Ni las reses se salvan de la violencia. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera. Así lo reseña un reportaje de Ahiana Figueroa para Armando.Info.
El negocio familiar de contrabando de reses desde Venezuela
Cuando hay luna llena, los ganaderos y productores de Jají desconfían. En las madrugadas, los cuatreros se meten a sus fincas y les hacen algo a las vacas para evitar que se escuche su lamento cuando las secuestran y las obligan a marchar los cinco kilómetros hasta la carretera principal donde las carnean, aún vivas. Ni mugen.
«No solo se llevan la mejor carne de la res, sino que hasta les sacan los ojos para venderlos en los mercados municipales para hacer bebidas que aumentan la virilidad de los hombres», cuenta el ganadero y profesor universitario jubilado, Ciro Dávila Calderón, con un tono resignado y alzando los hombros.
Dávila, de tez trigueña y abundantes canas, es lo que llaman un «caballero del campo». Se le nota la educación, aunque vista de camisa y bluejean y lleve las botas con salpicaduras de barro y bosta. Le gusta estar todo el día en su finca, La Moncloa, que cuenta con muy buenas instalaciones. Su atención se divide entre las reses y los niños descalzos de los trabajadores, que juegan a su alrededor. Sus propios hijos, ya adultos, viven fuera del país y se comunica con ellos a través de un iPad, donde también guarda las fotos de sus vacas muertas.
El crimen organizado es un motor para el deterioro ambiental
«Da dolor ver esas reses tiradas allí. Ya tenemos varios cementerios de animales. Cuando están recién sacrificados, los perros y los zamuros se van comiendo el resto de la carne y las vísceras. Ya algunos restos no se ven, el pasto los ha tapado», relata Dávila mientras se acomoda sus lentes para revisar mejor el archivo fotográfico en el iPad.
En su finca han descuartizado más reses que en todas las demás haciendas de Jají, un lugar de clima templado en el estado Mérida, en los Andes venezolanos. En la región abundan pastizales que se caracterizan por tener hojas de color verde claro, largas y angostas, muy ricas en proteínas e idóneas para la alimentación de los animales. En el último año y medio, a Dávila le han robado y matado 33 animales, entre vacas, toros y unos caballos que le había regalado a sus hijos.
«No he tenido ingresos suficientes y ya he perdido 60 reses, entre las muertes naturales y las que matan, algunas se enferman y mueren por falta de vacunas», dice Dávila, sacando las cuentas de sus pérdidas, que son también las de una nación en crisis.
Bandas criminales cobran “vacuna” de 3 a 5 mil dólares a los productores agropecuarios
Mérida es solo uno de los 17 estados ganaderos y lecheros del país. El aporte más importante de las fincas de esta región -especialmente en Jají- es el estudio genético que han realizado durante 30 años para obtener animales que produzcan un alimento de mayor calidad. En los últimos cuatro años, sin embargo, su producción lechera ha caído 70 por ciento.
El sector agropecuario languidece tras una serie de problemas y contracciones económicas por distintos males. Entre ellos: 16 años de controles de precios determinados por el Gobierno; la importación a manos llenas de un poco más de 103.000 cabezas de ganado, especialmente desde Brasil entre 2007 y 2013, mientras hubo divisas a tasas preferenciales; las regulaciones extremas y el efecto de las intervenciones de fincas productivas amparadas por la Ley de Tierras entre el 2007 y 2012, propuesta por el entonces presidente Hugo Chávez.
A ese difícil panorama se han sumado las invasiones, los robos y el descuartizamiento de animales. Nada más en Jají, en el último año, en unos quince predios agremiados, han descuartizado 50 reses. Si se suman al resto de las 150 unidades de producción de la zona, que comprende tres municipios, el número asciende a 100.
El hambre en Venezuela: Políticas erradas, expropiaciones y corrupción
No es un caso aislado. El fenómeno se ha presentando en otras regiones. En Mérida el descuartizamiento de reses apareció hace tres años, pero antes del 2017 ya se habían reportado varias denuncias de este tipo en otros estados de Venezuela.
Es difícil tener una cifra total de estos casos de descenso a la más primitiva depredación. Muchos de ellos no son reportados a las autoridades. Pero Armando.Info ha podido documentar, con información del gremio ganadero, datos que circulan en redes sociales, medios, y con las pocas cifras oficiales que hay al respecto, que desde enero hasta julio del año en curso han descuartizado a un total de 454 animales. De este número, mataron de manera violenta a 407 vacas en diferentes fincas del país, 18 búfalos y 29 toros.
Por cada res que matan se dejan de producir 25 litros de leche diarios, en el caso del ganado de propósito lechero, refiere la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga). En promedio, una res que va a matadero da entre 150 y 220 kilos de carne.
70% de población en Venezuela presenta desnutrición
Este derroche de los descuartizamientos está sucediendo en un país en el que la desnutrición afecta a entre 20% y 30% de la población, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales locales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) afirma que unos 6,8 millones de venezolanos pasan hambre.
¿Quiénes son los responsables? Varios testimonios sugieren que el robo o abigeato tradicional de los cuatreros solía ser de poco volumen para una transacción comercial rápida, para resolver un problema puntual o para consumo por parte del mismo bandolero. Pero ahora se transforma. Otros actores participan, entre ellos funcionarios de instituciones estatales, miembros de la etnia indígena yukpa y también personas que pertenecen a estructuras criminales más sofisticadas.
