La Fiscalía de EEUU informó el miércoles en una sala del tribunal en Nueva York, que el narcotraficante mexicano El Chapo, entregó 1 millón de dólares al hermano del presidente hondureño con la intención de hacerlo llegar al propio mandatario. Así lo reseña The New York Times.
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La acusación se produjo en la declaración de apertura de la fiscalía en el juicio por tráfico de drogas de Juan Antonio (Tony) Hernández, el hermano menor del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
El presidente, que no ha sido acusado en el caso, ha sido un aliado del presidente Trump en materia de seguridad e inmigración, pero también se ha enfrentado a una creciente sospecha. Los fiscales de los Estados Unidos alegaron en una reciente presentación judicial que él era parte de la conspiración en la que su hermano fue acusado.
El presidente Hernández, de 50 años, negó cualquier participación en delitos de drogas y dijo que las acusaciones en su contra las hicieron traficantes enfadados por sus políticas y extradiciones contra el crimen. «Todos los hondureños saben que hemos liderado una batalla sin precedentes para liberar al país del control de los narcotraficantes», señaló el presidente.
El miércoles por la noche, después de que los informes de la declaración del fiscal aparecieron públicamente, el presidente Hernández, en Twitter, negó enérgicamente las acusaciones que lo vinculaban con El Chapo, calificándolas de «100% falsas, absurdas y ridículas». Y sugirió que eran «menos creíbles que Alicia en el país de las maravilla».
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El caso, presentado por fiscales estadounidenses, ha sacudido profundamente a Honduras.
Miles de hondureños abandonan su país cada mes, muchos se dirigen a los Estados Unidos, después de la desesperación de no poder construir una vida mejor para ellos en su propio país. La investigación federal de un año de duración, que involucra a la élite política del país, refuerza la creencia de que el gobierno es corrupto y no está trabajando en sus intereses.
Luego de que las acusaciones contra el presidente Hernández se hicieran públicas en una presentación judicial en Nueva York en agosto, los hondureños renovaron las protestas y pidieron su renuncia. Muchos llevaban carteles con sus iniciales, JOH, y la abreviatura del fiscal para el presidente, CC-4, que significa conspirador.
