Samsung Heavy Industries Company Limited, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval, plataformas en alta mar y otros servicios de construcción e ingeniería, acordó pagar multas de más de 75 millones de dólares tras violaciones de la Ley FCPA derivadas de un plan para pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil.
EE UU sanciona a Petrobras con 1.790 millones de dólares por engañar a inversores
«Samsung Heavy Industries pagó millones de dólares a un intermediario brasileño, sabiendo que parte de ese dinero se usaría para sobornar a ejecutivos de alto nivel en Petrobras y obtener un lucrativo contrato de construcción naval», dijo el fiscal del Departamento de Justicia.
«Las políticas y procedimientos corporativos efectivos son necesarios para garantizar que las corporaciones no participen en sobornos extranjeros. Continuaremos responsabilizando a las corporaciones».
Declaran culpables a ejecutivos petroleros por pagos de sobornos a funcionarios extranjeros
«La FCPA alienta a las empresas estadounidenses a competir de manera justa en un mercado abierto y global», señaló un agente especial del FBI. «Las violaciones de la FCPA perjudican la integridad de nuestro sistema económico libre…»
Según las admisiones de Samsung Heavy Industries, a partir de 2007 y hasta 2013, la compañía conspiró con otros para violar la FCPA al proporcionar corruptamente aproximadamente 20 millones de dólares en pagos de comisiones a un intermediario brasileño, sabiendo que porciones del dinero se pagarían como sobornos a los funcionarios de Petrobras.
EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA
Al llegar a una resolución con el Departamento, Samsung Heavy Industries recibió crédito por su cooperación con la investigación y por tomar medidas correctivas. Por ejemplo, la compañía realizó mejoras significativas en su programa de cumplimiento, incluida la contratación de personal de cumplimiento adicional, la implementación de políticas anticorrupción mejoradas y un mayor control de la debida diligencia sobre los proveedores de terceros, instituyendo capacitación anticorrupción obligatoria y mejorando las políticas y procedimientos de denuncias.
