La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el jueves la vista de extradición del exviceministro de Desarrollo Energético de Venezuela Javier Alvarado Ochoa a Estados Unidos, que le reclama por una veintena de delitos de corrupción que habría cometido desde su puesto como presidente de Bariven, filial de PDVSA. Así lo informó Europa Press.
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Alvarado Ochoa, que está ya investigado en la Audiencia Nacional en relación a sobornos de la empresa de ingeniería Duro Felguera, fue detenido el pasado mes de mayo en Madrid y enviado a prisión provisional por el Juzgado Central de Instrucción número 4 a instancias de un tribunal de Texas, donde el pasado 24 de abril se presentó acusación formal contra él por diversos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo.
Las propias autoridades estadounidenses pedían a España que le recluyese en prisión en tanto resolviese la entrega ante «un riesgo importante de fuga» ya que «tiene medios sustanciales y recursos para huir si así lo deseara», como una «extensa red de contactos extranjeros» en países como Venezuela, Portugal, Suiza y Andorra, según el escrito de reclamación al que tuvo acceso EP.
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Además de alto cargo público, Alvarado fue presidente de la empresa Bariven, una filial propiedad de PDVSA y según la acusación formulada por Estados Unidos, en 2011 «se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel actuales y anteriores» de la petrolera y sus subsidiarias que solicitaron a varios proveedores, incluidos algunos con sede en EEUU, «sobornos y coimas a cambio de brindarles asistencia en sus negocios» con Petróleos de Venezuela.
Se trata de la misma red por la que fueron declarados culpables en Estados Unidos Roberto Rincón y Abraham Shiera en relación al pago de sobornos y por la que aquel país solicitó, aunque sin éxito, la extradición del exministro venezolano de Energía Nervis Villalobos, a quien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió no extraditar para evitar dilaciones en otra causa que se instruye contra él en España.
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Todos ellos serían intermediarios y proveedores tras los que estaría Alvarado, según la acusación estadounidense, que transcribe a modo de ejemplo algunas conversaciones para dejar ver que él «revisaba y aprobaba» distintas operaciones de movimientos de fondos que tendrían como destino el pago de los sobornos previstos.
Después, «blanquearon las ganancias del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras complejas», siempre según la acusación. Sostiene que «Alvarado y sus cómplices solicitaron asistencia para abrir cuentas bancarias de banqueros suizos y portugueses para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final».
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«Los pagos de los sobornos se enviaron a varios destinatarios distintos de los directivos de PDVSA previstos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales cercanos de los directivos de PDVSA así como a empresa controladas por Alvarado con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, la fuente y propiedad de los pagos», dice el escrito de la orden internacional de detención. En total, constan movimientos por cerca de cinco millones de dólares.
