La muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, puso en boca de la opinión pública las torturas que sufren los detenidos por razones políticas en Venezuela, aunque no son los únicos. El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) evidenció que durante los primeros nueve meses del año, 21 personas han muerto en todo el país bajo torturas. Así lo reseñó Tal Cual Digital.
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19 de las muertes registradas se produjeron en centros de detención preventivos bajo el control de la PNB, Cicpc y policías regionales. Una de las muertes es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix en Barquisimeto, estado Lara, y en el caso del capitán Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dgcim.
De acuerdo a las investigaciones y denuncias de Provea, de enero a septiembre de 2019 se han registrado 34 casos de tortura en el país, que reúnen a 554 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos. «El registro más alto que han documentado en 31 años de monitoreo a la situación de los derechos humanos en el territorio nacional».
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«Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un subregistro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas«, alerta Provea.
En cuanto a los responsables, el Cicpc encabeza nuevamente la lista de los organismos de seguridad con mayores denuncias de torturas (258 personas), seguido de la Dgcim que involucra 124 víctimas.
