El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que es muy fácil que entren recursos ilícitos y después se inyecten a la economía formal. Así lo informó Octavio Máynez, experto en tecnologías de la información dedicadas a prevenir el blanqueo de capital, para Aristegui Noticias.
El arte del lavado de dinero
El también director ejecutivo de una empresa dedicada a organizar información financiera para cumplir con lo establecido en la llamada ley antilavado, indicó que el sector de la construcción es «una de las actividades vulnerables (al lavado de dinero), donde es más riesgoso que entre dinero mal habido, dinero del narcotráfico, a ese tipo de operaciones».
Recordó que cuando entró en vigor la ley contra el lavado de dinero hace seis años se identificaron las actividades que eran más susceptibles a esta práctica, «y una de ellas a nivel mundial siempre ha sido el tema de la construcción (segmento inmobiliario), al que es muy fácil que se vaya inyectando dinero y se vaya metiendo a la economía formal».
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En una entrevista con Notimex, señaló que el sector de la construcción es uno de los primeros objetivos de las nuevas tecnologías que identifican el incumplimiento de dicha legislación.
Apuntó que la ley tiene su origen en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), instancia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que regula las acciones que impulsa cada país miembro en el tema de lavado de dinero.
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De acuerdo al International Narcotics Control Strategy Report 2019, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el segmento inmobiliario de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para lavar dinero.
A su vez, la ONU reportó que en México se blanquean entre 25 mil millones y 62 mil millones de dólares al año, con un promedio estimado de 50 mil millones, lo que coloca al país en el tercer lugar en este delito después de China y Rusia.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) estimó que en los últimos siete años México exportó más de 514 mil millones de dólares de procedencia ilícita.
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Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que en lo que va de esta administración se han presentado 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales, relacionadas con corrupción, «huachicoleo» (robo de gasolina) y trata de personas, que representan casi 50 mil millones de pesos.
La delincuencia organizada utiliza varias técnicas para el blanqueo de capitales, como el uso de testaferros para la compra de propiedades o la contratación de hipotecas, la compra-venta de propiedades con valores alterados, es decir por encima de su precio de mercado al comprar y por debajo de éste al vender, así como el uso de fondos ilícitos para construir o remodelar con fines de venta o alquiler.
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Ante esto, Octavio Máynez consideró importante que las empresas refuercen sus operaciones desde las áreas de compliance, que son las encargadas de los procedimientos y buenas prácticas para la identificación y prevención de riesgos.
De esta manera, las empresas del sector inmobiliario pueden blindarse contra posibles quebrantos por incumplimiento de la ley, que a la vez generan multas, lo que ha provocado una afectación negativa de 5.5% en la edificación con fines de vivienda, industria, comercio y servicio, escuelas y hospitales, durante la primera mitad del año.
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El especialista agregó que, históricamente, las empresas de la construcción «no usan mucho la tecnología, y tienen muchos procesos manuales, y se les dificulta a veces tener sistemas que los apoyen en este sentido».
En este contexto, indicó que de 2013 a la fecha apenas 50% de los sujetos obligados cumple con la ley antilavado, y de ese total 40% lo hace mediante un software; el otro 60% todavía lo hace de manera manual, lo que implica un mayor factor de riesgo de incumplimiento.
