, se completa el mandado ordenando a la autoridad venezolana que suspenda las medidas contra el Banco de Vargas en Venezuela.
Todo ello, con la envoltura legal de un amparo constitucional otorgado favor de un grupo de depositantes, donde Vargas aparece como un banquero solvente acosado por las autoridades de Curazao.
Una especie de jonrón con las bases llenas: aparece como el protector de los depositantes, levanta la medida en Venezuela y además le permite alardear ante las autoridades en Curazao de su poder en Venezuela.
En términos jurídicos, se trata de una decisión disparatada, eso de ordenar a una instancia extranjera que se abstenga de hacer esto o aquello y no tiene consecuencias legales, pero pudiese tener alguna utilidad para Vargas en el camino.
Una implicación práctica inmediata era que levantaba las medidas en Venezuela, beneficio que le duró menos de semana, producto de la nueva resolución de Sudeban.
Aunque se trata de una decisión bajo sospecha que ha generado ruido hasta entre las diversas facciones del régimen, el apoyo del TSJ, aunque sea una institución ilegal, puede soportar algunos de los alegatos de Vargas cuando se presente a una instancia de arbitraje. Eso encadena, precisamente, con la segunda acción del banquero rojo, al recurrir al mecanismo de arbitraje internacional denunciando a las autoridades curazoleñas de haber violado las disposiciones del tratado de inversiones entre Holanda y Venezuela.
Las condiciones del arbitraje
Con la globalización de las transacciones comerciales y financieras, se ha incrementado el uso de mecanismos de arbitraje para resolver disputas entre actores de diferentes países. A nivel internacional hay tres instancias fundamentales a las cuales se recurre para resolver esa disputas: la cámara internacional de comercio (ICC), la comisión internacional de las Naciones Unidas (UNCITRAL) y la corte internacional para resolver disputas sobre inversiones del Banco Mundial (CIADI). Lo primeros dos mecanismos tienen que ser incorporados de forma explicita en el contrato, el último administra disputas que abarcan, por lo general, los tratados de inversión reciproca entre países. La disputa entre Vargas y el gobierno curazoleño entra en ese último mecanismo y refiere al tratado bilateral entre Venezuela y Holanda que entro vigencia en 1993, y al que Venezuela renunció en 2008, con el argumento utilizado por Chávez en su momento de que esos mecanismos de arbitraje favorecían a los países desarrollados.
A pesar de la renuncia por parte de Venezuela, como es usual en esos tratados, cuando un país abandona el tratado, este se mantiene por un periodo adicional. Esto ocurre con el tratado Venezuela Holanda, cuya duración se extiende hasta el 2023. Vargas ha alegado contra el supuesto trato discriminatorio del gobierno holandés y, en efecto, pudiese tener un caso si logra demostrarlo.
El tratado establece que no se puede expropiar o nacionalizar una inversión, a menos que se tratar de acciones para el interés público, las medidas no pueden ser discriminatorias y en todo caso debe pagarse un precio justo.
Una cláusula parecida le ha costado a Venezuela una cifra que supera los 12 mil millones de dólares, en una colección de casos presentados en la misma corte.
En materia financiera, en casos similares a los que plantea Vargas, de bancos que intervenidos o nacionalizados, la frecuencia de uso de esos mecanismos no es muy alta.
Existen dos casos que pueden ser relevantes y que, con seguridad, los abogados de Vargas han estado revisando. Uno de ellos es la disputa entre un inversionista iraní y el gobierno del reino de Baharei (Bank Melli v Bahrain), motivado por la intervención de un banco, y el otro es entre unos inversionistas de Arabia Saudita y el gobierno de Indonesia (Hesham Talaat v Republic of Indonesia), también por la toma de control por parte de las autoridades.
El primero aun no ha sido decidido y el segundo fue desechado por cuanto el gobierno de Indonesia demostró que el inversionista había cometido fraude y había presentado información falsa.
Venezuela tiene una historia de 48 casos en contra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) , 47 de ellos del período de Chávez y Maduro. El costo de las arbitrariedades ha sido considerable: en casos decididos en contra del país, el monto a pagar supera los 12 mil millones de dólares. Todavía hay doce casos pendientes y otros en la cola que no se han presentado, entre ellos la reciente expropiación de Kellogs.
El caso de Vargas sería apenas el segundo de un ciudadano venezolano contra un agente externo, y como otra curiosidad histórica, sería el primero en la historia del Ciadi formulado contra el reino de Holanda.
La demanda de Vargas tiene un largo camino que recorrer. Si en efecto se presenta el caso, algo que no ha sucedido hasta el momento que escribimos esta nota, Vargas tendría que demostrar que las autoridades curazoleñas actuaron de forma discriminatoria.
Pero la secuencia de los acontecimientos no pareciera favorecer los argumentos de Vargas. Tuvo dos oportunidades en la Corte: la primera cuando le solicitaron las medidas de emergencia, y la segunda, con la declaración de bancarrota. Dos escenarios perdidos.
Sin embargo, la clave del caso es la existencia o no de los activos del banco. Si como han dicho la autoridades, se usó información falsa para la presentación de los balances, la solicitud de arbitraje carece de fundamento.
Ciertamente, como en toda disputa legal, el resultado final depende de muchos factores, entre ellos, la calidad de los bufetes y la disposición de los involucrados de participar en una extensa batalla legal. Sin embargo, las estrategia legal de llevar el asunto a un arbitraje, puede tener un resultado desfavorable, tal vez no anticipado por sus equipos legales.
El juego suma cero entre Vargas y el Banco Central de Curacao
El problema es complejo tanto para Vargas como para las autoridades de Curazao. Si los activos existen y no es cierto lo que dicen las autoridades curazoleñas entonces, en un potencial juicio de arbitraje, el gobierno de la isla podría terminar pagando la cuenta del daño patrimonial y el costo para los depositantes de una eventual liquidación del banco.
Si en cambio, es cierto lo que dicen las autoridades y Vargas presentó información falsa, el costo de la factura debe ser a cuenta de los accionistas del Banco del Orinoco.
La legislación bancaria en Curazao es muy clara, si los directores y/o accionistas del banco actúan de forma dolosa, se puede levantar el velo corporativo y deben pagar con su patrimonio las consecuencias de sus acciones.
Habría no sólo un enorme daño reputacional para la autoridad de regulación bancaria de Curazao, si esta no sanciona delitos tan graves como la presentación de información falsa, sino que también tendría que pagar la factura si no es diligente en su defensa en el juicio de arbitraje.
En cierta forma, para las nuevas autoridades del Banco Central, que han dicho en varias oportunidades que se presentó información falsa, no les queda otro camino que producir una acusación formal contra Vargas y los accionistas del Banco del Orinoco.
En esto pareciera plantearse una situación en que la ganancia de uno es la pérdida del otro. En medio de esa situación, por supuesto están los pequeños ahorristas, quienes también son protagonistas anónimos de ese juego estratégico.
Es cierto que las autoridades regulatorias en Curazao han cometido muchos errores, pero quizás uno que no puede cometer ahora es pagar la factura que deja Vargas pendiente. Vargas no solo tiene muchos frentes abiertos, sino que por primera vez comete el error de apostar contra un jugador que no solo puede aplastarlo sino que también tiene los incentivos para hacerlo.
