La Fiscalía ha apoyado este jueves en la Audiencia Nacional la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera venezolana PDVSA y que ha denunciado ser objeto de una persecución política. Así lo reseñó EFE.
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Después del polémico proceso de extradición a EEUU del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, que se encuentra en paradero desconocido y que también vio un trasfondo político en la petición estadounidense, la sección segunda de la Audiencia ha celebrado este jueves la vista para decidir sobre la entrega de Alvarado Ochoa.
Según el acta de arresto, el exviceministro presidió Bariven, la filial de compras de PDVSA, y en 2011 «se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel» de la corporación para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos con sede en EEUU.
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Alvarado Ochoa, que tras ser cesado en Bariven en 2013 se trasladó a España, cuenta con la nacionalidad española desde 2017, pero la Fiscalía ha denunciado que la obtuvo de forma «fraudulenta para intentar eludir la acción de la justicia» de su país, ya que España no extradita a sus nacionales a Venezuela.
La fiscal ha manifestado su «sorpresa» por la celeridad con la que se tramitó su solicitud. «Tuvo francamente mucha suerte», ha ironizado.
El exviceministro aprovechó su nueva nacionalidad para invertir el orden de sus apellidos, otro intento, según la fiscal, de entorpecer las investigaciones, aunque él sostuvo que fue un «regalo» en honor a su «mamá» que tiene 93 años.
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Alvarado Ochoa esta siendo también investigado en España junto a otros directivos de PDVSA, causa por la que ha estado cuatro meses en prisión provisional, y ha asegurado que no se enteró del proceso abierto en EEUU hasta que el pasado mayo fue detenido por orden estadounidense.
Según su relato, desde 2010 ha mantenido contactos con un alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU y en marzo éste le invitó a una reunión en la Embajada estadounidense en Berlín. Se negó y poco después se ordenó su detención.
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«Quieren mi información, quieren mis expedientes«, ha señalado Alvarado Ochoa, cuyo abogado ha insistido en que EEUU lo requiere «no por cuestiones penales, sino por información, pura y simplemente».
Pero la fiscal ha disentido «absolutamente» de que se le persiga por un delito político, sino simplemente por un «delito común»: sobornos, organización criminal y blanqueo.
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Argumentó además, que la causa en los tribunales españoles se centra en el blanqueo de los presuntos sobornos obtenidos por un entramado societario radicado en Texas entre 2011 y 2013.
La investigación se inició antes en EEUU y aquel país está «mejor posicionado» para enjuiciar los hechos, sin perjuicio de que la entrega pueda ser temporal o aplazarse hasta que se diriman sus responsabilidades en España, añadió la fiscal.
