La desgarradora fiebre del oro que azota a Venezuela volvió a llenar de sangre las calles del país. La noche de este viernes 22 de noviembre un grupo de hombres armados perpetró una masacre en una comunidad minera conocida como Ikabarú, en la Gran Sabana, y dejó al menos cinco personas muertas, entre ellos un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana e indígenas pemones, según testigos que se encuentran en el lugar. Así lo reseñó Transparencia Venezuela.
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Los nombres de las víctimas, así como el número exacto de heridos, aún no han sido confirmados por las autoridades. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que hay más muertos.
Testigos que prefirieron no ser identificados aseguran que el tiroteo fue provocado por una de las bandas criminales que están enquistadas en las minas del estado Bolívar y que buscaba hacerse con el control de los yacimientos de oro del lugar y someter a los mineros indígenas y no indígenas que allí se encuentran.
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Narraron que cuando los integrantes de la banda iniciaron el tiroteo inició una estampida en el lugar y algunos de los heridos, con disparos en distintas partes del cuerpo lograron ingresar a una iglesia que se encuentra cerca suplicando auxilio.
«Los del sindicato provocaron la masacre para quitarle el control al líder de otra banda, quién tiene el poder en una mina conocida como La Caraota», afirmó uno de los habitantes del lugar. Indicó que después del tiroteo los hombres armados irrumpieron en las casas amedrentando y sembrando más terror.
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Ikabarú es la segunda parroquia del municipio Gran Sabana, a 6,6 kilómetros de distancia de la frontera con Brasil. Es uno de los espacios con mayor atractivo turístico del país por sus grandes paisajes naturales y su rica biodiversidad. Sin embargo, el lugar también ha sido alcanzado por la fiebre del oro desatada a propósito del lanzamiento del denominado Arco Minero del Orinoco, anunciado por el mandatario Nicolás Maduro en 2016.
El auge del negocio de la explotación y comercialización del oro legal e ilegal ha exacerbado la presencia de grupos criminales, mal llamados sindicatos, que desde 2016 han perpetrado más de 40 masacres en las zonas mineras del estado Bolívar en la lucha por obtener el control de las minas, de acuerdo con cifras de Correo del Caroní. En la zona también han ocurrido enfrentamientos con integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla colombiana que ha invadido el territorio venezolano.
Los indígenas afectados por la minería voraz
Bolívar es el tercer estado con mayor población indígena, luego de Zulia y Amazonas. Según el Censo Nacional de 2011, esta región agrupa el 7,5% de los pueblos originarios, en las etnias Pemón, Yekuana, Sanema, Panare, Hotis, Mapoyo y Jivi. Están desplegados en 240.529 kilómetros cuadrados.
La ubicación de muchos de sus asentamientos cercanos a las minas los ha relacionado directamente con la violencia y el sistema extractivo, con violaciones de DDHH, como asesinatos, semiesclavitud, violencia sexual, enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla, contaminación de sus ambientes y hasta la pérdida de sus saberes ancestrales.
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Esta situación de persecución fue denunciada por la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela, Amnistía Internacional, Provea y otras ONG. En el informe de la AN se exige al Ministro de Defensa retirar toda la fuerza de persecución y amedrentamiento contra la etnia pemón, sea la GNB, las FAES, La Dgcim o las fuerzas irregulares del Estado que ejercen actos de terrorismo contra las poblaciones indígenas.
Igualmente se elevaron las denuncias ante la CIDH, la alta comisionada de Derechos humanos de la ONU, entre otros. Pero, los hechos demuestran que el pueblo pemón se encuentra en riesgo por el avance del Arco Minero del Orinoco dentro de su territorio y la violencia que este arrastra (el oro de sangre).
